El EP-FA y la situación en Cuba: nada hace prever una resolución traumática

La izquierda postergó el lunes pasado y por una semana la discusión del tema Cuba. En tanto, distintos dirigentes y sectores políticos se han pronunciado, tanto sobre la actitud asumida por el gobierno uruguayo en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU como por la ejecución en la isla de tres secuestradores de una lancha de pasajeros, en los primeros días de abril.

Los fusilamientos, más el procesamiento de 75 personas acusadas de conspirar junto al responsable de la oficina de intereses de Estados Unidos en La Habana, pusieron sobre la mesa distintas posturas sobre el régimen cubano, dentro de la coalición de izquierda. Sin embargo, en las posiciones existe un denominador común, el rechazo a la postura uruguaya de patrocinar una moción que solicita al gobierno de Fidel Castro la aceptación de un relator de los Derechos Humanos de la ONU, para que éste verifique el cumplimiento o no de los mismos. Es unánime dentro del EP-FA la idea de que la actitud del Poder Ejecutivo no se condice con la tradición del país y refleja un grado de «hipocresía» desconocido hasta el presente. En esa dirección, la izquierda advierte que Uruguay no condenó la invasión de Estados Unidos y Gran Bretaña a Irak, e incluso se opuso a que ingresara a la Comisión de la ONU, la discusión sobre la violación de los Derechos Humanos por parte de la fuerza invasora.

Las diferencias

Empero, las diferencias aparecen al juzgar las medidas tomadas por el gobierno cubano, especialmente la de los fusilamientos. En general todos los grupos han señalado su oposición a la pena de muerte, allí donde ésta se aplique.

El 26M ensayó en la audición diaria de CX 36, de su diputado Raúl Sendic, una justificación de las ejecuciones, especialmente por las circunstancias que las determinaron. En tanto, el Partido Comunista del Uruguay (PCU), que manifestó a través de algunos de sus dirigentes la oposición a la pena de muerte, también destacó el escenario adverso para Cuba, especialmente por la secuela de secuestros de aviones y embarcaciones de los últimos meses.

El PCU sostiene, en una declaración entregada a la Mesa Política del FA que «con el cúmulo de pruebas irrefutables aportados por agentes encubiertos del gobierno infiltrados en esas organizaciones, fueron detenidos, juzgados y condenados a prisión  de acuerdo a las leyes cubanas y con las garantías del debido proceso  75 agentes de los cuales sólo cuatro eran realmente periodistas de profesión. Garantías con las que no contaron los cinco patriotas cubanos sometidos a una parodia de juicio en Miami y a infamantes condiciones de reclusión.

El episodio más grave se produjo el 2 de abril, cuando un grupo de 11 personas con antecedentes penales, secuestraron una embarcación de transporte turístico, tomando de rehenes a sus pasajeros, con la intención de desviarla a la costa de EEUU. Desbaratado el intento, sus autores fueron juzgados y condenados a diversas penas de acuerdo a la legislación vigente y sus tres cabecillas fueron condenados a la pena de muerte, ratificada en primera instancia por el Tribunal Supremo Popular y luego por el Consejo de Estado».

Sin embargo, el senador Enrique Rubio de la Vertiente Artiguista (VA) sostuvo que hay entre su fuerza política y el gobierno cubano, una «diferencia inocultable, en las restricciones que se establecen a la actividad de los disidentes (no a los terroristas) y el rechazo a la pena de muerte en cualquier país». También, el diputado de la Corriente Popular, Carlos Pita ha manifestado su repudio a la pena de muerte y la convicción de que en Cuba existen «presos de conciencia».

Tanto el Partido Socialista (PS) como el Movimiento de Participación Popular (MPP) han expresado su rechazo a las ejecuciones, ya en Estados Unidos como en Cuba, pero, ambos sectores fueron enfáticos en señalar que no están dispuestos a sumarse a ninguna campaña anti Cuba, pues son conscientes de las circunstancias mundiales y del derecho a la autodeterminación de los pueblos. Socialistas y emepepistas manifestaron, también, que son contrarios al que el tema permanezca en el debate, dado que la decisión de la ONU como la campaña contra el gobierno de Castro viene impulsada desde Estados Unidos, justo cuando éste pretende afirmar su hegemonía en el mundo.

Si bien, las distintas posiciones tienen varios puntos contrapuestos y hay sectores que apuestan a reafirmar lisa y llanamente la solidaridad con Cuba (el 26M sostiene que «el FA, una vez más debe manifestar con todas sus fuerzas su solidaridad con la Revolución Cubana, sin vacilaciones, ni especulaciones de ningún tipo (…) Hoy que nuevas provocaciones terroristas se montan contra Cuba y la Revolución responde es necesario, más que nunca apoyarla»), la decisión de que el tema sea rumiado en la Comisión de internacionales del FA, facilitaría una postura común. En ella se denunciaría la posición «hipócrita» del gobierno uruguayo, el bloqueo económico a Cuba y la política belicista de Estados Unidos, y se haría mención especial de la filosofía de la fuerza política, contraria a la pena de muerte.

Por su parte, Asamblea Uruguay se reunirá esta mañana para ajustar una postura definitiva respecto a los acontecimientos ocurridos en Cuba, en virtud de la convocatoria que blancos y colorados realizaron en la víspera para debatir hoy el asunto en la Cámara de Representantes.

El diputado del sector Brun Canet afirmó, a título personal, que rechaza la privación de vida, en cualquier país del mundo. Empero, manifestó que también hay que tomar en cuenta los factores que condicionaron fuertemente el desarrollo de la autodeterminación del pueblo cubano, a partir del triunfo de la revolución en 1959. *