Rossi: En plena crisis el grupo Peirano transfirió millones de dólares a sus empresas o a familiares

–José Peirano le envió a Javier Carlevaro, el 6 de abril de 2001 una misiva en la cual expresaba que «se había avanzado en la apertura de cuentas en forma directa de clientes del Banco Montevideo en el Trade & Commerce Bank (TCB) con sede en las Islas Caimán», y reconocía que éste no podía captar fondos de no residentes.

Usted señaló que con esa carta quedaba confirmado el esquema de corrupción del Grupo antes de la crisis argentina. Sin embargo, también es probable que ellos hayan previsto la situación que se acercaba.

–Son válidas las dos hipótesis. Una es que preveían la situación y, por tanto, estaban procurando mejorar el estado de las empresas vinculadas al grupo económico y en particular el TCB, o bien, era la forma normal de operar conscientes de que lo estaban haciendo al margen de la ley.

Si ellos preveían la situación, ¿el Banco Central del Uruguay (BCU) tenía derecho a no estar prevenido respecto a la situación. No sería el caso de que dicha autoridad bancaria debía controlar esas operaciones a partir de clientes que iban al mostrador de un banco habilitado y que iniciaban las operaciones con formularios membretados por ese banco habilitado y que transferían esos dineros a cuentas de una institución financiera fuera de la jurisdicción y de ley del país?.

Además, en el momento en que se analizó la situación del Banco Montevideo, para vender el banco La Caja Obrera, no se reparó en estas operaciones, porque terminó firmándose la venta del Caja Obrera el 3 de diciembre. Es decir, 18 meses después de esa carta e inmediatamente se precipitaron estas operaciones y otras con señales que ponían al descubierto los apremios que procuraba superar el grupo económico de la familia Peirano.

 

–Además, usted presentó ante la Comisión Investigadora dos documentos. Uno de ellos es un instructivo, con fecha 25 de febrero de 2001, a cargo del director del Banco Montevideo en el cual se describe lo que estaba sucediendo respecto a las operaciones y vencimientos, y otro es una carta del funcionario del Banco Montevideo Javier Carlevaro. ¿Qué pretende demostrar con estos documentos?

–Procuramos demostrar la variedad de situaciones que se dieron en un proceso iniciado mucho antes de la crisis del Banco Montevideo, o por lo menos de la crisis bancaria en el país, utilizando la captación indebida de depósitos del sistema bancario habilitado para remitirlo hacia cuentas en el exterior

Pero, ¿qué ley autoriza a que se desarrollara en los mostradores de un banco habilitado por el BCU este tipo de operaciones? ¿Qué ley, circular bancocentralista o resolución de qué organismo autorizó este tipo de operaciones antes y después de la crisis financiera?

¿Cuál es la razón por la cual el Banco Central postergó una intervención y la suspensión del Montevideo? Estas preguntas nadie las ha respondido. En ese esfuerzo desesperado por mantener los respaldos necesarios se recurrió a cualquier tipo de procedimiento.

En el momento de las conclusiones demostraremos que hubo omisión y permisividad de parte de las autoridades del Banco Central.

 

–¿Por qué motivos?

 

—Tal vez fuera un estilo de actuar sobre la base de la confianza con el sistema financiero y los banqueros.

Quizás, porque tenían instrucciones en ese sentido o porque fueron negligentes en el cumplimiento de sus obligaciones.

Las consecuencias de todo esto es que miles de uruguayos fueron perjudicados a partir de ser inducidos a utilizar herramientas del sistema bancario que no eran legales y que, sin embargo, se llevaban adelante a la vista de todos e incluso del BCU.

 

–El Grupo Peirano habilitó ciertas operaciones para que su propio dinero estuviera disponible.

 

–El 30 de mayo de 2002, todos estábamos nerviosos con lo que pasaba, el Ministerio de Economía y Finanzas había decidido transferencias muy importantes para la capitalización del Banco Comercial y su asistencia, y el BCU tenía permanentemente en sus actas las discusiones sobre las asistencias a resolver a las distintas instituciones bancarias.

