FA define si mantiene artículo que habilita reasignar recursos a inversiones en lugar de salarios docentes

La bancada oficialista analiza el futuro del artículo 619 que generó polémica en el marco del conflicto entre los sindicatos de la enseñanza y el gobierno.

Luego de levantar el decreto de la esencialidad de la educación, el Poder Ejecutivo dispuso en el referido artículo del Presupuesto que en caso de que los sindicatos no lleguen a un acuerdo, las partidas ofrecidas serán reasignadas a inversiones para el sistema educativo, sin contemplar el aspecto salarial.

Ello también generó malestar en los sindicatos, a tal punto que algunos sectores del Frente Amplio analizan la posibilidad de quitar o modificar la redacción de dicho artículo.

El Movimiento de Participación Popular, el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Partido por la Victoria del Pueblo son partidarios de modificar el artículo.

Mientras que el Frente Líber Seregni (Asamblea Uruguay, Nuevo Espacio y Alianza Progresista) respaldan la propuesta del gobierno.

Según manejó El País, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, expresó en una reunión con parlamentarios que si se modifica dicho artículo, “el rol del Ministerio en la negociación colectiva pasa a ser inútil”. Por tal motivo, habría expresado su disposición a abandonar el cargo.

El Poder Ejecutivo prevé un aumento hasta 25 mil pesos para los trabajadores del sector, incremento que está comprometido en el artículo 619.

Acceso a medicamentos

Por otro lado, la bancada de legisladores del gobierno modificó el artículo del Presupuesto que regula el acceso a medicamentos de alto costo. El artículo 425 del Presupuesto limita la responsabilidad del Estado en el suministro de medicamentos de alto costo.

En su redacción original se impedía a los usuarios realizar recursos de amparo para que el Estado financiara fármacos que no estaban incluidos en el Formulario Terapéutico de Medicamentos.

Al modificarse dicho artículo no se impide el recurso de amparo y aclara que los programas, tratamientos y medicamentos aprobados por el Ministerio de Salud Pública (MSP) son los que los prestadores públicos y privados del Sistema Nacional Integrado de Salud deben estar obligados a suministrar a toda la población, según indicó El Observador.

Los artículos habían sido cuestionados por el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), el Consejo de Facultad de Derecho y el Colegio de Abogado del Uruguay.

El senador del Partido Nacional Luis Lacalle Pou (Todos) había solicitado al presidente de la República, Tabaré Vázquez, que adoptara medidas para mejorar el acceso a medicamentos oncológicos de alto costo y de ese modo evitar la “desigualdad”.