Argentina acusa a Uruguay de interponer medidas arancelarias

Mientras desde Argentina se acusa a Uruguay de interponer trabas arancelarias a los productos argentinos, el presidente Jorge Batlle analizará hoy con el director de la Secretaría del Mercosur, el brasileño Reginaldo Braga la marcha del mercado común y la agenda de trabajo de la presidencia pro tempore que Uruguay ostenta.

El encuentro, del que también participará el canciller Didier Opertti, servirá de trabajo previo a la cumbre que presidentes del Mercosur que se realizará al final de la semana en Asunción, en el marco de la designación de Nicanor Duarte como nuevo presidente de Paraguay.

Mañana se realizará en Montevideo una reunión preliminar de cancilleres, para preparar la reunión del viernes de los mandatarios.

Ese día en Asunción, Néstor Kirchner, de Argentina; Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil; Duarte, y Jorge Batlle, de Uruguay, analizarán el avance de las negociaciones hacia la firma de un acuerdo con el ALCA y la Unión Europea.

Desde el gobierno se afirma que se busca que la presidencia de Uruguay «no pase desapercibida», y para a fines de junio y principios de julio, Batlle mantuvo una ronda de contactos políticos para generar una política de Estado entorno a la posición del país sobre el Mercosur.

Pero en estos días hay una dificultad en las negociaciones intra-Mercosur, concretamente en la relación Argentina-Uruguay. Mañana, también en Montevideo, habrá un encuentro entre funcionarios de los dos gobiernos para analizar las trabas impuestas por Uruguay a productos argentinos.

Es que representantes de los sectores alimentario, de cosmética y perfumería y de aceites criticaron la decisión uruguaya, que consideran una «discriminación a la industria argentina en favor de la brasileña», que no recibió el mismo trato, según informó ayer el diario La Nación. Mientras una golosina argentina debe pagar hasta un 19,5% de arancel, una brasileña entra con arancel cero, señaló el matutino porteño.

Según el diario, estos productos se encarecieron «artificialmente» porque el gobierno del presidente Batlle decidió en junio incluirlos en la lista de productos cuyo ingreso se intenta desalentar mediante la imposición de aranceles que oscilan entre el 6 y el 20 por ciento.

En abril de 2002, el gobierno uruguayo dispuso aranceles para proteger a su industria de la ventaja competitiva en la «coyuntura regional» una mención que bien podía entenderse relacionada con la maxidevaluación del peso argentino. La medida «transitoria» -que en rigor afecta las importaciones de todo origen- debía finalizar en diciembre de 2002, pero fue prorrogada hasta junio pasado y luego se extendió nuevamente a diciembre con un aditamento: se amplió exclusivamente la lista de productos argentinos afectados por aranceles en los niveles ya mencionados.

Los efectos de esta medida llevaron a que la exportación de Argentina a Uruguay a estos productos cayera del 40 al 50% en el 2002.

El gobierno uruguayo sostuvo que esta ampliación de la lista fue «producto de una negociación», en tanto representantes de las secretarías de Industria y de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales señalaron que esta medida unilateral es «ilegal y arbitraria» y que «atenta contra el Mercosur», según La Nación.

Para tratar de modificar esta situación funcionarios de los dos gobiernos se reunirán mañana en la capital uruguaya. En ese encuentro, Argentina pedirá que se revoque la decisión.

Tribunal en suspenso

La resolución del gobierno de Batlle se tomó debido a la existencia de los regímenes de promoción industrial que gozan San Luis, La Rioja, San Juan y Catamarca, que hace a sus productos más competitivos en el mercado uruguayo. Este hecho motivó el malestar de Batlle que lo hizo público previo a una reunión que mantuvo con Néstor Kirchner, cuando este asumió la presidencia de Argentina.

El gobierno uruguayo se quejó formalmente por estos regímenes y solicitó la constitución de un tribunal arbitral. Sin embargo Argentina impugnó el árbitro propuesto por Uruguay, el ex ministro de Industria Sergio Abreu. Por eso el tema está en suspenso.

En la Cámara de Industriales de Productos Alimenticios (CIPA) dicen que «una empresa que manda productos con marca propia al mercado uruguayo produce sólo un 10% en esas provincias favorecidas. Y así le castigan injustamente el 90% de la producción restante». Otros exportadores afectados señalaron que este visto bueno a los derechos específicos para compensar las ventajas competitivas provinciales «sacrifica al Mercosur para mantener una promoción industrial del mercado interno». *