Adelanto de la posición oficial de la central sindical, que se dará a conocer hoy

PIT-CNT: informe de la Comisión para la Paz tiene el objetivo de poner punto final

El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT aprobó, el martes pasado, un documento muy crítico del informe final de la Comisión para la Paz.

En el mismo, que se hará público en el día de hoy en conferencia de prensa la central sindical indica que la respuesta oficial a lo acontecido con los derechos humanos en la pasada dictadura es «pobre» y tiene la intención de que la Justicia, «desande el camino que empezó a transitar, con el primer castigo a los responsables de delitos gravísimos».

Más adelante añade que: «Se trata de un informe final de una Comisión que cesa en esos momentos de funcionar, por lo que nos parece inconveniente e incorrecto que se haya agregado, que las conclusiones son ‘definitivas’. Si es un informe ‘final’, y esa Comisión no actuará más, puede admitirse que son definitivas las conclusiones de esa Comisión. No en cuanto a ser la ‘Verdad Histórica’. Esto, que puede parecer una minucia de detalle, se demuestra que no es así, cuando posteriormente el presidente Batlle, hace suyo el informe y con ello que las conclusiones son definitivas».

El PIT-CNT enumera una serie de informaciones brindadas a la Comisión, sobre las cuales el informe de ésta nada dice, entre ellas, la denuncia sobre un segundo traslado de uruguayos en 1976 desde Argentina al Uruguay, denunciado por el propio PIT-CNT, así como sobre los testimonios entregados a la Comisión, que mencionan otro traslado en el año 1977.

«Estas denuncias que fueron dadas a cara descubierta, no tuvieron el privilegio de ser incluidas como una ‘Versión’, como lo fueron la dada en anonimato por sospechosas ‘fuentes militares'», subraya el documento.

Luego cita parte del informe de la Comisión sobre el destino final de las víctimas de la desaparición forzada, rebatiendo el argumento de que la misma es muy fragmentada. «Es temerario afirmar que la ‘información’, se encuentra muy fragmentada. Una cosa es que quienes aceptaron aportar una ‘versión’ sobre los hechos digan o aleguen saber sólo unos ‘detalles’ y otra decir que en las instituciones del Estado (las FFAA por ejemplo) no existe o existió un registro oficial de los hechos. Al menos eso es lo que se desprende de la ‘versión’ sobre los restos enterrados, desenterrados, vueltos a enterrar, desenterrados, cremados y tirados al mar. Más adelante, se dice que ‘la información clave o final’ que permitía confirmar los destinos de los desaparecidos, ‘estaba en manos de fuentes policiales o militares»‘. Esta admisión, para el Poder Ejecutivo y/o cualquier funcionario público, tiene implicancias muy especiales», afirma el PIT-CNT.

Las formulaciones de la Comisión de que en la emergencia se trató de conductas «sin control», omiten, según la central sindical, «un aspecto fundamental: se trató de un aparato represivo que no actuó ‘sin control’, sino con una ideología de la Seguridad Nacional, que justificó y fundamentó su accionar (…) la gran mayoría de los casos, esos centros de detención estaban localizados en el interior de unidades militares, por lo que se desvirtúa una acción ‘sin control'».

Finalmente, el texto señala que la información sobre el destino de los cuerpos es insustentable. *

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