Bordaberry "tiene un pie en los tribunales"

La Ley de Caducidad de 1986 dejó la puerta abierta al procesamiento de los civiles involucrados en la dictadura uruguaya (1973-1985), al amparar solamente a militares y policías, destacaron el martes varios participantes en un coloquio titulado «Uruguay, país de impunidad», celebrado en París, citado por la agencia AFP.

«En 1986, los legisladores cometieron un error. Sólo pensaron en los militares al adoptar la ley de amnistía», declaró el magistrado francés Louis Joinet, ex relator especial de la ONU para la Lucha contra la Impunidad, al abrir el coloquio organizado en el marco del trigésimo aniversario del golpe de Estado del 27 de junio de 1973 en Uruguay.

«El ex presidente Juan María Bordaberry no era un militar y tampoco lo era el ex canciller Juan Carlos Blanco», explicó Joinet, quien recordó que la dictadura uruguaya tenía la «importante» característica de ser cívico-militar.

El magistrado francés no dudó en decir que el hombre que disolvió el Parlamento hace 30 años «tiene ahora un pie en los tribunales», a raíz de la denuncia presentada recientemente en su contra por violación de la Constitución.

Por su parte, la abogada Hebe Martínez aseguró que «la demanda contra Bordaberry es la que menos escapatoria tiene. Es absolutamente imposible que la Suprema Corte de Justicia diga algo como que no dio un golpe de Estado», aseguró, tras recordar que el ex presidente firmó el decreto de disolución del Parlamento. «Lo más grave es que este dictador no era un militar sino un civil elegido por la población» en las elecciones de 1971, subrayó.

La abogada aseguró que los civiles que colaboraron con la dictadura «fueron los máximos responsables». «Son los que han gozado de la mayor de las impunidades y de sus beneficios», dijo.

Otro abogado, Pablo Chargoñia, explicó que el caso Blanco «logró abrir una brecha en el muro de la impunidad», con el encarcelamiento del ex canciller en octubre pasado y a pesar de su reciente liberación provisional, en un país donde no se había procesado hasta entonces a ningún responsable de la dictadura, contrariamente a lo ocurrido en Chile y Argentina.

El letrado recordó que «la ley nunca había amparado al ex canciller, aunque en los hechos hubo que esperar hasta el año pasado para procesarlo» por coautoría del secuestro en 1976 de la opositora Elena Quinteros. «Blanco fue el primer acto de procesamiento de un dictador uruguayo», explicó el abogado, que acusó al ex canciller de haber sido «un ideólogo de la dictadura y un referente esencial del golpe». Chargoñia también relacionó a Blanco con el Plan Cóndor y citó una carta escrita por el legislador Zelmar Michelini a principios de mayo de 1976 en Buenos Aires, en la que señalaba que el canciller de la época «seguía sus pasos». «Con esta carta, Michelini está testimoniando y quiere que preguntemos ahora a Blanco lo que hacía allá unos días antes de su asesinato y el de Héctor Gutiérrez Ruiz» el 20 de mayo de 1976.

El abogado también aseguró que la anulación del pasaporte de Michelini, que le impidió salir de Argentina, «fue una decisión que sólo podía tomar el Ministerio de Relaciones Exteriores».

Chargoñia denunció asimismo «la estrategia de punto final y dar la vuelta a la página sin haberla leído», oficializada por el reciente decreto gubernamental que reconoció el asesinato de 26 uruguayos desaparecidos bajo la dictadura. «La versión oficial intenta desarmar la noción de delito permanente y amparar a los peores violadores de los derechos humanos», explicó. *