La Ley 16.170 y la "aspiradora" de la Tesorería General de la Nación

El 28 de diciembre de 1990, la presupuestal Ley 16.170, a través de su artículo 643, determinó que las ganancias anuales de los entes autónomos y servicios descentralizados debían volcarse en su totalidad a la Tesorería General de la Nación, a excepción de lo que necesitaran para su funcionamiento.

En manos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) quedó el instrumentar los criterios técnicos que se deberían aplicar, en particular para la reglamentación de un «régimen de adelantos a cuenta de resultados». La OPP pasó a fijar el monto que, cuatrimestralmente, las empresas públicas debían volcar a Rentas Generales.

A partir de entonces los entes con ganancias, particularmente Antel, iniciaron un proceso de descapitalización que voceros del Sindicato Unico de las Telecomunicaciones (Sutel) no dudan en calificar como un «intencionado vaciamiento» de la empresa estatal para paliar el déficit fiscal, la iliquidez del Estado, y favorecer la competencia de empresas privadas.

La situación había sido denunciada en setiembre de 2001, por la ex presidenta de Antel, contadora Rosario Mederos, entonces miembro del Directorio del Banco Central del Uruguay (BCU), quien en el seminario «Telecomunicaciones: aportes hacia una política de Estado», dijo que «este nivel de retiros ha conspirado contra el crecimiento de Antel y su nivel de inversión.

«En el año 2000, por primera vez desde su creación, se ha reducido el patrimonio de la empresa. Los retiros por dividendos fueron superiores a las utilidades, por lo cual la empresa se descapitalizó (…) los dividendos más los impuestos pagados han llegado a los U$S 520 millones, es decir el 66% de los ingresos. Esta situación es insostenible. Es un método de cobrar impuestos sin autorización legal y en forma que conspira contra el desarrollo de la empresa», acusaba.

El proceso de succión de las ganancias de las empresas públicas ha continuado ininterrumpidamente desde entonces. Durante el año 2002, Rentas Generales captó $ 4.484.000.000 (más de U$S 200 millones) de los entes autónomos y servicios descentralizados del dominio comercial e industrial del Estado. De esa cifra, más de la mitad la aportó Antel. *