Atchugarry es partidario de una ley para reperfilar la deuda de Rocha con el BPS

El ministro de Economía y Finanzas, Alejandro Atchugarry, fue recibido ayer por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores para analizar posibles medidas para paliar la situación de endeudamiento de la Intendencia Municipal de Rocha con el Banco de Previsión Social (BPS), que supera los 70 millones de pesos, sin incluir multas ni recargos.

Fuentes oficiales señalaron que Atchugarry planteó en la Comisión la posibilidad de reperfilar la deuda lo que permitiría a Rocha liberar «entre dos y tres millones de pesos» para destinarlos a atender la crítica situación de la comuna que encabeza el intendente Irineu Riet Correa.

Actualmente, el 100% de la partida otorgada a Rocha por el gobierno central es destinada al pago del convenio actual con el BPS, confiaron las fuentes. Atchugarry propuso que para el reperfilamiento debería ser tomada en cuenta la ley Nº 17.249, del 10 de agosto de 2000, que incluía una solución de este tipo para algunas intendencias del Interior, incluida Rocha.

La iniciativa  que requiere de una ley  «extendería el plazo de refinanciación al 31 de julio de este año y regiría exclusivamente para Rocha», agregó la fuente.

Atchugarry constató entre los senadores un clima favorable para impulsar esta solución, agregó el informante. Se hizo notar, a su vez, que las partidas que brinda Economía a Rocha constituyen una quinta parte de los ingresos que recibe la comuna. El secretario de Estado, aclaró la fuente, es partidario de que, además de regularizar la situación con el BPS, se proceda a nivel de la Intendencia a «un reordenamiento administrativo» que coadyuve también a superar la crisis. La deuda que la Intendencia de Rocha mantiene con aproximadamente unos 1.000 empleados asciende a un total de 87 millones de pesos.

La posibilidad de un crédito para los funcionarios que, según se informó a nuestro corresponsal en Rocha, Hugo Luján, se había propuesto el lunes desde el gobierno, quedó descartado en virtud de un informe negativo del departamento jurídico del Banco República. *