Blanco también habría sido procesado si en 1986 se hubiese aprobado proyecto de amnistía colorado

«Cuando un civil participe como coautor o cómplice, o encubra un delito militar, el militar o equiparado será juzgado por la jurisdicción militar y el civil por la jurisdicción ordinaria», decía el texto propuesto por el partido de gobierno que integraba el propio ex canciller Juan Carlos Blanco

Si el Parlamento uruguayo hubiera aprobado el primer proyecto de ley de amnistía que el Partido Colorado presentó en 1986, el ex canciller Juan Carlos Blanco habría sido juzgado por la misma Justicia civil que ahora lo procesó como coautor de la desaparición de la maestra Elena Quinteros.

«En caso que esta propuesta redactada por el partido, en que Juan Carlos Blanco era entonces senador, hubiera sido aprobada, el ex canciller debería haber sido juzgado por el mismo tribunal que en el año 2002 lo procesó y envió a prisión», se afirma en un libro que sobre la maestra vienen redactando Sara Méndez y Raúl Olivera.

En el capítulo IX del libro, a cuyo borrador accedió LA REPUBLICA, se recuerda que el proyecto colorado decretaba la amnistía a los delitos cometidos desde la declaración del «estado de guerra interna» y el Acto Institucional Nº 19, por «militares o policiales, equiparados o asimilados, en acciones directa o indirectamente vinculadas a la lucha antisubversiva».

Se exceptuaba de la amnistía a «los autores, coautores, cómplices o encubridores de homicidio», los que serían juzgados por la Justicia militar. Pero la propuesta colorada establecía: «Cuando un civil participe como coautor o cómplice, o encubra un delito militar, el militar o equiparado será juzgado por la jurisdicción militar y el civil por la jurisdicción ordinaria».

Un capítulo en memoria de Elena

Textualmente, en el borrador del Capítulo IX del referido libro dedicado a lo que internacionalmente se conoció como el «Caso Venezuela», al recordar el proceso del debate público que llevó en diciembre de aquel año a la aprobación de la Ley de Caducidad, se señala:

«En filas del partido de gobierno, se mostraba con claridad su inclinación a implantar la impunidad: «La amnistía puede ser el camino para la pacificación del país»; «Ya amnistiamos sin saber a quién»… «este es un asunto esencialmente político y así debe resolverse». Aunque sin aparecer una fórmula concreta para implantar la impunidad y traicionar los acuerdos de la Conapro, empiezan a vislumbrarse cambios en el Partido de Ferreira Aldunate, en torno al tema. Los mismos se aprecian en la adhesión que ese partido envió al acto que el PIT-CNT realizó en conmemoración del aniversario del golpe de Estado. Ese mismo día en La Democracia, escribirá Ferreira: «Si, como algunos afirman, es menester conciliar los principios con la realidad, se nos permitirá recordar, aunque sea por última vez, que esa realidad, si es tal, no surgió ciertamente por obra o intervención de nuestro partido, sino de los que otros –todos los otros– hicieron, concertaron o pactaron. No por ello vamos a eludir nuestras responsabilidades para con el país».

En los primeros días de agosto, son públicamente conocidos, los términos de un proyecto de amnistía del Partido Colorado. Según ese proyecto, se decretaba la amnistía los delitos cometidos desde la declaración del Estado de guerra interna y el Acto Institucional Nº 19, por militares o policiales, equiparados o asimilados, en acciones directa o indirectamente vinculados a la lucha antisubversiva. se exceptuaban a los autores, coautores, cómplices o encubridores de homicidio, los que serían juzgados por la justicia militar. Clausuraba las contiendas de competencia, resolviéndolas a favor de la Justicia Militar; los delitos cometidos por militares no serían extraditables: Un dato curioso e interesante de este proyecto, es que establece que: «Cuando un civil participe como coautor o cómplice, o encubra un delito militar, el militar o equiparado será juzgado por la jurisdicción militar y el civil por la jurisdicción ordinaria».

En caso que esta propuesta redactada por el partido en que Juan Carlos Blanco era entonces senador, hubiera sido aprobada, el ex canciller debería haber sido juzgado por el mismo tribunal que en el año 2002, lo procesó y envió a prisión.

En setiembre, y muy cerca del momento en que se materializara la política del doctor Sanguinetti, otorgando la impunidad a los militares, Wilson, que también acompañaría y tendría un papel preponderante para materializarla escribía en La Democracia, sosteniendo lo que luego no pondría en práctica: «Es conocida de sobra nuestra posición sobre el tema de fondo: reiterada, machaconamente, hemos sostenido la necesidad de cumplir los compromisos contraídos por todos los partidos frente al país, antes y después de las elecciones, conjunta y separadamente. Y aun los asumidos por el propio gobierno y en representación de la República, ante la comunidad internacional.

Hasta hoy, no hemos encontrado razones que puedan convencernos de la necesidad o conveniencia de cambiar de opinión. (…) Ni la paz ni la reconciliación ni el olvido se establecen por decreto o se imponen por ley: no se odia o ama o perdona porque así lo disponga alguna pragmática porque esas cosas, como que son del alma, deben venir de adentro para afuera. En otros términos: se olvida olvidando, y eso no ocurre cuando se quiere, sino cuando se puede». *