Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso de inconstitucionalidad contra el delito de abuso de funciones imputado a Lorenzo y a Calloia
La Suprema Corte de Justicia rechazó el recurso de inconstitucionalidad sobre el delito de abuso de funciones, presentado por los abogados de Fernando Lorenzo y Fernando Calloia. La decisión del organismo se dio por unanimidad. A partir de ahora, ambos implicados podrán ser juzgados por la justicia de crimen organizado.
Este miércoles se dio a conocer la decisión de la Suprema Corte de Justicia, que estaba analizando el recurso de inconstitucionalidad presentado por los abogados de Fernando Lorenzo y Fernando Calloia en lo referido al delito de abuso de funciones. Para los cinco integrantes de la Suprema Corte, el delito no es inconstitucional, lo que significa que Lorenzo y Calloia sí podrán ser juzgados por la justicia.
El caso de esta forma vuelve a estar en manos de la jueza Adriana de los Santos, quien indicó que una vez le sea devuelto el expediente resolverá la forma de proceder. Según la magistrada indicó a Subrayado, el primer paso será analizar si las pruebas presentadas hasta el momento son suficientes.
El fiscal Juan Gómez, había pedido el procesamiento sin prisión de Lorenzo y de Calloia el pasado mes de diciembre, por el delito de abuso de funciones. A partir de la fecha, la jueza especializada en crimen organizado, Adriana de los Santos, tiene 45 días para fallar sobre el caso.
“Decisión anticipada”
Para llegar a decretar al delito de abuso de funciones como constitucional, los integrantes de la Suprema Corte de Justicia se basaron en dos casos anteriores (que datan uno de 2005 y otro de 2010) que presentaban características muy parecidas con el ahora estudiado.
De esta manera, los ministros de la Suprema Corte compararon los casos y observaron cuales habían sido las resoluciones de los mismos en 2005 y 2010. De esta forma, al establecer que el caso de Lorenzo y Calloia se adaptaba a los anteriores por compartir las mismas características, se declaró como constitucional al delito por abuso de funciones, a través de lo que se conoce como “decisión anticipada”.
El diciembre de 2013, el fiscal Juan Gómez acusó a los implicados de haber cometido acciones de “abuso de funciones” en su gestión, haciendo que el Banco de la República diera el aval de 13,6 millones de dólares a la empresa española Cosmo para que esta pudiera ofertar en la subasta de los siete aviones de Pluna.
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