Legisladores: apoyo a Comisión para la Paz y cautela ante reclamo de Familiares

Sin embargo, para el diputado Washington Abdala (Foro Batllista) «no hay chances de llevar adelante ningún tipo de investigación y me parece que los episodios jurídicos y políticos clausuraron esta historia».

Indicó que «con estas conclusiones se ‘colofonó’ un estado del alma y por ahí fue por donde el Presidente de la República arrancó en este tema».

«El informe de la Comisión para la Paz arrojó luces sobre un montón de situaciones que eran toda una interrogante para mucha gente, tiene que ser algo bienvenido», indicó.

Para el legislador «tiene que haber una perspectiva positiva y en mi visión no cabe otro ángulo y es realmente una cosa muy buena que se haya podido construir esta información».

A su entender, «la Ley de Caducidad ha sido muy clara, soy de la teoría de que está todo legislado allí y que el país se expidió en una oportunidad en materia pública por vía de la convocatoria ciudadana, eso y el espíritu de la ley para mí son concluyentes».

«Daño a Sanguinetti»

Al preguntársele sobre las críticas de los Familiares a la actuación que le cupo al gobierno de Julio María Sanguinetti, señaló que «naturalmente no las comparto porque son administraciones distintas que contaron con elementos informativos distintos».

«Habría que pensar por qué razón la administración Sanguinetti en algunos momentos no pudo alcanzar algunas informaciones, y eso es evidente que ahí hubo gente que tuvo una actitud muy empecinada contra el Poder Ejecutivo de la época. La gente que en algún momento no brindó la información que después se fue obteniendo demuestra claramente que tenía una actitud, por lo menos, de confrontación con el Poder Ejecutivo», puntualizó Abdala.

Expuso como ejemplo, «el episodio evidente del caso Gelman, en donde allí la administración Sanguinetti no contaba con esa información, o sea que no hubo ningún obstruccionismo de ninguna naturaleza y en realidad los que la tenían no la brindaron ni la suministraron claramente con la intención de hacer daño al Poder Ejecutivo de ese momento».

Etapa judicial

Para el líder de Alianza Nacional Jorge Larrañaga «el trabajo de la Comisión para la Paz cierra un trabajo realmente importante que se dio en materia de Desaparecidos que incluso fue apreciado por los Familiares».

«Eso es un elemento que no debe perderse de vista», manifestó.

No obstante, estimó que «seguramente para la terminación de este tema con respecto a la declaración de ausencia, deberá ser analizada por la Justicia al amparo de la normativa jurídica pertinente».

Una respuesta

En tanto, desde el Herrerismo, el diputado Ricardo Berois dijo entender el reclamo de los Familiares de Desaparecidos de reclamar una investigación judicial.

«A los familiares yo los entiendo, me pongo en la piel de ellos y están en la libertad de hacer lo que les parezca que corresponda y no voy a interferir sobre las acciones que ellos constitucionalmente puedan tomar», indicó el parlamentario.

Puntualizó que «esto es una demostración de que el Estado le da una respuesta y me parece que en ese aspecto, no quiero decir que acá se haya terminado, pero por lo menos hoy están teniendo una respuesta».

Berois estimó que «la libertad de acción desde el punto de vista de las acciones que pueden tener las personas afectadas, lo pueden hacer. En lo personal pienso que ha sido muy positivo esto que se ha hecho, y me gustaría conocer más en profundidad el documento».

Consideró que en materia de Derechos Humanos «se ha avanzado desde el momento en que se ha llegado a una conclusión, lo que lleva a una respuesta que lógicamente había que darle a los familiares de toda la gente que estuvo desparecida. En ese sentido, es positivo».

Estimó que debe estudiar con mayor profundidad el asunto.

«Avances importantes»

El diputado encuentrista Víctor Rossi manifestó que «la Comisión para la Paz ha permitido avances muy importantes y no sé si se hubieran logrado estos avances en caso de no existir esta Comisión, sino que algunos de estos temas estaban congelados desde hace algunos años»»

«Desde ese punto de vista fue positivo el trabajo de la Comisión, ha habido aportes, cosas nuevas, y la posibilidad incluso de incorporar a la sociedad algunos elementos que nos permitan mejor comprensión y establecer responsabilidades sobre los acontecimientos vividos», indicó.

Sin embargo, Rossi expresó que «de ningún modo la Comisión para la Paz tiene la función o la aspiración de sus integrantes de dar la última palabra y de que a partir de ahí todo se considere liquidado».

«Lo que he visto es que la Comisión para la Paz propone una forma de tratamiento en el tema de los desaparecidos para resolver algunas cuestiones civiles que han generado trámites que no pueden manejarse, y que no pueden avanzar en función de que no está prevista la figura del desaparecido», evaluó.

Para Rossi, «de ningún modo esto implica que en otro orden queden abiertas todas aquellas investigaciones que habilite la Justicia y que no excedan lo que son las limitantes que establece la Ley de Caducidad».

Por otra parte, el senador José Mujica del Movimiento de Participación Popular prefirió no pronunciarse sobre el tema.

Para la senadora comunista, Marina Arismendi, el principal mérito del informe de la Comisión para la Paz es el reconocimiento oficial de que en el país se torturó, se mató y se practicó la desaparición forzosa de los detenidos, cuando en el pasado reciente se negó el hecho. La admisión de la existencia del terrorismo de Estado, añadió, deja en evidencia que se trató de una dictadura fascista y no de la respuesta a una guerrilla, que por otro lado ya no existía cuando se dio el golpe de Estado.

En cuanto al probable destino de los desaparecidos, su cremación y posterior arrojo al mar, Arismendi precisó que ese acto, realizado a fines de 1984, no pudo realizarse sin el conocimiento de alguno de los actores que participaban en la negociación de la transición. Por tanto, indicó, ese episodio debe ser investigado, al igual que la verdad sobre el paradero de los restos de los desaparecidos, si esa especie mencionada por la Comisión no demuestra ser fiel. Por su parte, el senador socialista José Korzeniak resaltó el trabajo de la Comisión, afirmando que realizó una «muy buena labor». Tarea, añadió, que no hubiera sido posible sin el influjo de un comportamiento ejemplar de los Familiares de Detenidos Desaparecidos. La principal consecuencia del informe, sostuvo Korzeniak, es quebrar con la actitud hipócrita de negar la existencia de torturados, muertos y desaparecidos, en la pasada dictadura, como se ha hechos hasta el presente. Finalmente señaló que lo presentado por la Comisión se cuida muy bien de aseverar que los detenidos desaparecidos están muertos y plantea la figura de la «ausencia».

Korzeniak predijo que Familiares continuará la investigación, hasta saber el destino de sus cuerpos. *