Cordero y su abogado, denunciados penalmente por el juez Balcaldi

El juez penal de 4º Turno, José Balcaldi, presentó denuncia penal contra Cordero y Pfeiff, por el delito de desacato especialmente agravado, y contra Antonio García, por encubrimiento.

En su denuncia, Balcaldi enumera la enorme cantidad de «chicanas» o «alongaderas» jurídicas que Cordero y Pfeiff presentaron para eludir su comparecencia ante la sede judicial, y hace especial hincapié en el último escrito presentado por ambos en que se dice que el magistrado actúa con hostilidad, parcialidad, sed de venganza, y se lo acusa de participar en las actividades del pasado de Cordero, uno de los más connotados violadores a los derechos humanos durante la pasada dictadura. Balcaldi también reclama que las autoridades del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa aclaren la situación.

«Como colofón, sólo resta decir que las personas denunciadas han pretendido hacer creer con mentiras infames, que yo puedo tener vinculación con algún desatino, inmoralidad, o peor aún con crímenes relacionados con la violación de los derechos humanos, lo que no sólo es una patraña incalificable, proveniente de personas inescrupulosas capaces de hacer y decir cualquier cosa para justificar sus bajos fines, como en éste de no presentarse ante la Justicia o elegir el tribunal, cosa que realmente no sé, pero para lo cual no vacilaron en inventar una inconmesurable injuria con esa sola y espuria finalidad y tratando con ella de provocar desprecio hacia mi persona por parte de cualquier ciudadano de bien. Asimismo con ello se agravia la investidura, no sólo de un juez en lo individual, sino además la de la magistratura nacional en general al lanzar una sospecha semejante», expresa Balcaldi en su denuncia contra Cordero.

«No puedo permitir por más ecuánime y paciente que haya pretendido ser a lo largo de todo este desgraciado trámite que se remata con el increible insuceso referido, que se haga semejante agravio y mucho menos por mi carácter de Juez que se encuentra hoy en día actuando y tomando decisiones en nombre de la República Oriental del Uruguay. Por tal motivo no sólo denuncio a estas inescrupulosas personas, sino que exijo que las autoridades pertinentes brinden la debida aclaración de la situación. Es natural y obvio que los denunciados tendrían que probar sus mendaces afirmaciones, pero evidentemente jamás podrán hacerlo por la razón del artillero, esto es que son falsas de toda falsedad. Igualmente no puedo aceptar de ninguna manera, que este asunto quede en la duda por lo que requiero del Tribunal una profunda investigación», agrega.

La prueba pedida

Como prueba, Balcaldi solicita que se reciba declaración por escrito al Ministro del Interior y al Ministro de Defensa Nacional para que informen a la Sede si en alguna repartición o dependencia de cualquier tipo o naturaleza, se tiene conocimiento de que él realizó alguna «actividad policial, militar o equivalente de la clase que fuera entre 1975 y 1980 relacionada con el grupo OCOA o con cualquier otro»; que los dos Ministerios informen sobre las personas vinculadas a la OCOA entre 1975 y 1980, que se les cite a declarar sobre si conocen que Balcaldi haya estado vinculado a la OCOA. «Audiencias en las que solicito estar presente y ser careado con cualquiera de ellos si es necesario, a fin de que me digan en mi propia cara si son ciertas o falsas las afirmaciones de los denunciados». También pide que se cite a declarar al inspector Víctor Castiglioni, «para que declare sobre los mismos hechos que los anteriormente mencionados en audiencia en la que solicito estar presente a los mismos fines», y que se cite al Jefe de Policía de Montevideo «para que informe quién o quiénes pueden obtener documentación personal y para qué fines, y asimismo si existe alguna constancia o información de que José Balcaldi haya tenido alguna actividad de tipo policial activa o ejecutiva independientemente del tipo que fuera de acuerdo a los antecedentes que obren en su poder salvo la tarea administrativa para el Dr. Loureiro».

Desacato por ofensa o desobediencia abierta

El 31 de julio, Cordero estaba citado a declarar y por cuarta vez la audiencia debió suspenderse. En esta ocasión, el militar presentó un incidente de nulidad e interpuso recursos de reposición y apelación contra la providencia de Balcaldi, que declaró agotadas las etapas procesales que se pretendían reiterar. En ese escrito, Cordero dice que Balcladi «tenía la clara intención de realizar una audiencia y avanzar, con sed de venganza en un procedimiento, que como dijo el Ministerio Público es espurio y no existe delito (…)». Y añade: «… me causa agravio tener que soportar a un juez que me es notoriamente hostil y parcial (…)».

