Elaborarían nueva ley para contemplar a damnificados por desvíos a Islas Caymán

El asunto fue analizado ayer en la Comisión de Hacienda del Senado, con la presencia del presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Julio De Brun.

Durante la sesión se informó que ante el BCU se plantearon 1.300 denuncias de este tipo y el universo que comprende en lo referente a montos derivados al TCB asciende a U$S 97 millones.

En diálogo con LA REPUBLICA, el senador Francisco Gallinal indicó que «el tema central de la comisión fue cuál va a ser la suerte de los ahorristas del denominado TCB en función del artículo 31 de la ley del Nuevo Banco, y su interpretación».

«Lo importante fue que recibimos el informe de la Comisión que crea ese propio artículo para ir definiendo en cada caso quiénes están comprendidos y quiénes no», señaló Gallinal.

Para el parlamentario, «se dio un gran paso adelante al contemplar la suerte de estos ahorristas cuando logramos introducir en la ley un artículo que los contempla, lo que no venía en la iniciativa del Poder Ejecutivo».

«Hoy está claramente demostrado que el haber aprobado ese artículo les ha dado una suerte de certidumbre, una tranquilidad, y un instrumento para defender mejor sus derechos», agregó.

Gallinal expresó que «hoy puede haber alguna incertidumbre y preocupación por la interpretación que del artículo se pueda hacer».

«Es lógico porque yo mismo no estuve de acuerdo con la redacción que se dio a este artículo. En la subcomisión habíamos redactado un artículo distinto que luego se cambió y a pesar que la intención fue a favor, termina siendo más restrictiva», señaló.

En ese sentido, Gallinal explicó que «el proyecto alude a los ahorristas de estos bancos cuyos montos hayan sido transferidos a otras instituciones sin su consentimiento, y en consecuencia basta aportar un documento en donde exista la firma de los ahorristas, para de alguna manera demostrar que hubo un consentimiento».

«En la redacción nuestra se establecía que era contra su voluntad. Si bien la carga de la prueba estaba referida a los ahorristas, puede darse que se haya transferido contra su voluntad existiendo un consentimiento. Eso es lo que tenemos que dilucidar en este momento», especificó Gallinal.

El parlamentario alertó que «tal como está planteado, como nos ha informado la Comisión correspondiente va a ser una fuente de pleitos de carácter permanente tanto a nivel de la Justicia como del Tribunal de lo Contencioso Administrativo».

«Lo que nos parece que tenemos que hacer por ley es no interpretar el artículo 31 porque no hay interpretación posible que no deje siempre un margen grande de discresionalidad o de oscuridad que no pueda ser llenado, porque las distintas variantes son muchas», agregó.

Por tanto, para Gallinal, «lo que se tendría que hacer en base al trabajo de esta Comisión durante mucho tiempo, el Parlamento tendría que aprobar una ley en base a estos criterios, con un espíritu abarcativo porque la intención de incluirlos en la ley fue para tratar de defender y proteger sus derechos, sacar una nueva ley que diga claramente quiénes están comprendidos y quiénes no en los beneficios de la nueva ley». *