Para Gros Espiell, "no hay impunidad para los violadores de la Constitución"

Por su parte el constitucionalista Horacio Cassinelli Muñoz, manifestó a LA REPUBLICA que el haber sido presidente de la República «no le da ningún privilegio en lo penal».

El fallo unánime de la Suprema Corte de Justicia, por el cual Bordaberry deberá ser juzgado por el delito de «atentado a la Constitución» tuvo una rápida reacción por parte de juristas que dieron su opinión sobre el tema.

La SCJ que se declaró incompetente en esta instancia judicial para juzgar a Bordaberry bajo el argumento de que su actuación vulneraría «el derecho del denunciado a recurrir a otro juez o tribunal», resolvió remitir el caso para que Bordaberry sea juzgado por un magistrado y un fiscal penal, por el delito de atentado a la Constitución por el que fue denunciado como responsable del golpe de Estado en 1973.

En tal sentido, Héctor Gros Espiell, ex canciller y ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos calificó de histórica la resolución de la SCJ de habilitar juicio al ex presidente de la dictadura.

La denuncia penal contra Bordaberry fue presentada el año pasado por la Organización de Familiares de Personas Asesinadas por Motivos Políticos. Fue denunciado ante la corporación por su responsabilidad en el golpe de Estado de 1973. La denuncia patrocinada por Walter De León y Hebe Martínez Burlé señala que el decreto que disolvió las cámaras y creó el consejo de Estado atentó «contra la Constitución, cambiaron la forma de gobierno, de vida, de sentimientos y crearon tragedias y sufrimientos a toda la población…».

Gros Espiell afirmó que es la primera vez que la corporación se pronuncia sobre este tema «de trascendente importancia jurídica y política».

En diálogo con El Espectador, el ex canciller afirmó ayer que «la importancia muy grande de este fallo, de esta sentencia, es que no rechaza la tramitación, sino que la recibe y le da trámite al Juzgado de lo penal competente. Es, en ese sentido, un fallo histórico».

El constitucionalista indicó que la SCJ se basó en su fallo en el párrafo primero del artículo 239 de la Constitución que dice: «A la Suprema Corte de Justicia corresponde juzgar a todos los infractores de la Constitución sin excepción alguna. Es decir que oportunamente la Suprema Corte deberá fallar basándose en esta norma constitucional», dijo.

Gros Espiell destacó la importancia del fallo que, dijo, «abre un procedimiento novedoso en su aplicación en Uruguay».

A su entender, esta resolución tiene como consecuencia la afirmación de que no hay impunidad de los violadores de la Constitución. Consideró que la principal violación de la Constitución es «haber arrasado con los poderes constituidos y haber establecido un gobierno de facto absolutamente contrario a todo lo que la Constitución establece».

Por su parte, el constitucionalista Horacio Cassinelli Muñoz, al ser consultado por LA REPUBLICA, indicó que se trata de una «competencia normal de lo penal, que no tiene régimen especial en cuanto a la competencia del juez». Consideró que se trató de un procedimiento correcto, y aclaró que «haber sido presidente de la República no le da ningún privilegio en lo penal». Sostuvo que a Bordaberry no lo ampara la Ley de Caducidad ya que la misma contempla a militares y no a civiles.

Hebe Martínez Burlé, una de los patrocinantes de la causa, dijo que la resolución de la SCJ representa un triunfo de la democracia, por el hecho de que un dictador sea juzgado por el golpe de Estado. Acotó que «no sólo por lo que ocurrió hace 30 años sino para salvaguardar las garantías de la Constitución y la democracia en el futuro».

El profesional explicó que de ser juzgados quienes atentan contra la Constitución, se sienta un precedente para que en un futuro cualquier otra persona que intente hacer lo mismo, es decir un golpe de Estado, sepa que será juzgado. «Por lo menos se cuestiona que en algún momento van a tener que hacerle frente a la responsabilidad».

En otra sede judicial, el ex presidente es indagado para saber si tuvo responsabilidad en el asesinato de ocho comunistas de la Seccional 20, en 1972. *