Plenaria reclamó aclarar muertes del Filtro

Como cada año, miles de manifestantes recorrieron el trayecto entre el Obelisco hasta una improvisada tribuna ubicada frente al centro hospitalario hoy denominado Enrique Claveaux. Allí, sobre la caja de un viejo camión, fue leída una proclama e hicieron uso de la palabra un funcionario de Salud Pública, el dirigente del gremio del taxímetro Gustavo López y una representante del Liceo Nº 10.

Norma Morroni, madre del joven muerto aquel día, cerró el acto, que contó con la adhesión de distintas organizaciones de derechos humanos, radios comunitarias, periódicos barriales, centros universitarios y grupos políticos afines a la izquierda denominada «radical», como la Corriente de Izquierda, o del Partido de los Trabajadores. El PIT-CNT resolvió no participar y convocó a un acto paralelo el domingo a las 11 de la mañana para recordar los incidentes, que contó con escasa difusión y raleada concurrencia. La decisión para realizar este acto, cuyo único orador fue el dirigente Luis Puig, fue adoptada el jueves pasado por la Mesa Representativa de la central sindical. Este hecho fue cuestionado por los integrantes de Plenaria Memoria y Justicia. La movilización recibió numerosas adhesiones, entre ellas, de la organización vasca Euzkalerría que reclamó el retorno al Uruguay del ciudadano Jesús Lariz Iriondo, expulsado de nuestro país y detenido en la Argentina.

El operativo de seguridad dispuesto por el Ministerio del Interior se ciñó al corte del tránsito sobre la avenida Bulevar Artigas. Los manifestantes  estimados en unos tres mil  recorrieron el trayecto en un par de horas. Durante el mismo, fueron coreadas numerosas consignas dirigidas contra las autoridades de la época, sobre todo, Angel María Gianola, entonces ministro del Interior y el Jefe de Policía de Montevideo Máximo Costa Rocha, así como los oficiales y policías que participaron en el operativo.

El dirigente del taxímetro Gustavo López reafirmó la necesidad de combatir la «impunidad» y advirtió que está en marcha en el país una «ofensiva represiva contra los sectores populares» impulsada por las «patronales y el gobierno, estigmatizando y criminalizando a los que luchan y pretenden acallar las voces de los que luchan con leyes, con palos y con balas». López reivindicó también el derecho de «soñar» un mundo «sin patrones, sin carneros y sin botones».

El representante de los funcionarios de Salud Pública calificó de «asesino» al ministro Conrado Bonilla y cuestionó que el gobierno haya decretado la esencialidad del servicio. «Somos terroristas porque no estamos dispuestos a seguir tolerando que cinco niños mueran de desnutrición, que una criatura muera asfixiada por parásitos, y el quinto ministro siga tan campante, el quinto ministro asesino, que hace omisión de asistencia cada día del año, que se acuerda, cuando un trabajador denuncia, cuando pone en tela de juicio una política homicida, que tiene que decretar servicio esencial», afirmó el funcionario. Agregó que «servicio esencial debería ser la salud de todos los uruguayos, todos los días del año y no cuando un trabajador pone en tela de juicio su conducta».

En la proclama, Plenaria Memoria y Justicia señaló que el «fascismo es una enfermedad contagiosa» y advirtió que «los represores del Filtro han ascendido de grado o disfrutan de sus jubilaciones». También sostuvo que en el caso de Lacalle «nos propone que lo votemos como presidente y es recibido como un importante concursante de la carrera electoral en locales de derecha y despachos de izquierda. Nadie parece querer recordarle que presidió el gobierno que amparó la masacre de Jacinto Vera. ¡Así funciona esta democracia!». También propuso la «eutanasia de la clase política» para terminar «con este contagio del conservadurismo y del fascismo» y llamó a «ocupar» y «a seguir escrachando y a seguir repudiando carneros y parándole a las patronales».

 

Los hechos

La refriega policial del 24 de agosto de 1994, se produjo durante el operativo de extradición de tres ciudadanos vascos, acusados por el gobierno español de pertenecer a la ETA, y dejó como saldo un muerto, decenas de heridos de bala y lesionados de diversa entidad, entre civiles y policías. Los organizadores también recuerdan a Roberto Facal, un hombre asesinado en las inmediaciones del Filtro.

La investigación judicial culminó tres años después, con el procesamiento del capitán de Coraceros Jacinto Omar Ojeda y del teniente 1º Miguel Rolán, por «comisión por omisión de reiterados delitos de lesiones personales en modalidad culposa». Ojeda comandaba el personal de tropa de a caballo, mientras que Rolán tenía bajo su mando a 15 coraceros de infantería.

El inspector mayor Héctor Darío Domínguez y el mayor Miguel Nery Moura, ambos del cuerpo de Granaderos, fueron procesados por «reiterados delitos de lesiones personales graves y gravísimas en calidad de comisión por omisión de modalidad culposa». Domínguez tenía a su cargo a 14 oficiales y 66 policías. Durante la investigación, tanto el juez penal de 5º Turno Jorge Imas como el fiscal Fernández Dovat dejaron constancia de la falta de colaboración de la Policía para identificar al autor del homicidio de Morroni, crimen nunca aclarado. *