A último momento, el gobierno logró posponer la votación de suspensión de ejecuciones judiciales

A la hora 00.30 de anoche el gobierno logró el apoyo de Correntada Wilsonista, sector que integran los diputados Raúl Argenzio y Beatriz Argimón para evitar la aprobación del proyecto de ley sobre suspensión de ejecuciones judiciales de deudores en dólares, ya que inicialmente estaban los votos para su sanción.

En la víspera se llevó a cabo en la Cámara de Representantes la sesión pactada desde hace veinte días con el único cometido de discutir la situación de deudores en dólares. El debate, que se extendió por más de nueve horas, contó con una lista de oradores inicialmente compuesta por 27 legisladores y la presencia de un importante número de deudores en las barras.

La reunión se realizó luego de los anuncios de Atchugarry, referidos a una solución administrativa, apoyada por los bancos, y compuesta por una fórmula que atienda a la situación de un universo limitado de deudores en dólares, con diferentes mecanismos de pago, que incluye la suspensión de acciones prejudiciales y judiciales para quienes se acojan al plan propuesto de refinanciación.

Un hecho que pautó la sesión fue el anuncio del Foro Batllista de que no retirarían su proyecto de ley, por el cual se pretende otorgar facilidades para pagar las deudas en dólares contraídas por particulares con instituciones financieras y administradoras de crédito, el que dijeron mantendrían en suspenso. Además adelantaron que realizarían «un monitoreo» de las propuestas de Atchugarry.

Si bien el hecho preocupa a senadores del Foro Batllista, de todas maneras consideran que la propuesta no prosperaría en la rama alta parlamentaria. Fuentes foristas aseguraron a LA REPUBLICA que de mantenerse el proyecto ley, la Comisión Política del sector  compuesta por ministros, senadores y diputados  no suscribirá la iniciativa.

Según los informantes, la decisión de los legisladores foristas se debió a que los diputados del Interior debieron «ceder a las presiones de parte de los deudores» y agregaron que el Foro Batllista continúa respaldando lo propuesta de Atchugarry.

La posición del Foro Batllista también generó malestar en legisladores del Partido Nacional quienes criticaron tal actitud puesto que si los propios «parlamentarios colorados no creen en su ministro, entonces no se puede pedir el respaldo del Partido Nacional». El planteo forista fue determinante para que algunos parlamentarios herreristas reafirmaran su posición a favor de una solución legal.

«Los que funden la nación»

Sin embargo, durante el debate se produjo un giro inesperado cuando el EP-FA propuso una moción de urgencia para que se analizara el proyecto de ley que la propia coalición de izquierda presentó en agosto de 2002 referido a las suspensiones de ejecuciones judiciales y extrajudiciales, solución contemplada parcialmente en el proyecto oficial.

En primera instancia, tal moción fue rechazada en dos oportunidades consecutivas por legisladores del Partido Colorado, Partido Independiente y parte de la bancada de diputados herreristas. En ese momento, las barras debieron ser desalojadas por la fuerza pública debido a la fuerte reacción del público presente.

«Aquí están, estos son los que funden a la nación»  coreaban los deudores presentes en las barras mientras eran retirados de las mimas  quienes además proferían fuertes insultos a legisladores del Partido Colorado y a nacionalistas que no habían votado la propuesta del EP-FA.

No obstante, la coalición de izquierda planteó que se reconsidera la votación de su moción  en la que proponía el análisis del proyecto de ley sobre suspensión de ejecuciones  y sorpresivamente contó las voluntades necesarias ya que en ese momento ingresaron a Sala los diputados de Correntada Wilsonista Raúl Argenzio y Beatriz Argimón.

Además, votaron a favor la bancada encuentrista, los diputados de Alianza Nacional, los herreristas Carlos González Alvarez, Nelson Bosh y Sergio Tarallo, la diputada independiente María Alejandra Rivero y el diputado del Nuevo Espacio, Felipe Michelini.

La situación generó inquietud entre la bancada de legisladores oficialista. En ese momento, el diputado Jorge Barrera (Batllismo- Lista 15) solicitó un cuarto intermedio de media hora en el que los diputados del sector mantuvieron contactos telefónicos con Atchugarry quien solicitó un plazo de una semana.

El sector de gobierno logró además el apoyo de los diputados de Correntada Wilsonista para aprobar la prórroga del análisis del proyecto para el próximo martes 3 de junio lo que finalmente se concretó.

«Desesperación y angustia»

El diputado Doreen Javier Ibarra (Frente Izquierda de Liberación) señaló que «la Cámara pierde la gran oportunidad de dar conformidad a una situación difícil, de desesperación, de angustia que viven miles y miles de deudores que están pidiendo solamente un plazo para que el sistema político demuestre su voluntad de dar una solución definitiva».

Por su parte, el diputado Felipe Michelini (Nuevo Espacio) expresó que si el 17 de mayo del año pasado se hubiera «dado una solución al sector agropecuario a través de la suspensión de ejecuciones judiciales como señal política y de gobierno para poder dar tranquilidad por un lado, y estudiar por el otro la situación del problema del sector, se hubiera avanzado mucho. Lamentablemente, un año después, seguimos con los mismos problemas». Argimón tomó la palabra a la hora 21.30 y consideró que era necesario buscar «una herramienta para descomprimir la situación de miles de uruguayos», y estimó que 45 días «es un plazo más que prudencial». El diputado Iván Posada (Partido Independiente) se pronunció en contra de una solución legislativa y el diputado Sebastián Da Silva (Desafío Nacional) señaló que está dentro de los involucrados como deudor en dólar, pero valoró los esfuerzos del ministro Atchugarry.

El diputado José Amorín Batlle (Batllismo-Lista 15) detalló las diferentes medidas del gobierno posterior a la crisis bancaria lo que culminó con el canje de deuda pública. El diputado Julio Cardozo (Alianza Nacional) señaló que la situación de angustia de los deudores fue a partir del cambio en la política monetaria del gobierno, y agregó que ante esta situación, su sector tiene «el legítimo derecho de no confiar en una medida administrativa, salvo que se demuestre lo contrario con documentos». La diputada socialista Silvana Charlone (Espacio 90) indicó que en el problema del endeudamiento en dólares tanto del sector productivo como de las familias, «el gobierno tiene responsabilidades, porque transmitió mensajes equivocados». *