Reacción del Poder Judicial ante intento de "desprestigio"

La Suprema Corte, la Asociación de Magistrados, la Asociación de Funcionarios Judiciales, la Asociación de Actuarios Judiciales y la Asociación de Defensores de Oficio emitieron un comunicado conjunto que señala el «drástico» aumento de los asuntos judiciales a los que se enfrentan, con menos presupuesto que el asignado y marca la actitud de los legisladores que no concurrieron a la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda de la Cámara de Diputados, cuando la Suprema Corte explicó «las acuciantes necesidades presupuestales de la institución». En esa audiencia de la comisión legislativa no estuvieron presentes diputados del Partido Colorado y del Partido Nacional. He aquí el texto del comunicado: «En el marco de la dura realidad que afecta a nuestro país, los magistrados, actuarios, defensores de oficio y funcionarios del Poder Judicial han venido enfrentando con abnegación el drástico aumento de los asuntos que se ventilan en los tribunales, a pesar de haber recibido, durante largo tiempo, cifras sensiblemente menores a los créditos presupuestarios asignados por los representantes nacionales, los cuales, de por sí, ya eran en verdad insuficientes. A ello se suma la actitud de aquellos legisladores que, integrando la comisión respectiva, no concurrieron al Parlamento Nacional a escuchar la exposición de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, quienes explicaron las acuciantes necesidades presupuestales de la institución. En efecto, no es ése el tratamiento deferente que debe regir las relaciones entre los distintos poderes del Estado. Es sobre estos puntos de real trascendencia que debería ubicarse el debate público, y no sobre temas de coyuntura como ha ocurrido hasta hoy. El normal funcionamiento de los servicios de Justicia constituye una garantía insustituible para todos los ciudadanos de la República, quienes deben saber que los fallos de los jueces se emiten siempre con arreglo a derecho y debidamente fundados. La revisión de estos fallos puede ser planteada por aquellos a quienes la norma les habilita a impugnar esas decisiones, cuando se sienten damnificados por ellas. Por esta razón no se justifican, en forma alguna, la crítica ligera ni, mucho menos, la información inexacta, fragmentaria u orientada al desprestigio de la Magistratura, puesto que ese modo de proceder nos perjudica a todos por igual en la medida que tiende a socavar las bases de la convivencia democrática. La independencia y honestidad de quienes administran justicia es orgullo de nuestro país en el ámbito internacional. Nuestra legítima aspiración es que esta tradición continúe y se reafirme con el tiempo. Firman el comunicado el doctor Roberto Parga Lista, presidente de la Suprema Corte de Justicia; el doctor Eduardo Borges Duarte, presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay; el escribano Andrés Paselle Stasi, presidente de la Asociación de Actuarios Judiciales del Uruguay; la doctora Adriana Berezán Lasanta, presidente de la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay y Ricardo Ramírez Susane, secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay.

Cabe recordar que varios magistrados del fuero penal han recibido duros cuestionamientos personales, siendo los casos más resonados los de los jueces Eduardo Cavalli (que procesó con prisión al ex canciller dictatorial Juan Carlos Blanco), José Balcaldi (que condenó a Enrique Braga y Daniel Cambón por el caso Banco Pan de Azúcar y recientemente denunció al coronel Manuel Cordero por desacato por ofensa) y Carlos Colmenero (que procesó con prisión al ex director de Aduanas Víctor Lissidini por usurpación de funciones). *