En un año Rentas Generales "succionó" casi 150 millones de dólares de Antel

En los primeros cuatro meses del año, Antel lleva «aportado» a Rentas Generales U$S 23.500.000 y desde marzo del año pasado debió volcar a la Tesorería General de la Nación casi U$S 150 millones, en cumplimiento de una ley que ha transformado al ente en una suerte de «cajero automático» del Poder Ejecutivo.

La empresa estatal de las telecomunicaciones aporta más de la mitad de lo que el Ministerio de Economía y Finanzas recauda de las ganancias de todos los entes autónomos y servicios descentralizados, en una política que voceros del sindicato califican como de «vaciamiento de la empresa».

Dirigentes de Sutel subrayaron a LA REPUBLICA su preocupación por la continuidad de esa política cuando el gobierno se ha comprometido ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) a impulsar normas que promuevan la competencia en el sector, pese al monopolio que Antel recuperó sobre las telecomunicaciones.

En el año 2002, el Directorio del ente aprobó una serie de resoluciones por las que terminó vertiendo a una cuenta del Banco Central del Uruguay (BCU) 118 de los U$S 200 millones que el Estado obtuvo como adelanto de los resultados de todas las empresas estatales, según lo establece la Ley 16.170.

El pasado 17 de marzo, por la Resolución Nº 304/03, el ente de las telecomunicaciones dispuso el pago de 667.565.200 pesos (23.500.000 dólares) a la Tesorería General de la Nación por concepto de la primera cuota anual de los resultados futuros del actual ejercicio 2003.

LA REPUBLICA accedió a copias de las resoluciones en las que se confirma que el ministro de Economía, Alejandro Atchugarry, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Ariel Davrieux, reclamaron a Antel sucesivos «adelantos» de los aportes en momentos claves de la crisis económico financiera que estalló el año pasado.

El «sangrado» en 2002

La «aspiradora fiscal» del gobierno sobre Antel, en los últimos 12 meses, comenzó a funcionar el 22 de marzo de 2002 cuando, por la Resolución 5/02, el Directorio del ente autorizó a verter U$S 33.500.000 a la Tesorería General de la Nación, por concepto de la primera cuota anual de resultados futuros previstos en la Ley 16.170.

Tres meses después, en la sesión del 13 de junio de 2002, el Directorio de Antel admitía que «mediante conversaciones mantenidas con el señor presidente del Directorio, el señor ministro de Economía plantea la posibilidad de realizar en el corriente mes un pago a cuenta del monto a verter en el año 2002″, en aplicación del artículo 643 de la Ley 16.170.

En esas «conversaciones» se obtuvo una reducción sobre aportes futuros, a cambio de un «adelanto» efectivo de U$S 9.708.333 que por la Resolución 763/02, Antel terminó vertiendo a Rentas Generales, pocos días antes de que el gobierno decidiera, intervenir los Bancos Montevideo y La Caja Obrera.

Sólo doce días después, ya en plena crisis del sistema financiero, el Directorio de Antel tomó conocimiento de otra nota que le enviaba la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El contador Ariel Davrieux les comunicaba que el ente  que acababa de adelantar casi diez millones de dólares , debía dar ahora otros $ 575.664.000 (U$S 33.500.000) por la Ley 16.170. Ese 25 de junio, el Directorio aprobó ese pago mediante su Resolución 832/02.

La tercera cuota de sus ganancias futuras fue el tema de la sesión del 12 de setiembre, en la que el Directorio de Antel se informó que debía pagar al día siguiente la suma de $ 684.670.200. Como se sufría la crisis devaluatoria y el dólar cotizaba a $ 31,25, resolvieron descontarse lo que ya habían «adelantado» un mes antes y por la Resolución 1289/02 aceptaron aportar sólo $ 372.170.200 (casi 12 millones de dólares)

Sin embargo, ese mismo día, a través de otra resolución (Nº 1290/02), el propio Directorio del ente de las telecomunicaciones aceptó una nueva solicitud del ministro de Economía, Alejandro Atchugarry, y del director de la OPP, Ariel Davrieux, quienes le pedían otro «adelanto». Aceptaron entonces autorizar un pago a cuenta por otros U$S 6 millones.

Antel, «cajero» del Poder Ejecutivo

Los sucesivos anticipos que en nombre de la Ley 16.170 se solicitaban día a día a las empresas estatales no alcanzaban a solucionar las cuentas del gobierno, y el 11 de noviembre el Poder Ejecutivo aprobó el Decreto Nº 436 en el que estableció que esos aportes de entes y servicios descentralizados pasarían a ser mensuales y se depositarían en una cuenta a nombre de la Tesorería en el Banco Central del Uruguay.

Los directores de Antel llegaron a la sesión del 28 de noviembre y recibieron la nueva cifra que les facturaba la OPP: les quedaba por pagar la cuarta cuota de la Ley 16.170 equivalente a $ 735.159.000 (U$S 23,5 millones), menos los U$S 6 millones que ya habían «prestado» en setiembre. Pero, por el Decreto Nº 436 tendrían que abonar $ 200.000.000 como adelanto mensual en noviembre. La Resolución 1695/02 aprobó ese nuevo pago a la cuenta en el BCU.

La última sesión del Directorio de Antel de 2002 se realizó el 30 de diciembre. Los miembros del organismo no llegaron a levantar sus copas para despedir el año: los esperaba otro pedido de la OPP. Debían pagar los $ 735.158.000 de la cuarta cuota de la ley, menos los U$S 6 millones adelantados ($ 163.620.000), menos los $ 200 millones pagos en noviembre. En definitiva, liquidaban el año con un pago de $ 371.538.000.

Sin embargo, la «Carta de Reyes» que la OPP había enviado ese 30 de diciembre, agregaba otro pedido: solicitaba un nuevo adelanto de U$S 5.500.000 a cuenta de la versión de resultados prevista para el ejercicio 2003.

Por la Resolución 1846/02, el Directorio de Antel accedió a pagar los $ 371.538.000 (más de 13,5 millones de dólares) correspondientes al año 2002 y adelantar otros U$S 5,5 millones (que pagó con Bonos del Tesoro y U$S 73.600 en efectivo) de sus futuras ganancias.

En el año 2002, Antel vertió a Rentas Generales un total de U$S 118 millones, según reconocen sus autoridades, que no contabilizaron el último adelanto de U$S 5,5 millones.

El propio ministro de Economía Alejandro Atchugarry aceptó en febrero último ante una comisión parlamentaria que «las necesidades de caja del Estado no permitían prescindir de esos aportes.» *