Brovetto: "La Universidad reparó los daños causados"

Mediante una extensa carta que Brovetto entregó ayer en mano propia al ex presidente del Frente Amplio Líber Seregni, respondió al ex dirigente político sobre sus afirmaciones respecto al «perdón» por las responsabilidades que instituciones y personas tuvieron en la violación de los derechos humanos en el gobierno militar.

El siguiente es el texto completo de la misiva que el ex rector de la Universidad entregó a Seregni.

 

Montevideo, 31 de mayo de 2000

Señor General don Líber Seregni

Presente

Estimado amigo

En honor al profundo afecto, la estima y el respeto que siento por Ud., por su trayectoria y por su historia personal, afecto y estima que Ud. sin duda conoce, es que me siento en la ineludible obligación moral de hacer llegar a Ud. y a la opinión pública, esta nota con algunas reflexiones, comentarios e informaciones relacionadas con sus recientes declaraciones a diversos medios de prensa escrita y televisiva a los cuales he tenido acceso directo.

No es mi intención comentar el conjunto de sus declaraciones o sus apreciaciones sobre un tema de indudable sensibilidad para toda nuestra gente, y que tienen el incuestionable valor de quien las expresara, aunque cada uno de nosotros pueda coincidir o discrepar con ellas. Me referiré sí a su mención a la Universidad de la República, como una de las instituciones del Estado a la cual sería un error, o a la cual no correspondería, solicitarle que pidiese perdón «por alguna cosa que haya hecho mal».

Me apresuro a señalarle que estimo haber entendido cabalmente el sentido de su referencia y que la misma no aludía, ni siquiera rozaba directa o indirectamente la trayectoria o la honorabilidad de la Universidad, y que solamente fue mencionada para reforzar su planteo respecto de lo absurdo que representaría solicitar, a una institución de semejante prestigio nacional e internacional, que pidiese perdón por eventuales errores cometidos por las personas que ocasionalmente hubiesen ocupado cargos de responsabilidad en su conducción.

Creo, en cambio, oportuno y pertinente relatarle algunos hechos y resoluciones históricas con relación a la manera cómo la Universidad pública uruguaya actuó y qué medidas políticas adoptó, en el difícil período de reconstrucción democrática que se iniciara en el país y en la propia institución a partir de 1985.

La Universidad no escapó, como fue obvio, al encarnizamiento con que la dictadura atacó a todas las instituciones libres del país, más aún, fue una de las que más sufrió con las persecuciones, las injusticias y las arbitrariedades.

Fueron años muy oscuros en los cuales la intervención, expresión y brazo ejecutor de la dictadura en la Universidad, destruyó, creó el caos y entronizó la mediocridad en los cargos de gobierno. Fueron muchas, muchísimas las injusticias, los abusos y las infamias cometidas contra docentes, funcionarios, estudiantes y profesionales que vieron tronchadas sus carreras y sus legítimas aspiraciones, cuando no sus vidas. Fueron muchos, muchísimos los que debieron abandonar sus actividades lícitas, alejarse de su familia y sus amigos y buscar refugio en otras tierras extrañas aunque fraternas. Por supuesto que Ud. conoce todo esto, lo sufrió como el que más.

Hacía mucho tiempo que no recordaba estos lamentables hechos del pasado, hoy los traigo a la memoria con el único propósito de relatar y analizar, a propósito de sus declaraciones, la forma cómo encaró la Universidad democrática ese pasado oprobioso y cómo asumió la responsabilidad de hacer justicia y reparar las arbitrariedades, dentro del marco legal de sus atribuciones y los principios éticos que la inspiran.

El gobierno universitario electo por los docentes, profesionales y estudiantes, que fuera legitimado en 1985 por una de las primerísimas resoluciones adoptadas por el gobierno nacional, se abocó, desde el primer momento, a la ejecución de una política de reconstrucción institucional orientada a la atención de dos objetivos fundamentales: la restauración de las funciones de docencia, investigación y extensión, y la revisión de todas las situaciones ilegales, irregulares o injustas cometidas por la intervención, con el propósito de repararlas y de adoptar todas las medidas de justicia que estuviesen a su alcance.

No es motivo de esta nota analizar lo que pasó con la reconstrucción de las funciones sustantivas de la institución, sino que centraré la atención en los resultados alcanzados como consecuencia de la revisión de las acciones cometidas por la intervención.

