"Pido su clemencia; no soy terrorista"

Aly, quien se encuentra detenido en Cárcel Central desde hace cuatro años acusado de participar en un atentado en la ciudad egipcia de Luxor y de pertenecer a una organización ilegal, reivindicó su derecho a «saber si Egipto aceptó o no las condiciones de la Justicia uruguaya y qué garantías presentó de que va a cumplirlas».

La Suprema Corte de Justicia envió, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, su resolución de otorgar la extradición a la República Arabe de Egipto de Aly Mokhles, con la condición de que no se aplique la pena de muerte ni la prisión perpetua.

En ese marco, Aly Mokhles remitió en la víspera una carta -escrita por su abogada la doctora Cecilia Schroeder, pero bajo el consentimiento del propio ciudadano egipcio-, al diputado Edgar Bellomo.

En la misiva que Schroeder entregó personalmente al diputado encuentrista Edgar Bellomo (Alianza Progresista) en su despacho del Edifico Anexo al Poder Legislativo, el ciudadano egipcio expresa su derecho a saber si «Egipto aceptó o no las condiciones de la Justicia uruguaya y qué garantías presentó de que va a cumplirlas».

«Pido su clemencia, porque soy un hombre común y no soy un terrorista.

Pero sobre todo soy una persona humana que está en un país democrático y pido sean cumplidas las garantías de un país democrático», manifiesta el ciudadano egipcio en su carta de dos carillas que lleva su firma y el sello de Cárcel Central (ver facsímil y recuadro).

Los fallos

El fallo de la Justicia de octubre de 2001 señala que se concede la extradición de Elsaid Hassan a Egipto, condicionada a aceptar las siguientes condiciones: «reciprocidad, no aplicación de la pena de muerte, según la Constitución de la República de Uruguay, descontar de la pena que actualmente se le imponga el arresto administrativo sufrido, respetar el principio non bis in ídem, acerca de la condena que sufrió en Uruguay, y someterlo a interrogativo exclusivamente por las causas que motivan la solicitud de extradición».

Asimismo, el 5 de mayo pasado se agrega al primer fallo de la Justicia, «la no aplicación de la pena de prisión perpetua». Posteriormente, el pasado 19 de mayo, la SCJ comunica el dictamen al Poder Ejecutivo.

En su momento Schroeder presentó un recurso de aclaración y ampliación, para que la SCJ explique qué delito de nuestra legislación cometió su cliente para ser extraditado y si el Estado uruguayo acepta la pena de trabajos forzados a perpetuidad que es la que le espera en Egipto.

El recurso fue rechazado por la Suprema Corte. Por su parte, Bellomo señaló ayer a LA REPUBLICA que su preocupación «es que el dictamen de la Justicia se cumpla al pie de la letra», y aguarda que el Poder Ejecutivo tenga presente la seguridad del cumplimiento de estas condiciones.

«Nosotros esperamos que se haga por escrito de parte de la Justicia de Egipto a efectos de garantizar los derechos humanos del extraditado.

No abrimos opinión, sí tenemos dudas de la importancia que se le atribuye a este ciudadano en cuanto a su pertenencia a una red terrorista, porque según informa su abogada nadie se interesó por él y no ha tenido apoyo económico. Además, tampoco, y felizmente, ha ocurrido ninguna amenaza de organizaciones terroristas internacionales sobre nuestro país». El legislador señaló que planteará la situación en la próxima reunión del grupo parlamentario de labor y alertó que estará «velando por el fiel cumplimiento de lo que dictaminó la Suprema Corte de Justicia». *