Pero en ese preciso instante, Dante Peirano cursaba por correo electrónico una orden a un funcionario a través de la cual le expresaba: «Favor de debitar a TCB 440 mil dólares y acreditar valor hoy a Chiarino Fleurquín».

Es decir, Dante Peirano resolvía operaciones en favor de personas vinculadas a su familia en el momento en que arreciaban las demandas de todo el sistema bancario nacional y también del TCB, y se estaba negociando con el Banco Central que exigía a los Peirano que garantizaran las operaciones, respaldos y depósitos de dinero y, por otro lado se recibían asistencias.

Tenemos otros ejemplos, ya que operaciones como estas se reiteran. Porque Peirano habilitó otra partida, en este caso de 276 mil dólares también para Chiarino; y aprobó partidas por 473, 633, 486 y 314 mil dólares respectivamente a la empresa Lespan o una partida de 250 mil dólares para la empresa Probursa, ambas vinculadas al grupo.

Esto es una muestra, no sabemos si son las únicas operaciones, pero estamos hablando de transferencias millonarias en dólares que se realizaban en plena crisis bancaria y todas estas cuentas estaban vinculadas a la familia o a empresas colaterales.

¿Y el Banco Central dónde estaba?, porque el 22 de febrero de 2002 Marcelo Guadalupe y Dante Peirano informan sobre la necesidad de reforzar el TCB, y tres meses más tarde continuaban haciéndose estas operaciones.

Ese dinero, que no perdió ni la familia ni el Grupo Peirano, sí es el que ahora le falta para poder cumplir con los ahorristas y con el Estado.

Por otro lado, en abril de 2002 el ex funcionario del Banco Montevideo, Javier Carlevaro, envía una comunicación a Silvana Carro y Marcelo Guadalupe en la cual dice: «Durante la semana santa, en la cual asistieron (da una serie de nombres). Este sector tuvo la solicitud por parte de los inspectores del BCU, para hablar sobre las inversiones en TCB (…)». Al final de la nota pregunta: «No se mencionó la nueva operativa de abrir cuentas en forma directa con el TCB, ya que no lo preguntaron y fue intención precisa de los funcionarios no extenderse en las respuestas, sino responder en forma concreta a las preguntas realizadas».

Con esto se pone de manifiesto la actitud del banco y las instrucciones que daban sus funcionarios. Por su parte, el BCU era algo inocente.

Por otro lado, llama la atención la forma desorganizada y discrecional de manejarse con las transferencias al TCB de los depósitos del Montevideo.

Esto lo podemos demostrar con un e-mail del 31 de mayo de 2002 donde una de las encargada del Montevideo, Silvana Carro, comunica entre otros a Dante Peirano y Javier Carlevaro, una operación que se registró al TCB pero que no aparece

El texto del correo electrónico dice: «Ya me cansé, basta para mí, tenemos temas comerciales de importancia, para yo tener que estar atrás de un tema que está pendiente desde el 12 de abril y es la registración de una operación que se traspasó al TCB y no aparece.

Tan simple como que un cliente tiene una operación y lo único que pedimos es que podamos entregarle su comprobante. De un sector a otro se pasan la responsabilidad, juro que no sé quién debe hacerlo, por lo tanto copio a todos para que alguien levante la mano y tome la tarea como suya.

He agotado todos los medios, hablando con las personas que dicen deben hacerlo y como aún no se ha hecho, es que envío copia a Dante Peirano, para que colabore conmigo en esta tontería, realmente me da vergüenza. Silvana».

 

–¿Cómo ha sido la oper
ativa de transferencia de parte de las acciones de la familia Peirano a personas estrechamente vinculadas al grupo en las empresas COT SA y Gralado SA?

 

–Gralado vinculaba históricamente al Grupo Peirano con otros inversores.

Cuando se intervino el Banco de Montevideo, entre las empresas vinculadas al grupo, que aparecen como beneficiadas por créditos especiales, figuran algunas que son propiedad de los Peirano y que su patrimonio son las acciones de Gralados SA.

