"Es hora de que los militares pidan perdón y reconozcan los horrores"

Michelini expresó, en entrevista con LA REPUBLICA, que el informe final de la Comisión para la Paz «es un paso, pero tienen que haber otros que permitan brindarle la verdad al país, y también tienen que haber hechos de justicia que terminen asestándole un golpe mortal a la impunidad, construida y alimentada por el ex presidente de la República, Julio María Sanguinetti».

El parlamentario coincidió con la posición de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos para la cual el informe «no es el punto final, sino un acercamiento a la verdad».

En ese sentido, el legislador sostuvo que «punto final no puede ser» en la medida que hay varios capítulos que quedan fuera, y ejemplificó con los hechos acaecidos en Argentina y los posibles traslados de uruguayos a ese país, la desaparición de la nieta del poeta argentino, Juan Gelman, después aparecida, y el caso de su nuera. También sostuvo que el comandante en jefe Carlos Daners, «ahora sabe a ciencia cierta que es el comandante de un ejército que cometió las peores atrocidades de la historia del Uruguay».

-¿Cuál es su opinión sobre el informe final de la Comisión para la Paz a través del cual se informa que 24 personas desaparecidas durante la pasada dictadura fueron enterradas en dependencias militares y que posteriormente, a fines de 1984, fueron desenterradas, cremadas, y sus cenizas arrojadas al mar?

-El informe es un paso importante, pone en evidencia lo que hasta ahora el Estado había aceptado, es decir que las Fuerzas Armadas del Uruguay durante la dictadura hicieron desaparecer personas, cometieron asesinatos, crímenes de lesa humanidad y torturas de todo tipo. Por tanto, eso es un paso muy importante. En segundo lugar, explicita la forma en la cual pueden haber terminado los restos de las víctimas, pero no ratifica que eso esté corroborado. Por lo que deja notoriamente un camino para una investigación mucho más minuciosa sobre lo que ocurrió con los restos.

En definitiva, uno llega a que el primer paso es que esos cuerpos estarían en unidades militares y que quizás luego hayan sido removidos.

-Sobre ese punto el integrante de la Comisión para la Paz y asesor presidencial, Carlos Ramela fue claro al señalar que la Comisión transmitía la versión que recogió de parte de fuentes militares, pero que no hacía suya esa conclusión.

-La palabra la tienen los propios militares. El comandante en jefe Carlos Daners ahora sabe a ciencia cierta que es el comandante de un ejército que cometió las peores atrocidades de la historia del Uruguay y que las personas desaparecidas murieron, fueron asesinadas a manos de un subalterno estando indefensas en unidades militares.

Las víctimas debieron tener un trato humano, un juicio justo, cosa que no tuvieron. Por tanto, los militares tienen la palabra para transmitir todos los detalles que faltan sobre estos casos, debe investigarse más sobre los restos y a la vez ahondar en todo el capítulo que falta y que es el de las personas que murieron también a manos de las torturas de las fuerzas armadas.

También como es obvio, nos sólo el Estado uruguayo sino los propios comandantes de cada arma deberán repudiar estos hechos y después pedirle perdón a las víctimas, porque si no estaríamos teniendo que los propios comandantes justifican los hechos del pasado cuando eso fue un horror.

El informe de la Comisión es un paso importante, clarifica los horrores que se cometieron por parte de las Fuerzas Armadas, pero naturalmente les toca a ellas condenar los hechos, pedirles perdón a las víctimas.

-¿Usted considera que en ese aspecto la Comisión cumplió su trabajo al cuestionar a las autoridades de la época por la violación a los derechos humanos?

-Repito que es un paso, pero tiene que haber otros pasos que permitan darle a este país la verdad y luego tiene que haber hechos de justicia que terminen dándole un golpe mortal a la impunidad construida y alimentada, desde la salida a la democracia, por el ex presidente de la República Julio María Sanguinetti.

-Coincide entonces con la opinión de la organización Familiares de Detenidos Desaparecidos que se refiere a que esto no es el punto final sino un acercamiento a la verdad?

