Sin acuerdo entre IMM y Mvotma por realojo de familias del barrio Ituzaingó

Denuncias sobre una presunta intención de «limpiar la zona», aplicando «estrategias sucias» y pago con dinero en efectivo para el alejamiento de los vecinos del lugar, retrasos en obras, cuestionamientos a adjudicaciones de viviendas y la incertidumbre de los habitantes sobre lo que pasará con el realojo y la ampliación de la Avenida Centenario forma parte de un escenario complejo.

Diversos motivos llevaron a que «cayera» el proyecto original del trabajo en conjunto entre el Mvotma y la IMM, donde la comuna se comprometía a ceder un terreno y la secretaría de Estado de construir las viviendas con la implementación de un trabajo comunitario.

Los problemas económicos de la cartera estatal para construir viviendas nuevas y un terreno entregado por la comuna que está ocupado por cooperativistas, generó demoras y cambios en lo que fuera firmado meses atrás.

En vez de la construcción de viviendas de la manera habitual, (donde se contrata una empresa para la realización de las obras) el ministerio optó por llevar a los residentes a vivir en contenedores. Mientras tanto, serán los propios vecinos los que participarán en la edificación de las viviendas a través de un régimen de construcción con lotes de servicio y canasta de materiales.

Debido a que lo previsto a inicio de año no se cumplió, en el correr de la próxima semana, el intendente Arana y el ministro Irureta se reunirán para coordinar acciones y probablemente, firmar un nuevo acuerdo entre las partes.

La continuación de la Avenida Centenario que pasará frente al hipódromo de Maroñas tendrá una inversión para la Intendencia capitalina de U$S 900 mil, de acuerdo a lo manifestado por la directora de Vialidad, Susana Galli. En un principio, se vienen realizando las obras de saneamiento que irán por debajo del pavimento, y al mismo tiempo se está efectuando lentamente el realojo de los residentes que serán ubicados en otros predios del Ministerio de Viviendas y en propiedades del Banco Hipotecario del Uruguay. Galli indicó que no existe una fecha de finalización de las obras, teniendo en cuenta que las mismas deben realizarse a medida que se efectúen los realojos.

La jerarca explicó que deben demolerse las viviendas desocupadas para después realizar el acondicionamiento de la calzada existente, a lo que se deberá agregar la creación de una segunda calzada.

 

El caso «Rojo»

En los últimos meses, el tema del realojo de las 7 manzanas despertó polémica por el protagonismo que tuvo el edil colorado Gustavo Rojo, a quienes representantes de la Coordinadora de Asentamientos del Zonal Nº 9 cuestionaron su presencia en la zona, y por las denuncias que hiciera el ex director nacional de Vivienda, José Camarda, sobre presuntas irregularidades en el manejo del traslado de los residentes del barrio Ituzaingó.

Carlos Nogueira, integrante de la Coordinadora de Asentamientos, afirmó que existe una clara intención de «limpiar la zona cuanto antes», para lo cual se aplica una «estrategia muy sucia» donde no se respeta el convenio firmado.

El mismo establecía un programa global de integración económica, social y de mejora de calidad de vida.

Responsabilizó al edil Rojo de ejecutar esta práctica, afirmando que tiene instalada frente al Hipódromo una oficina en un contenedor proporcionado por el Ministerio de Vivienda. Denunció al curul de entregar dinero a los vecinos ($ 25 mil a cada una de las tres familias) para que se fueran del lugar, y de conseguir viviendas «debajo de las piedras», pertenecientes al Banco Hipotecario del Uruguay (BHU). Criticó que mientras muchas personas aguardan por años la adjudicación de una vivienda, a través de las gestiones realizadas por Rojo se concedieron rápidamente viviendas, a fin de que la gente se fuera lo antes posible del lugar.

Incluso, afirmó que los vecinos rechazan los contenedores como vivienda alternativa, y puso el ejemplo la experiencia de vecinos que estuvieron durante nueve años dentro de estos recintos en la zona de José Belloni y Shaw.

 

«No le pagué a nadie»

Por su parte, el edil Gustavo Rojo informó a LA REPUBLICA que su participación en la zona es coordinar el traslado de los vecinos a viviendas del BHU, «por mi involucramiento con el Hipotecario y conocimiento en la temática de asentamientos».

Desmintió que estuviera pagando a la gente para que se retire del barrio, y señaló que la concesionaria de Hípica Rioplatense está pagando $ 2.000 a cada familia para el pago de los servicios públicos de aquellos que son llevados a viviendas del BHU. Informó que esta misma empresa pagó $ 25 mil a una familia, que ya tenía un terreno donde vivir.

Afirmó que el Hipotecario entregó las viviendas a expreso pedido de la Intendencia y el Ministerio de Vivienda. En tal sentido, indicó que «le conseguí soluciones a la gente, y no le pregunté de qué partido es».