Los cuestionamientos a su persona hicieron que Balcaldi «no pueda continuar como juez de la causa pero me permite proceder a radicar esta denuncia por Desacato por ofensa ya que entiendo se consumó dicho reato, sin perjuicio que evidentemente y por vías indirectas también alcanza en el caso de Cordero a la hipótesis de desobediencia abierta».

Balcaldi dice que «estoicamente he soportado infinidad de incorrecciones y falacias y finalmente una incalificable mentira recientemente lanzada en el escrito de fojas 248, donde nada más ni nada menos que se me acusa de participar en las actividades del pasado de Cordero, sobre las que no me corresponde en mi calidad de Magistrado calificar ni juzgar, pero que eso sí, sobre las cuales de ninguna manera puedo permitir se me vincule ni directa ni indirectamente».

Nunca tuve actividad policial ejecutiva

Según Balcaldi, mal puede hablarse de hostilidad o de sed de venganza de un magistrado que nada manifestó en los veinte meses que lleva este proceso, «y más aun, frente a las injurias y difamaciones recibidas por escrito en mi propia Sede el 25 de julio de 2003 y luego concertados con un periódico. Diario donde el autor de la nota, donde indico, tomó parte del escrito de fojas 248, las amplió, corrigió, reformuló y noveló a su antojo o a pedido de los denunciados adicionándole más falacias con la única finalidad de asegurar el resultado de las ofensas e injurias cometidas, y con ello obviamente, tratando de conseguir los bajos fines perseguidos, esto es que el denunciado no se presentara ante la Justicia descalificando una vez más al juez y lateralmente a la fiscal».

En la denuncia, Balcaldi incluye parte de uno de los escritos presentados por Cordero, el que sostiene: «En segundo lugar, lo hago también debido a que el soporte de ese Tribunal, fue mi subalterno en las Fuerzas Conjuntas, como Agente de 2da. clase de la Policía, dónde revistaba con el Nro. Funcional 22.416, legajo Nro. 29.411, en un período muy especial 1.9.1975 al 31.5.1980. Fue en ese lapso, que varios policías al decir del Inspector Víctor Castiglioni, formaban una red en la Facultad de Derecho, recientemente abierta bajo intervención, para controlar qué estudiantes pertenecían a organizaciones declaradas ilegales. El Juez conocedor de su anterior posición, no supo advertir su necesidad de abstenerse y en una posición por demás recalcitrante de querer continuar actuando pese además a las advertencias de espuriedad y de no existencia de ilícito deducidas por el Ministerio Público…».

Balcaldi sostiene que «tales afirmaciones son absolutamente falsas, difamantes, canallescas y denigrantes para mi dignidad como ser humano y por ende mucho más para en mi calidad de Magistrado del Poder Judicial. Pero por si fuera poco fueron reproducidas, como se dijo, de forma por demás más insidiosa y novelada seguramente a pedido de los denunciados o peor aún por cuenta propia por Antonio García en el diario Ultimas Noticias».

Balcaldi apunta que la nota periodística se acompaña de documentación que pertenecería al leg
ajo funcional que posee en el Ministerio de Interior o en la Jefatura de Policía de Montevideo y que, de ser así, «descuento que es un material sustraído inadvertidamente o directamente hurtado a sus legítimos propietarios, puesto que no es de libre acceso, pero que en realidad resulta irrelevante y del que no tengo nada que ocultar como se desprende de las constancias de tal actividad registrada en mi legajo actual de la Suprema Corte de Justicia.

Ahora lo que sí es trascendente es que jamás tuve actuación policial de clase alguna, sino que fui contratado para trabajar en la secretaría del Dr. Elbio Loureiro», abogado en temas de Derecho Administrativo del Ministerio del Interior. «Nunca tuve actividad policial ejecutiva, como se pretende imputarme en ninguna dependencia, ni adiestramiento policial o militar, ni armas, o lo que fuera, puesto que la secretaría de un abogado administrativamente para nada lo podía requerir».