La coalición de gobierno no atenderá sugerencias de la SCJ

Los integrantes de la Suprema Corte señalaron que la imposición mínima de dos años de penitenciaría a los intentos de rapiña, les quita a los jueces la posibilidad de analizar el entorno en que se concreta el delito y adoptar una posición flexible en los casos primarios.

Los ministros de la Corte señalaron que esa disposición no sólo provoca un aumento del número de reclusos por año, sino que impide a los jueces contemplar situaciones particulares, como por ejemplo el del llamado «ladrón de gallinas», quien por especiales circunstancias ingresa a una casa para robar.

Por otro lado, los ministros cuestionaron la disposición que sólo aumenta las penas de los actos preparatorios de delitos contra la propiedad, en algunos casos con sanciones superiores a que si se cometiera el delito. Subrayaron que se trata de un problema de concepción política, y que si se entiende por parte de los legisladores que los actos preparatorios deben ser más castigados que el delito en sí, entonces se deberían aumentar las penas para todos los actos preparatorios y no sólo para los dos delitos que contempla la Ley de Urgencia.

Por otra parte, el ministro Milton Cairoli señaló que el aumento de las penas no implica una disminución de los delitos. Sostuvo que el aumento del número de delitos ha sido insignificante, pero que si se presenta un agravamiento de la violencia con las que se comenten. Recordó que a partir de la ley de seguridad ciudadana, aprobada en 1996, que definió el delito de copamiento y aumentó las penas (entonces ese delito era contemplado por otras figuras del Código Penal), el número de copamientos ha ido en aumento. Cairoli destacó que el delincuente no mide el aumento de la pena para infringir la ley.

Presunción de justificación

Por otra parte, los ministros consideraron redundante el artículo 77 de la Ley de Urgencia que establece la presunción de justificación para cualquier acción cometida por un militar, cumpliendo tareas encomendadas por el Ejecutivo sobre seguridad pública. Este artículo busca resolver el caso de competencias entre la Justicia Militar y Civil para el caso del militar que cumpliendo tareas de vigilancia perimetral en el Comcar, mató a un recluso que intentaba fugarse.

Los ministros señalaron que ese caso ya está previsto en la ley, pero alertaron que la presunción de justificación, impide al juez investigar si en casos similares, realmente se estaba cumpliendo con la tarea de detener a un prófugo. Pusieron el ejemplo de que el recluso que intenta fugarse y se entrega, puede ser igualmente baleado, pero debido a una enemistad previa con ese custodia. Con la presunción de justificación, advirtieron, se le impide al juez investigar si existió alguna otra causal.

El ministro Raúl Alonso de Marco destacó que la extensión de las penas provocará un aumento de la población carcelaria, y que para ello habría que adecuar la situación en las cárceles para que se cumpla el mandato constitucional de rehabilitación. Hizo hincapié en «la necesidad de que las cárceles mejoren su situación, para que de algún modo se cumpla con lo que la Constitución establece en cuanto a la eficacia que debe tener la labor carcelaria, y que se va a ver cada vez más impedida por un aumento realmente imprevisible de los recluidos».

Sin embargo, según la opinión de los legisladores de la coalición de gobierno, la opinión de los ministros de la Suprema Corte no será tenida en cuenta en esta ocasión, y se seguirá adelante con el articulado, tal como quedó establecido en el Senado.