Gobierno propone modificar proyecto que contempla a "engañados" del TCB

«Tengo la impresión de que el artículo 31 –que es el que incorpora los derechos de los ahorristas– no tiene límites en cuanto a la prorrata. Sí lo tiene en cuanto a la capacidad pero, por eso, quería decir que las cifras indican que, francamente, cualquier incorporación, sobre todo si es de volumen, es decir, en cantidad de casos, puede afectar a la correspondencia de los demás ahorristas. Este es un hecho de la realidad: no alcanza para todos», indicó Atchugarry ante el grupo parlamentario. Atchugarry realizó estas observaciones el pasado 29 de julio y el próximo martes a la hora 15 las autoridades del Banco Central del Uruguay (BCU) solicitaron ser recibidas por el grupo parlamentario. Esa tarde estaba previsto que el proyecto se analizara en el plenario del Senado, pero seguramente será postergado su tratamiento.

«Debo decir con toda alerta que el texto que finalmente está a consideración de la Comisión genera una expansión de tal suerte y naturaleza y un precedente muy complejo, pues no está acotado en montos, en tiempos, ni en circunstancias subjetivas. Si bien estrictamente en términos de la caja fiscal no va a haber alteraciones creo que esto quedaría como un precedente que pone al Estado en posición de atender determinadas situaciones», manifestó el secretario de Estado.

Según Atchugarry, «como prevén algunos extremos de la norma, esto incluiría claramente a personas que incluso, ni siquiera por engaño, pueden haber estado en esa situación, más allá de que pueda existir algún caso en particular que motiva la sensibilidad de la Comisión. De todos modos, en la forma en que está escrita la

norma, basta que una persona pueda haber dado orden de colocar el dinero en el exterior para colocar al Estado en algún grado de responsabilidad».

Asimismo, «si uno mira el artículo primero podrá advertir que se amplía la facultad conferida al Banco Central para incorporar titulares de cajas de ahorro, etcétera, cuyos ahorros fueron aplicados a la adquisición de participaciones de depósitos de instituciones financieras con sede en el exterior. Aquí no se dice ‘engañados’ o ‘con abuso’, ni hace seis meses, seis años, diez años o doce años, como precedente».

Para Atchugarry «si viene una persona y dice que fue abusada en su buena fe, tratándose de un banco normal, uno tiende a no creerle; pero en un banco que pasó por lo que todos sabemos, uno le concede el beneficio de la duda.

Este concepto, no vinculado a ninguna situación, a ningún abuso, hace que baste con que la persona haya hecho pasar por una cuenta a la vista un depósito de cualquier dimensión 10 años atrás y lo haya colocado en Alaska, porque quiso, para estar comprendida en este primer artículo».

También se dice: «Declárase que no están comprendidos cuando son titulares de depósitos con entidades financieras con sede en el exterior, instruyeron al Banco Montevideo o al Banco La Caja Obrera para la realización de sus operaciones financieras a través de otras instituciones financieras y hubieran adherido a acuerdos de partes.»

«El artículo 3º es de orden. Me parece que lo razonable en estas situaciones es que cuando se va a una dilucidación que depende de elementos fácticos, el juez, la Comisión o alguien debería ser quien lo resuelva», estimó Atchugarry.

El jerarca indicó que «si lo que uno quiere hacer es ver situaciones de eventual abuso de confianza o violación de instrucciones, habría que trabajar el tema por el lado de la presunción probatoria; y, por último, acotarlo, seguramente, en el tiempo. Se puede pensar en tres meses, seis meses, pero no en 10 años o cuatro años. Me pregunto si la gente no vio los documentos que venían y decían que el dinero estaba colocado en tal lado».

 

«No tiene límites»

El senador Danilo Astori (Asamblea Uruguay) preguntó si a juicio del ministro, la combinación de los límites de la ley original –artículo 31– con los del artículo 2º de este proyecto, «no son suficientes y merecerían una revisación».

Atchugarry contestó: «Tengo la impresión de que el artículo 31 –que es el que incorpora los derechos de los ahorristas– no tiene límites en cuanto a la prorrata. Sí lo tiene en cuanto a la capacidad pero, por eso, quería decir que las cifras indican que, francamente, cualquier incorporación, sobre todo si es de volumen, es decir, en cantidad de casos, puede afectar a la correspondencia de los demás ahorristas. Este es un hecho de la realidad: no alcanza para todos». De lo contrario, dijo Atchugarry, «se afectarían otros destinos que el Estado quisiera dar, si hay algo que llega a volver porque, como veremos en la Rendición de Cuentas, hay muchas necesidades insatisfechas. Y si algo se logra recuperar, ayudará a atender la inversión o los programas sociales». Dijo no entender exactamente el alcance de «son titulares de depósitos con entidades financieras con sedes en el exterior».

Por tanto, «habría que estudiar su contexto pero la enunciación del primer artículo, el cual no está acotado en el tiempo, ni en la actitud subjetiva ni en los montos puede dar lugar a decir que cualquiera que desde un banco uruguayo dé una orden de colocar en el exterior, aunque lo haya hecho con conciencia y voluntad, tiene algún tipo de tratamiento en el Uruguay. No sé si, quizás, el Banco Galicia o el Banco de Italia podrían, mañana, decir que quieren el mismo tratamiento». *