-Punto final no puede ser en la medida que hay varios capítulos que quedan fuera de esto, como por ejemplo los hechos acaecidos en Argentina y los posibles traslados de uruguayos a ese país y todo el asunto de la nieta desaparecida y reaparecida del poeta argentino Juan Gelman y el caso de la nuera desaparecida. Esto para poner dos casos públicos en lo que es la búsqueda a la verdad.

Pero probablemente también queda para siempre que el Estado uruguayo y las Fuerzas Armadas repudien los hechos y el horror que cometieron para luego pedirle perdón a las víctimas, porque lo que ocurrió en Argentina todavía no pasó en Uruguay.

-¿Cuál puede ser el camino para esclarecer estos aspectos pendientes, cuando la Comisión ya aseguró que su trabajo llegó al final con la difusión del informe?

-Eso habrá que evaluarlo, en esto hay que ir paso a paso. Ahora hay que evaluar el informe en su totalidad pensando en cada uno de los aspectos comentándolo con los familiares, y a partir de ahí ver cuáles son los caminos para continuar. Por supuesto, el primero de todos es evitar que se vuelva a cometer la impunidad ya sea por una ley o decreto y que se amplíen las potestades de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado que tanto mal le ha hecho al país.

-En ese sentido, el diputado Daniel García Pintos (Fuerza Nueva Colorada) presentó tiempo atrás, ante la Cámara de Representantes, un proyecto de ley interpretativo de la Ley de Caducidad para amparar a civiles y el Poder Ejecutivo también manejó es posibilidad. ¿Qué efectos puede tener esto?

-Lo que sucede es que quieren tapar el sol con las manos, porque el ex canciller durante la dictadura, Juan Carlos Blanco, es un delincuente y no lo dice el senador Michelini sino la Justicia.

Tiene que estar preso, porque todo lo que implica generar impunidad termina por confundir a una sociedad y cuáles son los valores por los que nos tenemos que llevar y construir el país y cuáles son las conductas que delinquen y destruyen nuestra propia identidad.

Por tanto, todo lo que sea ampliar la Ley de Caducidad va en contra de ciudadanos libres pero responsables, donde cada uno puede cometer los horrores más grandes que a ciertos sectores e individuos nunca les llega el peso de la ley.

-¿Qué opinión le merece la posición de la Asociación de Familiares referida a que si los cuerpos de detenidos fueron desenterrados de dependencias militares, cremados y arrojados al mar en el año 1984, entonces debió haber implicancias políticas debido a los contactos que estaban realizándose en esa época en procura de lograr el retorno a la democracia?

-En primera instancia no está confirmado que esos hechos hayan ocurrido de esa manera, de que todos los restos hayan sido removidos. En realidad, no hay una sola prueba de que por lo menos en algún caso hayan sido removidos y las informaciones que tenemos son muchas, muy certeras y confirman ésta teoría.

Creo que blancos y colorados consagraron la impunidad en el año 1989 y eso le ha hecho muy mal al país, y no deberían estar pensando en ampliarla la Ley de Caducidad en estas circunstancias.

Además, naturalmente, si hubiera habido implicancias de ciertos sectores para promover la impunidad en el año 1984, permitiendo que removieran aquellos restos, notoriamente esos sectores si lo hubieran hecho además nos hubieran mentido a todos, porque en ese momento se estaba tratando de sacar el p
aís hacia la democracia.

Nunca se habló de consagrar la impunidad de los violadores de los derechos humanos. Es más, cuando se discutió la propia Ley de Caducidad, en los anales parlamentarios, en su análisis ciertos casos como el de niños desaparecidos, puesto a texto expreso en la ley, quedaban fuera de la propia impunidad.

-El ministro de Defensa Nacional, Yamandú Fau, expresó que su secretaría de Estado realizará un análisis jurídico de lo que puede acarrear el informe de la Comisión.

-Están en todo su derecho de hacerlo, el país es libre. Pero los militares y el Ministerio de Defensa deberían comprender que en la lucha contra la impunidad, y no a favor de ella, ya es hora de reconocer los horrores que cometieron, los repudien y pidan perdón a las víctimas en lugar de estar tratando de tapar el sol con las manos y gastar su energía en procura de que no se sepa lo que ya todos sabemos: que aplicaron torturas y vejámenes a personas indefensas, las que murieron en unidades militares y que luego hicieron desaparecer sus restos. *