La Justicia definirá si datos del software espía para Internet y telefonía comprado por Ministerio del Interior deben ser públicos
La jueza letrada de 1er. Turno, María Isabel Baccaro, recibió la denuncia del CAINFO (Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública), para que el Ministerio del Interior, revele datos del sistema espía “El Guardián” que se apresta a poner en funcionamiento.
“El Guardián” es un sistema informático de vigilancia, que el Ministerio del Interior compró a un costo de dos millones de dólares en 2013, que es capaz de intervenir correos electrónicos, redes sociales, comunicaciones telefónicas, y reconocer palabras clave entre los términos que circulan para intervenir en su captura o escucha.
La controversia data de 2013, cuando pese a la vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, el Ministerio del Interior se negó a publicar la resolución de la compra en la página web de la Presidencia de la República.
La abogada Tania da Rosa, directora del CAINFO, dijo que la entidad (sin fines de lucro y dedicada a promover la transparencia y la libertad de expresión), realizó un pedido de informes al Ministerio de Bonomi, para conocer datos de regulación del uso del sistema. El Ministerio, pese a estar obligado por Ley, no contestó. Por tanto y ateniéndose al artículo 18 de la norma, la abogada entendió que hay un llamado “silencio positivo” por el que vencidos los plazos y sin respuesta, puede acceder a la Justicia.
La falta de avance legislativo pese a los pedidos de ONU
“Me parece interesante plantear que toda esta implementación de El Guardián, que aumenta exponencialmente la potestad de vigilancia del Estado, se da sin un marco jurídico adecuado. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Organización de las Naciones Unidas han establecido que los Estados deben, de manera urgente, adaptar su legislación al avance de la tecnología, una herramienta que ha garantizado el acceso a la cultura de mucha gente pero que a la vez puede convertirse en una amenaza a la privacidad”, dijo la abogada Da Rosa en declaraciones que publica el diario La Diaria.
La jueza ahora debe citar a las dos partes para que comparezcan en audiencia pública y luego tendrá un plazo de 24 horas para dictar una sentencia, que bien puede significar que el ministro Bonomi deba hacer públicos los datos de compra, finalidad, objetivos y limitaciones de la tecnología que compró, o sencillamente se recusa el pedido de CAINFO.
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