Fiscal Guianze solicitó que el ex canciller Blanco vuelva a prisión

La fiscal penal de 2º Turno Mirtha Guianze pidió que el ex canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco regrese a prisión y se mantenga su enjuiciamiento bajo la imputación de homicidio muy especialmente agravado. El juez penal Eduardo Cavalli tiene 15 días para resolver si hace lugar a la solicitud de la fiscal o del abogado de Blanco, Carlos Curbelo Tammaro, que pidió la clausura del proceso y la libertad definitiva de su cliente. En cualquiera de los casos el expediente será analizado por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno.

«Afirmar que el canciller comprometió sus servicios para encubrir la solución final, no es entonces una mera conjetura. Se apoya en todos los indicios anteriores, concomitantes y posteriores que se correlacionan sin fisuras, conforme a las reglas de la sana crítica. Blanco disponía de los medios idóneos para hacer pública la situación y evitar el resultado letal: era un diplomático de carrera, con acceso a foros internacionales. Si internamente no tuviera poder suficiente, le bastaba acudir a la comunidad internacional para poner fin al calvario de la víctima. Solamente su anuencia para encubrir el delito y su intervención positiva en ese sentido, pudo posibilitar que Elena Quinteros fuera eliminada sin dejar rastros», expresa Guianze en el escrito al que accedió LA REPUBLICA.

En su escrito, la representante del Ministerio Público se refiere a la declaración del integrante de la Comisión para la Paz Carlos Ramela, dice que éste no desmintió rotundamente la posible injerencia de Blanco ni de otros integrantes del gobierno en decidir violaciones a los derechos humanos. «La idea que extrajo a título personal es que «no existía en general una transmisión o referencia directa a las autoridades ni aun a las autoridades militares pero menos a las autoridades de gobierno…» Además de ser sólo una impresión subjetiva, de aceptarse lo que la Defensa propugna, esto es, que sería un operativo «no oficial», de grupos que actuaban «por su cuenta», se llegaría a la conclusión de que esos actos no estarían comprendidos en la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado».

«Si la Comisión para la Paz, en informe refrendado por el Poder Ejecutivo por Decreto que aceptó en todos sus términos sus conclusiones, afirmó la existencia de graves violaciones a los derechos humanos, es imposible sostener que Blanco, conspicuo integrante del régimen, no conociera una situación que era notoria, aun para el resto de la ciudadanía», añade.

«El ministro decidió que tipo de actuaciones debían desarrollarse a nivel internacional para encubrir el hecho ilícito, las llevó a cabo e impartió instrucciones a todo el cuerpo diplomático. Todos esos extremos están probados y ya fueron relatados. Esa conducta perduró durante los meses en que Elena Quinteros permanecía detenida y era torturada en dependencias militares. Su ejecución se produjo cuando Blanco aún permanecía en el cargo».

Guianze discrepa con los argumentos manejados por la defensa de Blanco, de que un memorando de la Cancillería es una confesión, ya que en ese documento el ex canciller de la dictadura sostuvo la conclusión de entregar a Quinteros y eso demostraría su inocencia respecto a la imputación de homicidio. En ese memorando se manejaron diferentes posibilidades, sopesando ventajas y desventajas. En las conclusiones se inclinaba por el «género de alternativas basado en la entrega», que no es lo mismo que decir que debía entregársela. Previamente había enumerado las «Desventajas» de esa solución (…). Blanco varió su actitud, se declaró persona non grata al embajador y se rompieron relaciones (…) No aceptó Blanco que supiera de la detención de Elena Quinteros, ni de su destino posterior, debiendo entenderse que no confesó los hechos que dieron mérito a su enjuiciamiento»»La conclusión de esta Fiscalía no se asentó, y así quedó establecido oportunamente, sólo en la confección del memorando tantas veces citado, sino en la especial posición de Blanco en el gobierno cívico-militar y en su activa injerencia en la cuestión referida a Elena Quinteros (…) el imputado no se limitó a elaborar ‘hipótesis de trabajo’, sino que participaba en las esferas de poder que decidían los destinos de los ciudadanos en esa época», señala la fiscal. *