Los fiscales reclaman ser tenidos en cuenta para la Suprema Corte de Justicia

La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes recibió el pasado miércoles 9 a representantes de la Asociación de Magistrados del Ministerio Público y Fiscal del Uruguay, integrada por la doctora Mirtha Guianze en su calidad de Presidenta, y por las doctoras Silvana Irureta, Norma Carrasco y Ana Telechea.

Guianze expresó a los legisladores una preocupación de «larga data» referida al hecho de que el Ministerio Público «nunca ha sido tenido en cuenta en la designación de los miembros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA)».

«Nos basamos en el artículo 235 de la Constitución de la República que habla de las calidades que se requieren para ser miembro de la SCJ y en el numeral 3° se menciona: ‘Ser abogado con diez años de antigüedad o haber ejercido con esa calidad la Judicatura o el Ministerio Público o Fiscal […]'», sostuvo la fiscal, según consta en la versión taquigráfica de la reunión a la cual accedió LA REPUBLICA.

Añadió que el artículo 236 de la Carta Magna establece que los miembros de la Suprema Corte de Justicia se designan por dos tercios de votos del total de componentes de la Asamblea General, dentro de los noventa días de producida la vacancia.

«Ha habido casos en que hay una propuesta concreta con respecto a un determinado magistrado. Sin embargo, cuando esa propuesta no se da o no existe un acuerdo para el nombramiento de una determinada persona, entra a jugar el literal segundo del mismo artículo que establece: ‘Vencido dicho término sin que se haya realizado la designación, quedará automáticamente designado como miembro de la SCJ el miembro de los Tribunales de Apelaciones con mayor antigüedad en tal cargo y a igualdad de antigüedad en tal cargo por el que tenga más años en el ejercicio de la Judicatura o del Ministerio Público o Fiscal».

«Es decir, en este caso estarían en un plano de igualdad tanto los integrantes de la Judicatura como los integrantes del Ministerio Público y Fiscal. La misma situación se da con respecto al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, artículo 308 que dice que la forma de designación será la misma prevista para la Suprema Corte de Justicia», agregó la magistrada.

Guianze considera que la interpretación que podría darse tendría que estar coordinada con el artículo 24 de Ley Orgánica N° 15.365, que establece bajo el título de «Equiparación» que las funciones del Ministerio Público y Fiscal quedan equiparadas a las de la Judicatura a los efectos de la antigüedad y promoción de las respectivas carreras; lo mismo con respecto a la dotación, jubilación o retiro.

Agregó que existe una primera interpretación que podría ser que «solamente se produciría la entrada de un integrante del Ministerio Público en el caso de que hubiera igualdad de antigüedad en los miembros de los Tribunales de Apelaciones. Aun en ese caso, hasta ahora, nunca se ha pedido la antigüedad de los miembros del Ministerio Público. Como ahora va a haber vacantes y vemos que esta disposición constitucional ha sido hasta el momento letra muerta».

Sostuvo que su aspiración es que el cargo de Fiscal Nacional «se considere como el de un Ministro del Tribunal de Apelaciones, ya que está legalmente equiparado, a los efectos de considerar la antigüedad. En última instancia, si esa interpretación no fuera recibida, por lo menos, creo que es clarísimo que en caso de que haya igualdad de antigüedad entre dos ministros del Tribunal de Apelaciones, habría que pedir también la antigüedad de los miembros del Ministerio Público y Fiscal». *