Amnistía cuestiona la no aparición de restos en búsqueda de desaparecidos

Nuestro país, según AI, estuvo signado el último año por la crisis económica regional que en julio pasado «obligó a las autoridades a cerrar las instituciones financieras durante casi una semana». Como consecuencia de esta situación, «durante la primera semana de agosto, grupos de manifestantes tomaron las calles y saquearon supermercados y otros establecimientos». AI recuerda que en ese marco Estados Unidos «ofreció un préstamo de urgencia al país hasta que pudiera aprobarse un nuevo programa crediticio del Fondo Monetario Internacional».

Al igual que en el Informe 2002, AI hace hincapié en la situación carcelaria y destaca que los motines de marzo del año pasado en el Penal de Libertad fueron consecuencia de «las condiciones de hacinamiento y los malos tratos infligidos por los guardias de prisiones. Las autoridades respondieron cortando el suministro eléctrico y de agua y comida a la cárcel». AI hace una evaluación positiva de la aparición de Simón Riquelo en Argentina y el reencuentro con su madre, Sara Méndez. La prisión del ex canciller Juan Carlos Blanco por el secuestro de la maestra Elena Quinteros también fue destacada como «la primera vez que alguien fue detenido por violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen militar». Al momento de elaborar el informe de AI, Blanco continuaba en prisión preventiva en espera de un juicio. En la actualidad se encuentra en libertad provisional aunque el proceso judicial continúa.

Si bien el informe reconoce un avance en el tema de los desaparecidos y los crímenes cometidos durante la dictadura, destaca que algunas preguntas siguen sin tener respuesta, como el destino de los cuerpos.

Sobre este tema se analizan las conclusiones de la Comisión para la Paz, donde se estableció que «26 presos políticos habían muerto como consecuencia de torturas en Uruguay y trece más en Argentina» y que otras 41 personas, habían corrido la misma suerte en Argentina.

Sin embargo la Comisión no aclaró el «paradero de los restos de las presuntas víctimas de homicidio durante ese período. Los defensores de los derechos humanos señalaron que, mientras no aparecieran los restos de las víctimas, ellos seguirían considerándolas personas desaparecidas. También pidieron garantías a la Comisión de que la información reunida por ellos sería remitida a las autoridades judiciales para que se pudiera procesar a los autores de estos graves abusos contra los derechos humanos». *