Decreto de Batlle enmarca el informe final sobre desaparecidos en la Ley de Caducidad

La referencia al artículo 4º de la Ley de Caducidad, cayó como un «balde de agua fría» en el grupo de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Eduardo Pirotto, dijo anoche a LA REPUBLICA que en las conversaciones con Batlle, previas a la conformación de la Comisión para la Paz, «jamás se habló de investigación». «El propio Batlle descartó la palabra investigación y en el propio decreto de constitución de la Comisión para la Paz no aparece una sola vez la palabra investigación ni la Ley de Caducidad. No creo que Familiares vaya a avalar esto», advirtió, a título personal. De todos modos, Pirotto reconoció la «alta significación histórica» del documento final. «Eso está dicho y se mantiene», agregó.

En la tarde de ayer, Batlle se reunió con los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el ministro de Defensa, Yamandú Fau, para comentar, entre otros temas, el contenido del informe presentado la semana pasada por la Comisión para la Paz. En el encuentro, calificado de «trabajo», también se estudió una solicitud de Naciones Unidas para el traslado de efectivos uruguayos hacia una zona del Congo que requiere una mayor presencia «disuasiva» de cascos azules. Batlle quiso dejar encaminadas todas las medidas que impliquen poner en práctica las sugerencias de la Comisión para la Paz, antes de su viaje a Estados Unidos, el sábado próximo,

Ayer, luego de analizar el tema durante gran parte de la mañana con el ex integrante de la Comisión, Carlos Ramela, y el secretario de la Presidencia, Raúl Lago, el Presidente firmó el decreto en el que se acepta «en todos sus términos» el informe final, se afirma que se cumplió con el artículo cuarto de la Ley de Caducidad, y dio cuenta del trabajo a la Asamblea General y a la Suprema Corte de Justicia.

La semana pasada, Batlle rubricó un decreto en el que se aceptaba el informe final, y se asumía que el contenido de ese documento era la «versión oficial» sobre los desaparecidos durante la dictadura.

En el decreto emitido anoche, el gobierno respalda los resultados a los que arribó la Comisión. El grupo concluyó la semana pasada que 24 uruguayos desaparecidos en el país murieron en sesiones de torturas, fueron enterrados en dependencias militares, luego desenterrados, cremados, y sus cenizas tiradas al mar.

En el considerando primero del decreto se sostiene que «los criterios metodológicos y de valoración de la prueba, acordados por los integrantes de la Comisión para la Paz, así como los significativos aportes recibidos en el país y en el extranjero, permiten otorgarle máxima credibilidad y certeza a las conclusiones de ese Cuerpo».

Agrega que esas conclusiones, «además de confirmar que en la enorme mayoría de los casos el contenido de las denuncias recibidas, con detalles y nuevo elementos, terminan por ratificar una situación trágica y dolorosa que nuestro país debe asumir con la prudencia y la grandeza propia de su historia, ya que ponen de manifiesto realidades fácticas que, a esta altura de los acontecimientos, son el único corolario lógico y natural de los hechos ocurridos en aquellos años».

En el último considerando, el Presidente sostiene que el trabajo de la Comisión para la Paz «cumple definitivamente» con lo dispuesto en el artículo cuarto de la Ley de Caducidad.

Dicho artículo indica que cuando la Justicia se lo pida, el Poder Ejecutivo dispondrá las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos referidos a denuncias contra autoridades de la dictadura.

Por último, y «a sus efectos», el gobierno remite el informe final al Poder Legislativo y a la Suprema Corte de Justicia.

En las próximas semanas, en tanto, el gobierno pondrá en marcha varios planteos de la Comisión, que se viabilizarán vía proyecto de ley.

Uno se refiere a la reparación económica de los familiares de los desaparecidos. «La reparación se impone y debe ser asumida más allá incluso de cualquier y elemental mandato ético, por una simple valoración jurídica que impone al Estado la obligación de reparar íntegramente los daños que provocaron las actuaciones ilegales e ilegítimas de sus agentes», dice el informe de la Comisión.

También se remitirá al Parlamento un proyecto para declarar la «ausencia por desaparición forzada», para «superar una serie de trabas formales que los han afectado en materia de estado civil y derecho sucesorio», según manifestó la Comisión.

El grupo sostuvo en su informe que la declaración de desaparición forzada «es la que naturalmente se adapta, con mayor exactitud, a una hipótesis donde el fallecimiento no puede ser acreditado, de forma objetiva, por no haberse ubicado los restos respectivos, permitiendo a su vez en la esfera jurídica la determinación de un Estado que supera la indefinición legal que se ha sufrido –como un perjuicio más– hasta el presente».

Según fuentes oficiales, luego de esta interpretación de la situación, el caso de Juan Carlos Blanco queda como está. «El gobierno no puede interferir con la Justicia», dijo la fuente consultada respecto a si se impulsaría alguna medida para evitar que Blanco siga procesado por el caso de la maestra Elena Quinteros. Se indicó que todo está en manos de la Justicia.

Reunión con los comandantes

Por otro lado, Batlle analizó ayer el informe de la Comisión para la Paz con los comandantes en jefe del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. La reunión se realizó a media tarde en la residencia de Suárez y Reyes, en la que también estuvo presente el ministro de Defensa, Yamandú Fau.

Se trató de una reunión «muy cordial», en la que se analizó también la marcha del conflicto en Irak, dijo a LA REPUBLICA uno de los participantes. El informante negó que exista «inquietud» en las Fuerzas Armadas por el contenido del informe de la Comisión para la Paz.

El lunes, el comandante del Ejército, Carlos Daners, adelantó que su fuerza avalaba la posición asumida por el gobierno en este tema.

Poco antes de esa reunión, Batlle se entrevistó en el Edificio Libertad con el presidente del Centro Militar, Juan Modesto Rebollo. Consultado si en el encuentro –de una hora– conversó sobre el informe de la Comisión, el militar retirado dijo que no quería hacer comentarios sobre el tema.

Indicó que visitó al Presidente para invitarlo al acto central que se realizará en el mes de mayo, cuando se recuerden los 100 años del Centro Militar.

Planteo de ONU

En el encuentro en la residencia de Suárez y Reyes también se evaluó un planteo de Naciones Unidas para trasladar a efectivos uruguayos dentro del Congo hacia una zona de ese país africano «donde se requiere mayor presencia disuasiva de cascos azules».

La medida afectaría a integrantes del Ejército y «es probable» que sea aceptada por el gobierno uruguayo. *