Diputado pedirá al ministro Stirling la suspensión de desalojo en Artigas

El diputado herrerista Julio Silveira solicitará este viernes al ministro del Interior Guillermo Stirling la suspensión del desalojo de una familia de un predio ocupado desde el año 1975 previsto para el martes próximo.

El legislador aseguró que el secretario de Estado tiene facultades para lograr un nuevo aplazamiento de la medida judicial.

El viernes pasado, el juez había postergado el hecho, que ha generado una verdadera conmoción pública en el departamento fronterizo, que es consecuencia de un litigio de larga data entre particulares. Empero, el diputado señaló que el Estado estuvo «omiso» en la aplicación de una norma de 1925 que reglamenta la cesión en usufructo de tierras.

Silveira presentó el lunes en el Parlamento un proyecto de ley que encomienda a la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Vivienda el relevamiento de los padrones comprendidos y la suspensión de las acciones judiciales hasta que se regularice la situación.

En su exposición de motivos, Silveira señaló que el propio Estado «ha sido omiso» en la implementación de una ley (la 7913, de octubre de 1925) que buscó reglamentar la cesión en usufructo de los campos que posee en la zona conocida como Paraje Guayubirá y que dicha norma «procuró regularizar una situación de hecho». Sin embargo, según el legislador, el Estado incumplió con esta obligación y desde entonces «la ocupación en forma pública, tranquila y pacífica, fue el denominador común, que determinó el uso de los mencionados padrones». Silveira señaló que la «ruptura» de este modo de tenencia «se produce en 1975, cuando la dictadura interrumpe abruptamente esa situación, introduciendo un elemento que vino a tener su desenlace en nuestros días: parte de estas tierras les son arrebatadas a sus tenedores (legalmente comprendidos en la norma de referencia), y entregadas a otros vecinos, que las han trabajado y mejorado, pero hoy, en pleno goce de sus derechos, los antiguos tenedores hacen valer los mismos, produciéndose situaciones angustiosas, injustas y de alarma social».

El legislador explicó que el proyecto de ley «no pretende decidir quién tiene mejor derecho sobre las tierras en cuestión», situación, agregó, que deberá dilucidar el Poder Judicial. Sin embargo, advirtió, «tampoco podemos desconocer que a vecinos de nuestro departamento les fueron cedidas tierras comprendidas en dicha norma, por quienes en su momento detentaban la representación del Estado».

«Resultaría de estricta justicia que el mismo reconociera la situación resarciendo a quienes sorprendidos en su buena fe y deseosos de trabajar, resultan hoy perjudicados», sostuvo. En virtud de la «situación de alarma social invocada» el legislador solicitó se reglamente e instrumente la aplicación de la ley mediante el relevamiento de los padrones y ocupantes de los predios en cuestión y, al mismo tiempo, se suspendan las acciones judiciales en curso.