"Uruguay carece de política de Estado en materia de alineamientos militares"

Las Fuerzas Armadas uruguayas aparecen como rehenes de una serie de presiones de Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y Brasil, quienes impulsan nuevos alineamientos internacionales, a la luz de un nuevo orden mundial, pero Uruguay, que necesita renovar su armamento, carece de una política de Estado al respecto.

El tema sobrevolará, implícita o explícitamente, las instalaciones del Hotel Sheraton de Montevideo, cuando representantes de tres probables candidatos presidenciales uruguayos -los doctores Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Tabaré Vázquez- debatan hoy sobre el presente y futuro de las Fuerzas Armadas, en el marco de un seminario organizado por la Fundación Konrad Adenauer y el Observatorio Cono Sur de Defensa y Fuerzas Armadas. Ayer participó, entre otros, como panelista, Marco Aurelio, asesor especial de política Internacional de la Presidencia de Luiz Inácio Da Silva (ver pág. 3).

Fuentes militares, reconocieron a LA REPUBLICA que cada una de las armas necesita con urgencia renovar equipamiento, pero se encuentran ante el peligroso dilema de depender de acuerdos políticos de los gobiernos de turno quienes, desde la salida del régimen militar, no han elaborado una «política de Estado» sobre el tema.

Los informantes señalaron que ni la propia Dirección Nacional de Información del Estado (Dinacie), dependiente del Poder Ejecutivo, ni los servicios de inteligencia de las respectivas armas, ni el Parlamento, han comenzado a debatir, en las últimas dos décadas, en un tema donde se define el futuro de las fuerzas armadas uruguayas.

Ni por aire, ni por mar, ni por tierra

El fatal accidente que una semana atrás sufrió un avión Aeromacchi SF-260 de la Fuerza Aérea y el trágico hundimiento del barreminas «Valiente» de la Armada en 2000, implicaron -además del irreparable costo humano-, un duro revés para el deteriorado parque del armamento militar uruguayo.

Un avión Hércules de la FAU se encuentra varado en Chile y otro tanto ocurre con un par de sus helicópteros Dauphine. La Armada no pudo realizar el anual viaje de instrucción de la fragata Capitán Miranda y dejó de participar en las maniobras «Atlas Sur» por la erogación que ello implicaba. El Ejército –como las otras armas– licenció la mayoría del personal para ahorrar hasta el «rancho» diario.

En ese marco, el propio ministro de Defensa, Yamandú Fau, reconocía en febrero que «el Ejército quisiera tener una capacidad operativa mayor en cuanto al aspecto de maniobras. La Armada quiere que los barcos puedan navegar más. La Fuerza Aérea quiere más horas de vuelo para sus pilotos».

El vicealmirante Carlos Giani advirtió a fines del año pasado que la Armada corre riesgos de no poder cumplir su misión de protección de la producción ictícola en el mar territorial, mientras que el brigadier general (av.) José Pedro Malaquín, explicó al celebrarse los 90 años de la Fuerza Aérea, que en 2002 el personal sumó sólo 10.700 horas de vuelo, de las 17.000 normales por año».

Giani, Malaquín y el comandante del Ejército, teniente general Carlos Daners, se reunieron el 15 de marzo con el propio presidente Jorge Batlle, para explicarle la crítica situación económica por la que atraviesan las Fuerzas Armadas y pidieron que se les habilitara combustible para un mínimo funcionamiento de las unidades militares.

Los radares y la «donación» rusa

En declaraciones del 18 de marzo en un matutino, el propio Fau señaló que un «objetivo inmediato» de su cartera era obtener los radares que durante más de una década había reclamado la Fuerza Aérea, para la vigilancia de vuelos clandestinos vinculados al terrorismo, el narcotráfico y el contrabando.

La adquisición de los radares se aceleró ante la captura de avionetas con drogas y frente a la denuncia del intendente de Lavalleja, Herman Vergara, sobre la existencia de más de una docena de aeropuertos clandestinos en su departamento.

