Juez desestimará recurso del Ejecutivo y continuará hoy interrogatorios a militares

El juez Alejandro Recarey, suplente del juez penal de 1er. Turno Eduardo Cavalli, continúa en esta jornada con los interrogatorios relativos a la desaparición de Elena Quinteros, con lo que busca delimitar el área del Batallón 13 donde pueden estar enterrados los restos de la maestra desaparecida en 1976. Bajo apercibimiento de detención y conducción fueron citados para hoy tres militares, quienes no concurrieron a declarar.

Recarey, bajo apercibimiento de detención y conducción citó para esta jornada al personal de tropa Julio Casco, Ernesto Soca y Zenia García. También hoy están citados el médico militar Roberto Scarabino y el ex director del servicio sanitario de las Fuerzas Armadas Mario Genta.

Mañana será el turno del capitán de navío retirado Jorge Trócoli, quien escribió un libro en el que confesó haber participado en violaciones a los derechos humanos durante la pasada dictadura. Como adelantó LA REPUBLICA, la próxima semana serán citados a declarar los coroneles retirados Carlos «Pajarito» Silveira y Manuel Cordero.

Ayer no llegó al juzgado de Recarey el recurso que el Poder Ejecutivo anunció presentaría (ver nota aparte) para suspender las citaciones. En caso de ser presentado el magistrado se inclinaría por rechazarlo, puesto que el Poder Ejecutivo no es parte en este expediente.

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se reunieron ayer en la tarde, ratificaron un comunicado emitido por la División de Comunicación Institucional de la propia Corte y decidieron no hacer declaraciones sobre la situación planteada. Según altas fuentes de la Corporación Judicial consultadas por LA REPUBLICA, los ministros consideran que la SCJ «no debe pronunciarse sobre este tipo de cosas, porque sería inapropiado e invadiría la independencia de un juez, y la Corte es muy celosa de la independencia de los jueces».

El comunicado emitido por la SCJ el martes afirma que el expediente que el Poder Ejecutivo pide le sea enviado es la denuncia inicial que dio lugar a las investigaciones y, por encontrarse la causa en la etapa de sumario, ya no existen las mencionadas «diligencias presumariales» a que hace mención la Ley de Caducidad. Añade el comunicado que la investigación está orientada a circunscribir en tiempo y espacio, el lugar en que presuntamente estarían enterrados los restos de Elena Quinteros y que «el testimonio requerido a los militares es tan solo una parte de esos elementos que permiten llevar adelante la investigación, pues no debe olvidarse que se trata de un hecho ocurrido hace mucho tiempo, lo cual dificulta aún más la labor que viene desarrollando la Justicia». *