Gros señala responsabilidad del Estado en el caso del TCB-Banco Montevideo

La Comisión Investigadora recibió el pasado martes 22 a una delegación de ahorristas del Trade & Commerce Bank (TCB).

En ese marco, el doctor Héctor Gros Espiell, ex canciller de la República, aclaró a los legisladores que él no es ahorrista del TCB, sino del Banco de Montevideo, y que sus depósitos fueron «desviados al TCB», pero nunca tuvo «el menor contacto ni correspondencia» y jamás depositó dinero en dicha institución financiera.

Durante su exposición ante la Investigadora  según consta en la versión taquigráfica de la reunión , se refirió a la existencia del denominado conjunto económico compuesto por el TCB, Banco de Montevideo, Banco Velox y otras sociedades de carácter bancario o no, en Uruguay y fuera de él.

«En Derecho Económico la existencia de un conjunto económico hace que todo el grupo sea responsable de las actividades irregulares e irregularidades de cada una de sus partes», señaló.

Gros Espiell entiende que la importancia de que haya existido un conglomerado económico entre varias sociedades y en especial entre el TCB y el Banco de Montevideo radica en que «las exigencias que asumió el Banco de Montevideo son obligaciones del TCB y viceversa».

«Tales compromisos deben ser cumplidos, porque si el Estado uruguayo pretendiera decir que esto es del TCB y no lo pago, y esto otro es del Banco de Montevideo y lo pago, caería en una gravísima responsabilidad política y patrimonial. El TCB y el Banco de Montevideo son la misma cosa», aseguró el ex canciller.

A raíz de la comparecencia de los ahorristas, la Investigadora decidió recibir hoy a integrantes de la Comisión designada por el Banco Central del Uruguay (BCU) y creada por el artículo 31 de la ley de Fortalecimiento del Sistema Bancario la cual deberá determinar si también los ahorristas del TCB están comprendidos en el núcleo de depositantes del Montevideo.

El artículo 31 de la normativa faculta al BCU a otorgar a los ahorristas de los bancos de Montevideo y La Caja Obrera, cuyos depósitos hayan sido transferidos a otras instituciones sin mediar su consentimiento, los mismos derechos que correspondan a los demás depositantes de dichos bancos.

En tal sentido, el diputado Pablo Mieres (Partido Independiente) señaló que los ahorristas del TCB denunciaron ante la Comisión Investigadora que «habían sido engañados y que les preocupa que la Comisión creada por el BCU resuelva la situación de cada uno de ellos».

Por lo cual el grupo parlamentario de investigación entendió pertinente citar a integrantes de la Comisión para conocer los criterios que está utilizando.

El diputado Víctor Rossi (Alianza Progresista) sostuvo que ha quedado en evidencia que el BCU «omitía responsabilidades de controles y permitió una actividad por la cual los funcionarios del Banco Montevideo recibían incentivos para colocar un producto referido al desplazamiento de cuentas del banco para el TCB».

Asimismo, el parlamentario sostuvo que también existen «fundamentos que establecen responsabilidades del conjunto económico que integraban alrededor del patrimonio las instituciones encadenadas».

Señaló que existe una circular interna del Montevideo, con fecha febrero de 2002, a través de la cual se determina que «si el cliente del Montevideo en el TCB no se comunicaba con el banco, entonces establecían la renovación del depósito sin requerir consentimiento del depositante».

En tanto, «se le dio instrucciones a los mismos agentes para liberar partidas de millones de dólares del TCB y transferir a otras cuentas los depósitos vinculados al Grupo Peirano (personas o empresas) de modo de liberarlos de parte de la iliquidez del Montevideo y del TCB». *