Peritos analizarán bancarrota del Comercial

El 2 de abril pasado se desarrolló una audiencia en el Juzgado Civil de 16º Turno, en el que se sustancia el juicio que el ciudadano egipcio Elías Ibrahim (fallecido) inició y que ahora siguen sus hijos contra el Banco Central del Uruguay, Banco Comercial SA, Juan Antonio Otegui, Eduardo Vargas Garmendia, Ignacio Irureta Goyena, Jaime Cardozo Saavedra, José Luis Pardo Santayana, Hugo Eguiluz Paullier, Eduardo Peirano y Eduardo Pons Heber, aunque este último llegó a un acuerdo extrajudicial con Ibrahim. En el período que los denunciados fueron directores del Comercial, era asesor de esa institución el ex ministro de Economía y Finanzas Alberto Bensión.

En la audiencia, la jueza civil de 16º Turno Elizabeth Ansuberro aprobó un plan de trabajo a realizarse por tres peritos, un abogado, un contador y un economista, a quienes les dio un plazo de 180 días para que presenten un informe en el que, entre otros sucesos, estudiarán el vaciamiento y la quiebra del Comercial en los años 80.

La comisión de peritos que se constituyó deberá, entre otros puntos, analizar el proceso económico contable del Banco Comercial SA desde que integraron su directorio las personas denunciadas por Ibrahim; las relaciones entre el Banco Comercial SA y empresas colaterales de los demandados; si hubo concentración del crédito en las empresas de los directores o de sus familiares; analizar la cristalinidad del manejo financiero del Banco Comercial y las observaciones que en su momento le realizó el Banco Central; determinar el valor de las acciones de Ibrahim en el Banco Comercial y su legitimación activa.

La estimación provisoria del monto de los daños y perjuicios que reclaman los hijos de Ibrahim es de 12 millones de dólares. Es en este juicio civil que la defensa de Banco Comercial SA de los hermanos Röhm fue pagada por el Estado uruguayo, ya que una cláusula del acuerdo por el que el Comercial fue vendido a los Röhm expresa que el Estado uruguayo se hace responsable de deudas que pudieran aparecer anteriores a la venta, como sería la de daños y perjuicios si Ibrahim gana el juicio que comenzó años atrás. Por ello es que desde hace doce años el Estado uruguayo paga los honorarios de una abogada que defiende a Banco Comercial SA. Este tema está siendo investigado en la Justicia Penal, donde el juez penal de 1er Turno Eduardo Cavalli y la fiscal Ana Tellechea oficiaron al Banco Central para que informe si efectivamente con dineros públicos se pagó la defensa del Banco Comercial SA todos estos años y de ser así cuáles son los montos destinados a ello. *