Los nuevos desaparecidos

Gialdino fue uno de los principales expositores del seminario «Derechos humanos en situaciones de crisis en el Uruguay», organizado por la fundación Konrad Adenauer, Uruguay Transparente y la Asociación de Magistrados del Uruguay, que se realizó en octubre de 2002. Su ponencia se denominó Judicialidad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y recientemente fue editada en un libro junto a las otras exposiciones realizadas en el seminario.

Gialdino se refirió al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y al Comité creado para su aplicación, haciendo hincapié en que los gobiernos no pueden reducir los derechos ya adquiridos, los que no sólo deben ser enunciados sino que deben ser cumplidos. También señaló que el neoliberalismo va a contrapelo del Derecho y que antes de honrar deudas con organismos internacionales hay que cumplir con los derechos humanos.

Respondiendo a quienes apuntan el peligro que entrañaría para la democracia la activa intervención del Estado en el terreno de los derechos económicos, sociales y culturales, Gialdino expresó que «bien sabemos, al menos los argentinos, lo que ha implicado la propagación y aplicación de estas ideas. Bien lo hemos sufrido, y lo seguimos haciendo. So capa del «achicamiento» del Estado, lo que se produjo fue el «achicamiento» de derechos, garantías y libertades. Era asunto de reducir al Estado, para someter a reducción a sus habitantes. No se trató de fijar ciertos límites a la injerencia del Estado en dichas áreas, basadas en el saludable principio de subsidiariedad y en una real participación del pueblo; sino de la lisa y llana aniquilación del Estado, para terminar dejando en el desamparo al individuo y a la sociedad».

El catedrático destacó que «no es sólo cuestión de enunciar o reconocer derechos, garantías y libertades. Se trata, hoy más que nunca, de hacerlas realidad. Y esto es cometido fundamental de todos y cada uno de los Estados, de todos y cada uno de los órganos que lo componen, y, muy especialmente, de los jueces. Los amigos de lo opuesto no pueden menos que olvidar las muestras que al respecto han dado tribunales de diferentes naciones».

Prohibición de retroceso social

Gialdino recapacitó sobre el sentido de la justiciabilidad de los derechos en las crisis y los ajustes, considerando que «es aún más requerida en estos trances», y que según el Comité en ese trance «los esfuerzos por proteger los derechos económicos, sociales y culturales más fundamentales adquieren una urgencia mayor, no menor».

«Esfuerzos y urgencia que tienen un inequívoco destinatario preferencial: los pobres, los marginados, los más vulnerables, los excluidos; en suma: los que tienen hambre y sed de justicia. Hay crisis porque hay personas que sufren la inequidad. La respuesta a ello, por lo tanto, no será la de sumarles mayor injusticia, incluso a santo de futuras reparaciones, siempre por esencia tardías, cuando no, generalmente, postergables. Paradójicamente, innumerables políticas y medidas de austeridad y restricción del gasto público, suelen dirigirse, primeramente, a la reducción de los derechos económicos, sociales y culturales. Paradojas, naturalmente, como la de lanzar al náufrago un salvavidas de plomo», entendió.

El catedrático destacó el principio de prohibición de retroceso social o el de prohibición de evolución reaccionaria. «Como lo sostiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos: si el Estado ha contraído la obligación de adoptar determinadas medidas, con mayor razón está obligado a no adoptar aquellas que contradigan el objeto y fin del tratado». Sumó a ello la doctrina de la Suprema Corte, según la cual «la falta de reglamentación de los derechos humanos no conduce a que se los deje de aplicar», pues ello puede suplirse «recurriendo a los fundamentos de leyes análogas, a los principios generales de derecho y a las doctrinas generalmente más admitidas» (Constitución, art. 332).

La situación a que padecen millones de personas en la región y el mundo merecieron el comentario de Gialdino. «Me parece mentira tanto desinterés por la legión de víctimas de la injusticia, por la legión de hombres y mujeres sometidos al hambre, la desocupación, la desnutrición, la explotación bajo regímenes labores decimonónicos; y aprisionados por las barreras que le impiden el acceso a la salud y a la educación; a constituir una familia; a la seguridad… Hombres y mujeres que, hoy, son nuestros nuevos «desaparecidos». Dijo que le resulta incomprensible que ante esta situación se predique «la abstención de nada menos que del poder del Estado encargado de impartir justicia y tutelar el goce de los derechos económicos, sociales y culturales. Para ser más precisos, la esperanza en el derecho, y en los hombres y mujeres que hacen de éste su bandera y herramienta. Pues el saber jurídico resulta, en definitiva, un saber liberador». (…) «Todo lo que reclama la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, no deriva más que de la legalidad, y de los compromisos que asumió el Estado de cara a la comunidad internacional y, principalmente, a todos las personas bajo su jurisdicción. ¡Que son éstas las que miran, anhelantes, la justicia del estrado!». *