Gracias a la política de reparación y justicia adoptadas, fue posible restituir a docentes y funcionarios injustamente destituidos; recomponer carreras arbitrariamente truncadas o postergadas; apoyar el retorno al país de quienes habían debido emigar huyendo de las persecuciones; reabrir las puertas de la Universidad a jóvenes discriminados por sus ideas o sus antecedentes políticos; fue posible destituir a quienes no habían cumplido con los deberes de sus cargos o habían cometido actos reñidos con los principios éticos que nuestra sociedad le ha impuesto como norma a nuestra Universidad; fue posible, finalmente, llevar ante la Justicia todos aquellos casos que así correspondiera, entre otras medidas orientadas por similares propósitos: hacer justicia dentro de la Universidad.

Toda esta tarea se realizó, y las resoluciones se adoptaron, con las mayores garantías que ofrece el gobierno democrático universitario y, como es obvio, dentro de las disposiciones constitucionales y legales pertinentes. Por otra parte, todos estos actos de reparación y justicia realizados por la Universidad, quedaron debidamente sometidos al sistema jurídico del país, tanto en la esfera de acción del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, como de la Justicia ordinaria. Además, en los contados casos de sentencias adversas, la Universidad cumplió cabalmente, como no podía ser de otra manera, con sus responsabilidades.

Por estas razones, porque la Universidad de la República reparó, en la medida de sus posibilidades, los daños causados y las injusticias cometidas, y porque todos sus actos quedaron sometidos al sistema jurídico, es que la institución no tiene la obligación moral de pedir perdón por las deshonrosas acciones cometidas por la intervención, en su nombre, durante el período de la dictadura. Es por estas razones y no por otras, que la Universidad, o más precisamente las autoridades universitarias, no se han visto enfrentadas a tener que realizar el acto de grandeza de solicitar indulgencia a la nación, en nombre de la institución, de su memoria y de su compromiso histórico y legal plasmado en su Ley Orgánica, es decir, la defensa de «los valores morales y los principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma democrático-republicana de gobierno».

No puedo imaginar otra realidad que la relatada, pero tenga la seguridad, estimado amigo, que de no haber sido así, si la Universidad no hubiese podido llevar a la práctica su política de justicia y reparación, yo, en mi calidad de rector, en nombre de la mejor historia de la institución, y a pesar de no haber participado de los actos de injusticia realizados por la intervención, habría sido el primero en pedir perdón, por el oprobio cometido en su nombre.

Estoy profundamente convencido de que la Universidad pudo ingresar rápidamente en un clima de paz interna, gracias a esa política adoptada que restañó o pretendió restañar, hasta las más profundas heridas y creó «un estado del alma» o «una conciencia colectiva» institucional e individual, propicios para l
a reconstrucción, entre todos, de la más alta casa de estudios del país.

Cuando digo todos me refiero a los que estaban en la Universidad intervenida y no tenían responsabilidad sobre los desvíos cometidos, que era la inmensa mayoría; los que habían ingresado limpiamente durante ese período, en legítima búsqueda de un puesto de trabajo; los que habían perdido injustamente sus cargos y retornaban a la institución. Todos ellos juntos reconstruyeron la institución.

He sentido la necesidad de relatarle y comentarle todo lo anterior, no por mi condición de ex rector y ex vicerrector de la Universidad de la República durante más de una década, sino porque fui protagonista directo de la ejecución de esas políticas. El destino quiso que me tocara jugar un papel singular en todo el período de transición, restauración y transformación de la Universidad, período que comenzara aún antes del retorno a la democracia y se extendiera luego de recuperarla. Por nuestras manos pasaron decenas, centenares (quizás más) de casos distintos, complejos, que involucraban personas. Todos ellos fueron detenidamente analizados y elevados a los órganos legales del gobierno universitario para su consideración. En todos los casos defendimos el imperio de la justicia y del más absoluto respeto por los derechos de cada persona, de cada caso individual. El gobierno legítimo de la Universidad siguió estrictamente ese mismo camino. Sin duda fue por ello que la Universidad pudo continuar su tarea en paz consigo misma y con toda la sociedad.

Deseo que esta nota sea un aporte positivo en la búsqueda de los mejores caminos para lograr una convivencia plena entre todos los uruguayos; búsqueda en la que ambos estamos empeñados. Le reitero mi más profundo afecto y mi deseo de que continúe, con toda esa fuerza que tiene, en la lucha por la confrontación de las ideas, aunque, como en esta ocasión, discrepemos, en la medida en que yo considero que las instituciones no están exentas de la obligación moral de pedir perdón cuando así corresponda.

 

Afectuosamente,

Jorge Brovetto