Sindicalistas y blancos debatieron sobre contenido de la Ley de Ancap

En representación de los trabajadores de Ancap concurrieron Hugo de Mello y Germán Riet, mientras que por los nacionalistas lo hicieron el senador Francisco Gallinal y el director de la empresa pública Fernando Saralegui. De Mello abrió fuego afirmando que «la ley es una privatización encubierta» y que la misma «es funcional al modelo de país que Lacalle y Batlle quieren implantar», quienes además «quieren liquidar a Ancap». El dirigente gremial sostuvo que tanto los que quieren derogar la ley como sus defensores pretenden reformar a Ancap para mejorar su competitividad y hacerla más eficiente pero los caminos para ello son totalmente diferentes. De Mello señaló que para mejorar la gestión de la empresa es necesario «un proyecto distinto de país», donde haya lugar para la creación de «un proyecto energético que nos dé fuerza para competir con los demás». El dirigente sindical dijo que los trabajadores no estan en contra de las asociaciones sino de las condiciones en que la misma se pretende realizar, según el marco regulatorio de la ley cuestionada.

En ese sentido, De Mello señaló que ve como una propuesta interesante la realizada por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, de crear una gran empresa –denominada Petroamérica–, conformada por petroleras estatales de toda América del Sur.

Por su parte el senador Gallinal defendió la ley que colaboró a redactar y afirmó que la norma jurídica «protege la actividad de la refinación y los derechos de los funcionarios de Ancap».

Gallinal manifestó que no comparte la visión que los dirigentes de Ancap tienen sobre Lacalle y Batlle, porque no le parece que quieran liquidar a Ancap.

No obstante, el legislador afirmó que «el proyecto de ley que había enviado el Poder Ejecutivo era indefendible» porque planteaba el fin de la refinación en nuestro país y la importación de combustible refinado del exterior. Gallinal realizó una encendida defensa del recurso de referéndum y criticó a quienes en su momento intentaron impulsar proyectos con le objetivo de eliminar dicho mecanismo. Luego tomó la palabra el dirigente Germán Riet y afirmó que «detrás de la estrategia que fija la ley falta una visión más global de Ancap como un factor de desarrollo productivo, como un instrumento de políticas económicas, que no las debe fijar Ancap sino el Estado y que no las está haciendo». El sindicalista dijo que «el costo principal que tiene el país es el petróleo» y que ello significa «340 millones de dólares anuales promedio en los últimos 7 años». En ese sentido, Riet dijo que «podríamos comprar un poco menos de petróleo y un 25% del gasoil que usamos en el Uruguay lo podríamos sustituir por biodiesel uruguayo», pero esa idea sería inalcanzable «si tenemos un socio multinacional petrolero que nos querrá vender su crudo». El sindicalista indicó que «para abaratar los combustibles no vale la pena entregar todo el activo de Ancap y la dirección de la empresa por 30 años» puesto que ese objetivo se podría alcanzar mediante la «fijación de metas al sindicato de Ancap» que estipule un plazo determinado «para arrimarse a la paridad de importación». Para Riet, otorgar la gestión a un socio extranjero es «renunciar a una capacidad de autonomía, de soberanía para hacer políticas de reactivación productivas».

Por último el director de Ancap, Fernando Saralegui señaló que la ley surgió como una propuesta alternativa a los caminos que estaban planteados y que eran «seguir con los monopolios para proteger la ineficiencias y que las mismas sean pagadas por los bolsillos de los uruguayos» o «el otro extremo que pretendía liquidar Ancap e importar combustible refinado». Saralegui hizo énfasis en que la asociación no será «como el caso de YPF en Argentina» y que «tampoco se trata de una concesión de servicios públicos». *