Aguirre: "Bensión está en la cuerda floja"
La Comisión Investigadora solicitó en noviembre pasado la opinión de los abogados constitucionalistas Gonzalo Aguirre Ramírez, Juan Pablo Cajarville y Carlos Delpiazzo sobre el contrato de capitalización del Banco Comercial celebrado en Nueva York, el 26 de febrero de 2002 entre el Estado uruguayo y los socios extranjeros de la institución financiera, el JP Morgan, Crédit Suisse First Boston y el Dresdner Bank.
En ese marco, Aguirre respondió al grupo parlamentario de labor el 10 de febrero pasado como oportunamente informó LA REPUBLICA con un informe compuesto por 26 páginas en el cual dictamina la inconstitucionalidad del acuerdo.
Aguirre califica el contrato como «de una singularidad singularísima». Asimismo, señala que es «de extrema complejidad y extensión y pone casi todas las obligaciones a cargo de una de las partes, el Estado uruguayo, al punto que cabría calificarlo de leonino».
Posteriormente, el pasado 14 de julio, el ex ministro de Economía y Finanzas, Alberto Bensión cuestionó ante la Investigadora el informe de Aguirre, al señalar que «desde el año 1985 a la fecha todos los presidentes constitucionales que ha tenido el país, Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle, se han hecho representar por distintos jerarcas para la firma de contratos con el exterior».
«Es decir que si la observación del doctor Aguirre es válida, lo es no para este contrato sino que es válida para lo que la República ha venido haciendo desde 1985 a la fecha. Esta es una constancia que tengo que dejar sentada desde el punto de vista político, porque el doctor Aguirre es un connotado constitucionalista, a quien todos le debemos el respeto consecuente, pero también fue vicepresidente de la República en el gobierno del doctor Lacalle y aparentemente en ese período opinaba distinto o no opinaba sobre estos temas», añadió Bensión.
Durante la misma reunión de la Investigadora, el diputado oficialista, José Amorín Batlle acotó que entendía como muy importante que «quedara en claro las dos morales: la del vicepresidente de la República y la de quien hace el informe, que en este caso son distintas».
Tales apreciaciones provocaron una enérgica reacción de Aguirre Ramírez quien días pasados remitió una misiva dirigida al presidente de la Comisión Investigadora, el diputado Gabriel Pais (Batllismo-Lista 15) en la cual manifiesta que las expresiones tanto de Bensión como de Amorín Batlle lesionan su buen nombre y cuestionan su ética profesional.
«En la cuerda floja»
Aclara que la consulta que evacuó en su oportunidad configuró «únicamente una tarea profesional independiente, cumplida a conciencia y, como corresponde, con absoluta prescindencia de cualquier consideración de orden personal o político». Agrega que en consecuencia representa únicamente su «opinión jurídica sobre los puntos y problemas» que le fueron consultados «no influenciada ni teñida por ningún factor o elemento de otro carácter». Aguirre considera que la alegación de Bensión «carece de la mínima fuerza jurídica» y, por tanto, «en nada le quita validez» al cuestionamiento que formuló en febrero pasado, y cita a Justino Jiménez de Aréchaga «para pulverizar el pretendido argumento de Bensión».
Asimismo, el ex vicepresidente de la República, sostiene que Bensión pretende rozar su ética profesional y política» al concluir «antojadizamente que bajo el gobierno de Lacalle» se haya producido un episodio similar al contrato de capitalización del Comercial y que fue contrario a la interpretación de Aguirre. Añade que está más que habituado a «ver y opinar de derecho a gente que ignora en esta área del conocimiento».
«Pero más lejos fue, con agresiva ligereza, el diputado Amorín Batlle (…) Lo que es muy importante es ser respetuosos y no hacer imputaciones falaces, sobre todo a quien, sin falsa modestia, dista de ser un don nadie y tiene una recta trayectoria pública y política», expresa Aguirre Ramírez en su carta.
También señala que «el grueso error» de Bensión y Amorín Batlle «finca en lo jurídico y en lo fáctico» ya que argumenta que el vicepresidente es un legislador y no es consultado sobre las decisiones del Poder Ejecutivo.
«Comprendo que quien está en la cuerda floja, caso del Cr Bensión, se aferre a cualquier tabla de salvación para tratar de salir de tan incómoda situación. También sé que la vida política tiene exigencias ingratas y que, a veces, para defender posiciones, se apela a recursos inelegantes», manifiesta. Pero, en todo caso, «no hay que perder la línea ni ser irrespetuosos con personas que se limitaron a cumplir responsabilidades de su trabajo profesional», puntualiza el ex vicepresidente de la República. *
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