Sin embargo, aunque existen disposiciones legales por las que dos radares (uno fijo y otro móvil, a un costo de 12 millones de dólares cada uno), se podrían adquirir con lo producido en la subasta del aeropuerto de Carrasco, las dilaciones en la adjudicación de la terminal aérea no permiten su concreción.

Las necesidades de los militares uruguayos sólo han tenido cierto grado de satisfacción por un acuerdo que suscribieron Uruguay y Rusia –del que LA REPUBLICA dio cuenta en octubre de 2002-. El convenio, que no fue comunicado al Parlamento, permitió adquirir equipamiento en el marco de la «deuda rusa» que Moscú tenía desde los tiempos de la Unión Soviética.

En marzo pasado, en una entrevista con El Espectador, el ministro Fau reconoció que, en el marco de ese convenio, Rusia donó un importante material que permitiría a los militares uruguayos tener locomoción por 20 años. «Llegaremos a 2023 con Fuerzas Armadas equipadas para movilizarse», dijo.

El acuerdo con Moscú, que implica el intercambio de información calificada como «confidencial» y considerada «secreto de Estado», también incluye la posibilidad de crear una «fábrica de reparación de armamentos y técnicas rusas». En ese marco habría viajado a Montevideo, pocos meses atrás, la principal autoridad de los servicios secretos rusos, según reconoció el ministro.

Ese convenio con Uruguay se efectuó en el marco de una ofensiva hacia Latinoamérica diseñada un año atrás por el Comité de la Federación Rusa para la Cooperación Técnico Militar con los Estados Extranjeros (CCTM), luego que la estatal Rosoboronexport realizara una importante exposición de aviones Sujoi, Knapo, Iapo, Mig y Yal-130, helicópteros MI-17, baterías antiaéreas Igla y tanques livianos VCI.

Otra ofensiva fue revelada por LA REPUBLICA a principios de abril, cuando el senador José Luis Korzeniak denunció la existencia de un planteo del Departamento de Estado norteamericano por el que se promete una importante ayuda militar, a cambio de no suscribir ningún convenio en la materia con Francia y Alemania (las dos potencias que no apoyaron la guerra en Irak).

La propuesta, que implicó un llamado a sala del ministro Fau, incluía una serie de recomendaciones de la administración George W. Bush, como la unificación de los servicios de inteligencia, aprobar una ley antiterrorista, la reducción del número de coroneles, la reforma de la Caja Militar y que el Hospital Militar sea exclusivo para el personal activo.

Como contrapartida, Estados Unidos ofrecería blindados Abrahams, vehículos Humm, hospitales de campaña, equipos de comunicaciones y uniformes de combate al Ejército; fragatas Oliver, buques suply y antárticos, lanchas rápidas oceánicas tipo FPB y de río tipo USCG a la Armada; y aviones C-130, F-5 y F-14, helicópteros UH y CH53 y patrullas aéreas Orión P-3 a la Fuerza Aérea.

El ofrecimiento genera una particular situación en la Armada, cuyas tres fragatas son de procedencia francesa y sus dos buques oceanográficos provienen de Alemania, ya que se dejaría de acceder a repuestos y mantenimiento, para una sustitución total de la actual flota.

A las «presiones» de Rusia, Estados Unidos, Francia y Alemania, se agregó un mes atrás la iniciativa de establecer un sistema de coordinación de defensa a nivel de América del Sur, que el flamante gobierno de Inácio «Lula» Da Silva realizó en Rio de Janeiro durante la IV Exposición sobre Tecnología Militar-Latin American Defense Tech. El propio ministro Fau se encargó de rechazar la propuesta brasileña, ya que en esos momentos el presidente Batlle se entrevistaba con Bush en Washington. «En principio, Uruguay más que por las defen
sas focalizadas a nivel de la región, se inclina por espacios de defensa que comprendan a toda América», opinó el secretario de Estado. Sin embargo, la negativa de Fau no habría sido compartida por el canciller Didier Opertti, quien marcó la existencia de «matices» personales (y del Foro Batllista) con la política exterior que impulsa el presidente Batlle. Tampoco a nivel militar, supo LA REPUBLICA, habría sido bien visto que se rechazara una estrategia regional sin que se haya discutido como política de Estado. *