Gros Espiell: Nunca hubo consentimiento para transferir fondos a las Islas Caimán

La Comisión Investigadora recibió en la víspera a ahorristas del TCB y a damnificados por el robo de los coffres-fort de la sucursal del Banco Caja Obrera de la ciudad de Pando.

En ese marco Espiell, en su calidad de ahorrista del TCB, realizó un informe verbal referido a que «nunca hubo consentimiento, por parte de cerca de mil ahorristas, para que sus dineros fueran transferidos del Banco Montevideo al TCB», por lo cual resaltó que los depositantes fueron inducidos a error.

Espiell se refirió al contenido legal de la palabra consentimiento que en este caso no se habría cumplido, porque hubo «vicios por engaños de las gerencias del Banco Montevideo a sus ahorristas».

Aclaró que para la firma de una transacción debe existir por un lado una oferta y, por otro, la aceptación del contrato, pero en este caso como no existió una oferta precisa entonces no hubo consentimiento.

Asimismo, resaltó que los depositantes deberían estar comprendidos en el artículo 31 de la ley de Fortalecimiento del Sistema Bancario la cual faculta a Banco Central del Uruguay a otorgar a los ahorristas de los Bancos Montevideo y La Caja Obrera, cuyos depósitos hayan sido transferidos a otras instituciones sin mediar su consentimiento, los mismos derechos que correspondan a los demás ahorristas de dichos bancos.

A tales efectos, la comisión designada por el Banco Central analiza si los ahorristas del TCB están comprendidos dentro del núcleo de depositantes del Banco Montevideo.

Por tanto, sustentó desde el punto de vista jurídico la postura de estos ahorristas que pretenden quedar incluidos dentro del Banco Montevideo por no haber dado su consentimiento para la transferencia del dinero al TCB.

Por su parte, la escribana Alicia Barbani  representante de aproximadamente 500 depositantes del Montevideo  se refirió a la existencia de denuncias penales presentadas contra ex funcionarios del Banco Montevideo que hoy están ocupando puestos en el Nuevo Banco Comercial «quienes aún no fueron citados por la Justicia y que, entre otras cosas, daban órdenes a gerentes y agentes de cuenta de renovaciones automáticas sin comunicarle a sus clientes».

Barbani también presentó ante la Comisión Investigadora un acta notarial en la cual Dante Peirano Basso expresó que el Banco Montevideo debía asistir al TCB, porque era del mismo grupo financiero, a pesar de que el Banco Central argumentaba que no era conveniente que se continuara con esa operativa.

Del acta notarial realizada a las autoridades del Banco Montevideo por el escribano Jorge Castagnola Laira, en junio de 2002, surge que las referidas autoridades del mencionado banco se encontraban asumiendo las obligaciones emergentes del TCB reconociendo en esa misma acta que dichas obligaciones eran «del grupo» que integraba el Banco Montevideo, y tal como se les indicaba a los clientes del mencionado banco.

«Se desprende que el Banco Montevideo y TCB, tenían una misma y única responsabilidad ante los depósitos efectuados ante dicha institución», se expresa a través el acta notarial a la cual tuvo acceso LA REPUBLICA.

Las transferencias de los ahorristas del Banco Montevideo al TCB ascendió a 97 millones de dólares.

Mientras para el diputado Gabriel Pais (Batllismo, Lista 15) la salida de los depósitos de Uruguay es libre y sobre lo cual consideró que no existieron fallas en los controles.

Por su parte, el diputado Raúl Sendic (26 de Marzo) señaló que «hubo una responsabilidad específica del Banco Central del Uruguay, porque estaba en conocimiento de que el Montevideo ofrecía un producto sin autorización».

Maniobras fraudulentas

En tanto, los damnificados por el hurto de los coffres-fort del Banco Caja Obrera, de la sucursal de la ciudad de Pando denunciaron, entre otras cosas, «maniobras fraudulentas con cheques, previas al robo y que no fueron investigadas».

Señalan que hubo «un traslado injustificado de funcionarios por parte de las jerarquías del Banco con antelación al hecho que resultó de importancia para que se realizara el acontecimiento». También denuncian «la intervención directa de la máxima jerarquía de la sucursal Pando con claras responsabilidades funcionales por acción y omisión. Además, se trasladó el contenido de cada coffre-fort, luego del robo, hacia Montevideo sin autorización de la Justicia y menos de los damnificados».

Consideran que hubo «una suspensión por orden directa del interventor de la reconstrucción del hecho, además de la interrupción de la investigación bancaria y la prohibición de la realización de careos e interrogatorios de los funcionarios bancarios». Por su parte, la Comisión Investigadora resolvió volver a solicitar al interventor del Banco Caja Obrera el informe de la investigación administrativa interna para «conocer cuáles son las responsabilidades jerárquicas del banco en el robo», sostuvo Sendic. *