Juez Mirabal pidió a la Comisión para la Paz el anexo confidencial sobre el caso Gelman
El juez penal de 2º Turno, doctor Gustavo Mirabal, y el fiscal Enrique Moller, solicitaron al Poder Ejecutivo el envío del «anexo II» que sobre el caso de la desaparición de la ciudadana argentina María Claudia García Irureta Goyena de Gelman, elaboró la Comisión para la Paz.
El Poder Ejecutivo ya envió un anexo similar, referido al caso de la desaparición de la maestra Elena Quinteros, cuando le fue solicitado por el Juzgado Penal de 1er. Turno, que había ordenado el procesamiento con prisión del ex canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco.
El abogado Carlos Ramela, representante del gobierno en la Comisión para la Paz, llevó personalmente el «anexo» ante el juez Eduardo Cavalli, quien ese mismo día luego de la consulta con la Fiscalía, decidió ordenar la libertad de Blanco, que se encontraba recluido en la Cárcel Central.
El documento confidencial de la Comisión para la Paz al que sólo tienen acceso los familiares directos de los desaparecidos y la testificación del propio Ramela, habrían establecido la versión de que Elena Quinteros fue ejecutada en 1976 por orden del gobierno cívico-militar.
La prueba presentada por la Comisión para la Paz (a los que no accedieron los denunciantes del Caso Quinteros), llevaron a la fiscal Mirtha Guianze a cambiar la carátula del proceso contra el excarcelado ex ministro, que de «coautoría de privación de libertad» pasó a tramitarse por «coautoría de homicidio».
El «informe» sobre María Claudia
En su informe final sobre el caso de la nuera del poeta argentino Juan Gelman, la Comisión para la Paz concluyó que fue secuestrada, trasladada ilegalmente y desaparecida por «fuerzas que actuaron de forma coordinada y no oficial o no reconocida como oficial».
El artículo 55 del Informe Final señala que la desaparición de María Claudia se considera confirmada «en función de que existen elementos de convicción coincidentes y relevantes» que así lo permiten asumir aunque «no (se) han podido confirmar plenamente las circunstancias de su muerte»
La Comisión para la Paz sostuvo que la joven argentina «fue detenida en Argentina y trasladada a nuestro país, donde estuvo detenida en un centro clandestino de detención y dio a luz una hija que le fue quitada y entregada a una familia uruguaya».
La hipótesis del informe final en relación a que la acción delictiva es considerada «no oficial o no reconocida como oficial», implica que no respondió a órdenes de los mandos y por lo tanto se trata de un delito común que no se encuentra amparado en la Ley de Caducidad.
Las conclusiones de la Comisión para la Paz fueron ratificadas como «versión oficial» del Estado por un decreto firmado por el presidente Jorge Batlle en el que se argumentó que las indagaciones que respaldan al Informe Final tienen «máxima credibilidad y certeza».
El «anexo confidencial» de Gelman
El «anexo II» de cada caso de desaparición forzada contiene todos los datos reservados y testimonios de los militares que en forma extraoficial colaboraron con la Comisión para la Paz y fueron determinantes en que el organismo concluyera que 26 desaparecidos en Uruguay fueron muertos y cremados.
La aparición de la hija de María Claudia en manos de una familia de policías uruguayos y los detalles de la indagación realizada por Juan Gelman y por un equipo periodístico de LA REPUBLICA, que permitieron confirmar su paradero y que la joven recuperara si identidad, hace particular al «anexo confidencial».
En el anexo también deberían constar datos y pruebas surgidas de otras investigaciones periodísticas que confirman que la joven argentina estuvo recluida en la Base Valparaíso de Montevideo, donde la trasladaron en un taxi, el mayor Ricardo Arab y el coronel Rodríguez Buratti.
Pero, particularmente este documento complementario ratificaría el testimonio que ante el propio juez Mirabal, realizó el senador Rafael Michelini, quien también le dijo a la Comisión para la Paz que el presidente Jorge Batlle le confirmó que el policía Ricardo «Conejo» Medina mató a María Claudia.
El «anexo» sobre la nuera de Gelman, debería incluir entonces, la respuesta que el primer mandatario le dio a su representante en la Comisión para la Paz cuando Ramela lo interrogó sobre lo dicho por Michelini. De no ser así, el juez Mirabal decidiría librar un exhorto para interrogar el presidente Batlle. *
Compartí tu opinión con toda la comunidad