Es difícil de comprender que Gralado haya sido autorizada a emitir 5 millones de dólares de títulos de deuda pública, porque una empresa con una alta participación de los Peirano responsables del Montevideo y con una estrecha vinculación de los demás socios con el Grupo Peirano y está siendo autorizada a vender en plaza 5 millones de títulos con el respaldo de la empresa.

Peor es el caso de la empresa COT SA, la cual siempre perteneció al Grupo Peirano, y sus acciones estaban distribuidas de distinto modo, algunas pertenecían a personas vinculadas al grupo y otras a los Peirano integrantes del Montevideo y a sus hermanas.

Como las acciones pertenecientes a los Peirano, integrantes del Montevideo quedaron embargadas, para garantizar la continuidad de la empresa se les autorizó la transferencia de un porcentaje de las hermanas de la familia Peirano en favor de uno de los accionistas hasta que éste complete el 55 por ciento del capital accionario.

De esta manera se les garantizó el control de la empresa y la posibilidad de usufructuar las consecuencias del valor llave y las utilidades que la empresa genera.

 

–¿Usted sugerirá a los integrantes de la Comisión Investigadora, en representación del Encuentro Progresista Frente Amplio, un proyecto de resolución que responsabilizará a quién?

 

–Nuestra orientación de trabajo inicial se sigue manteniendo, y eso pasa por la capitalización del Banco Comercial y el contrato firmado por el gobierno uruguayo con los banqueros extranjeros.

En ese sentido, el contenido del contrato es indigno, porque los representantes del Poder Ejecutivo comprometieron más allá de sus potestades al Uruguay y sus poderes.

Uno puede entender que el ex ministro de Economía y Finanzas, Alberto Bensión, apremiado por la situación se haya precipitado en firmar un convenio para procurar evitar que todo el sistema quebrara, pero lo que en realidad pasó es que no sólo no evitó la quiebra sino que firmaron un contrato indigno con los banqueros internacionales socios de los hermanos Röhm y que, como tales, no sólo eran copartícipes de las operaciones que se realizaron antes sino que también estaban involucrados con las operaciones que realizaban en plena crisis.

Por otro lado, estamos interesados en profundizar sobre las condiciones en cómo se realizaron las asistencias, no sólo las que decidió el BCU, sino las que recibió el propio Ministerio de Economía y Finanzas a partir de Rentas Generales.

Tenemos dudas en cómo se instrumentó la asistencia al Comercial y también sobre interpretación que realizó el Tribunal de Cuentas de la República que no recibe la documentación en el momento en que se concreta la asistencia. A todo esto se agregan las situaciones en los Bancos Caja Obrera y Montevideo.

 

–¿Puede decirse que no se cumple la razón de ser de la Comisión Investigadora sino culmina con el resultado de su trabajo remitiéndolo a la Justicia o iniciando un juicio político al Presidente de la República?

 

–No es que no existan motivos para no seguir profundizando en el conocimiento de los hechos, pero la idea es conocer los acontecimientos para devolverle a la ciudadanía la posibilidad de creer en un nuevo sistema bancario.

Si se posterga su trabajo en el tiempo no se cumplirá con este objetivo.

En la etapa de las conclusiones, a la cual aún no hemos arribado, tendremos que conocer los hechos, establecer las responsabilidades las cuales pueden ser administrativas, políticas o legales.

Cada una de ellas permitirá elevar esos antecedentes para que en el ámbito administrativo se tomen medidas o las responsabilidades políticas se juzguen a través de los instrumentos que la Constitución prevé para ello, y desde el punto de vista jurídico las responsabilidades serán alcanzadas a la Justicia.

Lo que se hará con el apoyo de toda la Comisión, de la bancada de diputados del EP-FA o individualmente es cumplir con la obligación de que todo lo que conocemos será acercado al juez.

Pero la Comisión Investigadora también tiene potestades para realizar incitativas que permitan mejorar la estructura jurídica y legal para el mejor funcionamiento del sistema bancario en el futuro.

Como por ejemplo, desde la propia consideración y alcance del secreto bancario, hasta una iniciativa que permita corregir procedimientos que no han resultado adecuados para que los organismos de contralor pudieran cumplir con su cometidos. *