A veintisiete años de los asesinatos

Hoy se cumplen 27 años de los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, secuestrados en Buenos Aires en el marco del Plan Cóndor.

Gutiérrez Ruiz fue retirado de su casa en la calle Posadas, en Buenos Aires, a las dos de la madrugada del martes 18 de mayo de 1976. Los asesinos, que llegaron en varios Ford Falcon blancos y estaban vestidos de civil, permanecieron durante una hora en su casa.

El ex legislador fue maniatado delante de su esposa y sus cinco hijos. Antes de llevarlo, atado y con una funda cubriendo su cabeza, los secuestradores saquearon su casa.

Dos horas mas tarde, Zelmar Michelini también fue secuestrado del Hotel Liberty, ubicado en Corrientes casi Florida. Atado y con los ojos vendados, Michelini fue sacado frente a sus dos hijos mayores, quienes lo acompañaban. Trece días antes de su secuestro, el 5 de mayo, el ex legislador había enviado una carta al periodista Roberto García, de La Opinión, manifestando su temor ante la posibilidad de ser secuestrado (ver recuadro).

Sus cuerpos recién aparecieron, maniatados y asesinados a balazos, el viernes 21 de mayo a la hora 21.20. Estaban en la valija de un auto robado, color rojo marca Torino, hallado en la esquina porteña de las avenidas Perito Moreno y Dellepiane. Junto a ellos también estaban los cuerpos de la ciudadana chilena Rosa del Carmen Barredo de Schroeder y del uruguayo William Whitelow. La Policía Federal Argentina emitió un comunicado asegurando que junto a los cuerpos había «panfletos en los que una agrupación subversiva se adjudicaba la autoría del hecho». Las familias recién fueron comunicadas del hallazgo el sábado 22 de mayo.

El 25 de mayo de 1976, luego de un extenso trámite para recuperar los cuerpos, ambos legisladores fueron sepultados en el Cementerio Central de Montevideo ante una multitudinaria concurrencia que desafió a la dictadura para acompañarlos.

Ese mismo día, la dictadura uruguaya emitió un comunicado a la población afirmando: «Héctor Gutiérrez Ruiz fue requerido por la Justicia como sedicioso Nº 781″. El objetivo era evitar que «ciudadanos incautos enfoquen el suceso (el asesinato) como si se tratara de un militante del Partido Nacional, verdad meramente formal, en virtud de haber dictaminado la Justicia su integración con la subversión». Una comisión parlamentaria, instalada en 1985, investigó durante dos años y medio los secuestros y asesinatos, repudió los hechos, señaló que debería intervenir el Poder Judicial y concluyó que «en ninguno de los casos existe prueba de la participación intelectual o material de agentes uruguayos». *