Compromiso de las instituciones financieras para no ejecutar deudas por consumo familiar

Amorín Batlle comunicó la eventual solución a legisladores nacionalistas luego de que el Partido Nacional planteara el pasado jueves un ultimátum al gobierno para que declare antes del próximo martes 3 de junio que entre las propuestas administrativas para solucionar la situación de deudores en dólares, se incluya la suspensión de ejecuciones judiciales a partir del momento en que el deudor se presenta ante el banco a refinanciar sus obligaciones.

De lo contrario al menos diez legisladores del sector votarían en la Cámara de Representantes el proyecto de ley del Encuentro Progresista Frente Amplio (EP-FA) en el que se propone la suspensión de ejecuciones judiciales y extrajudiciales, prendarias o hipotecarias.

El convenio es que los deudores amparados por el acuerdo entre el ministro de Economía y Finanzas, Alejandro Atchugarry y la banca «no serán ejecutados hasta que no venza el plazo para presentarse ante los bancos, que es el 30 de junio, por lo que no habrá ejecuciones hasta el 15 de julio ya que el 1º de julio comienza la feria judicial. Esto es siempre y cuando no se apruebe una ley», expresó el legislador oficialista.

Aunque, aclaró que el gobierno todavía no ha recibido la carta firmada por los bancos a través de la que deberán expresar que se comprometen a no realizar ejecuciones de pequeños deudores. La misiva de los bancos deberá ser enviada en primera instancia al Ministerio y luego remitida a la Cámara de Representantes. «Esto deberá ser antes del martes para desactivar el proyecto, de lo contrario habrá un incendio», sostuvo Amorín Batlle.

Por su parte, Carlos González Alvarez (Herrerismo) manifestó que la solución de refinanciación «aún no es clara, pero sí se está manejando la posibilidad de que hasta el 15 de julio no habría ejecuciones de pequeños deudores, es decir por deudas familiares o de empresas unipersonales, aunque no se presenten ante el banco».

El legislador nacionalista aseguró que la propuesta sólo podría desactivar la sanción del proyecto de ley de suspensión de ejecuciones si «está claramente redactada», para lo cual los diez diputados proclives a votar el proyecto aguardarían hasta el mismo martes.

«Esto aún no es un acuerdo, porque no le creemos hasta no ver las cosas escritas, pero esperamos hasta el martes. Aunque entendemos que suspender ejecuciones por 45 días a través de una ley o por un compromiso entre gobierno y acreedores es lo mismo», añadió.

En caso de que surja dicho convenio, el parlamentario nacionalista propondrá el próximo martes que la Cámara de Representantes traslade la consideración de esta ley para una reunión posterior al 15 de julio y de esa forma «comprobar si se ha cumplido con las suspensiones».

Reunión con el EPFA

En la víspera Atchugarry recibió a los diputados del Encuentro Progresista Frente Amplio Jorge Orrico (Asamblea Uruguay), Martín Ponce de León (Vertiente Artiguista), Carlos Pita (Corriente Popular) Artigas Barrios (Partido Socialista) y Lucía Topolansky (Movimiento de Participación Popular) quienes presentaron una contrapropuesta a través de la cual pretenden «ampliar el universo de amparados por la iniciativa y mejorar las condiciones de cada una de las soluciones».

Atchugarry se comprometió a analizarlas y contestar el fin de semana. La coalición de izquierda estudiará la respuesta del secretario de Estado el próximo lunes durante la reunión de la agrupación parlamentaria de gobierno.

El EP-FA insiste con alcanzar una solución a las deudas familiares y plantean «la extensión del plazo de acogimiento a 2001 con una reliquidación de la deuda original en función del Indice de Precios al Consumo (IPC) para deudas menores a 2.500 dólares», sostuvo Ponce de León. Ponce agregó que las ejecuciones judiciales son «una tomada de pelo a todo lo que está negociando el ministro». *