Uruguay concedió asilo político a dos militares golpistas venezolanos

Se trata de los capitanes del Ejército venezolano Otto A. Gebauer Morales y Carlos J. Blondell Tineo, quienes tuvieron activa participación en la detención y custodia del presidente Hugo Chávez, durante el alzamiento militar. Ambos escoltaron durante el golpe de Estado del 12 de abril de 2002 al presidente Hugo Chávez desde la Dirección de Inteligencia Militar hasta la Base militar de Turiamo (70 km al oeste de Caracas) y a la isla caribeña La Orchila (200 km al norte), donde fuerzas leales a Chávez le reinstalaron en el poder 47 horas después.

Ambos militares estaban prófugos, junto a los coroneles Julio Rodríguez y Yusseppy Pillyeri, y los capitanes Alfredo y Ricardo Salazar, y Wismasrck Martínez, así como el subteniente Gilberto Landaeta, todos integrantes del Ejército. La semana pasada pidieron asilo en la embajada de República Dominicana en Caracas los también capitanes Ricardo y Alfredo Salazar. Asimismo, Perú otorgó asilo político el fin de semana al capitán y al subteniente Landaeta, quienes se habían refugiado en su embajada en Caracas.

Todos estos oficiales están ligados al grupo de más de un centenar de militares que rodean a los 14 generales y almirantes que se concentran desde el 22 de octubre pasado en la Plaza Altamira, bastión opositor del este de Caracas, y declarados en «desobediencia» al presidente Chávez.

Los 14 generales y almirantes están involucrados en el efímero golpe de Estado del 12 de abril del 2002.

La decisión de Uruguay fue adoptada conforme a lo dispuesto por la Convención Interamericana sobre asilo diplomático de 1954 y tras un análisis técnico de los servicios jurídicos de la Cancillería, informó ayer esa secretaría de Estado.

El comunicado también señaló que ambos militares se encuentran en la residencia del embajador uruguayo de la República en la República Bolivariana de Venezuela y viajarán al Uruguay «tan pronto las autoridades venezolanas expidan los salvoconductos correspondientes».

De acuerdo con la acusación del gobierno venezolano, los militares golpistas están incursos en la comisión de delitos militares por los cuales son solicitados por las autoridades castrenses.

Permanecían en «lugar seguro» para evitar ser localizados por las autoridades militares y desconocer la orden de aprehensión.

Opertti sostuvo que la solicitud se había recibido el martes de tarde y que el gobierno estudiaba el pedido.

Según el ministro uruguayo «otorgar el derecho de asilo, si se dan las condiciones, no significa poner en tela de juicio las relaciones entre los países», porque «estamos solamente manejándonos en el contexto del derecho internacional». «Son mecanismos que están previstos por el Derecho Internacional y en el caso concreto de Venezuela y Uruguay hay Convenciones Internacionales en rigor y no estamos ensayando una suerte de pronunciamiento político que englobe una valoración o un juicio respecto a Venezuela, sino simplemente manejándonos dentro del contexto del procedimiento en materia de asilo».

Respecto a los fundamentos de si se trata de perseguidos políticos, dijo que «hay que acreditar una razonable fundamentación que persuada al Estado solicitado, al gobierno solicitado, en este caso Uruguay, de que existen condiciones que habilitan a ese otorgamiento». Como antecedente recordó lo que sucedió hace algunos años «cuando otorgamos un asilo a un funcionario del gobierno de Paraguay. Allí pusimos en la balanza los distintos elementos en juego y decidimos otorgar el asilo», afirmó. *