Hoy es la apelación de Fasano en el juicio contra el coronel Baudean

El coronel Baudean a quien LA REPUBLICA sindicara como uno de los oficiales comprometidos con los apremios físicos de los prisioneros de la dictadura militar fue condenado por difamación, pero a solicitud del fiscal Carlos García Altolaguirre (actualmente en prisión tras ser procesado por coimas y utilización indebida de información reservada) quien pidió el perdón judicial del militar por «falta de peligrosidad», el juez Timbal le otorgó el perdón, provocando la inmediata apelación de Fasano.

La audiencia de apelación será dirigida por los tres ministros del Tribunal, la doctora Milka Núñez, el doctor Eduardo Lombardi y el doctor Jorge Ruibal Pino. En sustitución provisoria del procesado fiscal García Altolaguirre actuará la fiscal Mónica Ferrero.

La actuación del fiscal García Altolaguirre

El fiscal García Altolaguirre de acuerdo a la Ley de Prensa actúa en representación del demandante, en este caso el doctor Federico Fasano Mertens quien demandara penalmente al coronel Baudean a raíz de haberle imputado, el militar al periodista, delitos cometidos durante su exilio en México.

Pese a que el fiscal García Altolaguirre era parte, debiendo, hasta el momento de que acusara o no, «representar» en cierto sentido al demandante Federico Fasano, actuó de manera opuesta a su rol procurando en todo momento exonerar al difamador. Primero pidió el archivo del expediente sin siquiera darle trámite. Cuando el Tribunal de Apelaciones revocó el archivo y lo obligó a actuar en el caso, y ante las pruebas contundentes de la difamación emitió un dictamen pidiendo el perdón judicial para el difamador basado «en su falta de peligrosidad», por lo que estaría permitido difamar a todo ser manso, más allá de la perplejidad que provoca la mansedumbre del coronel Baudean, hombre de primera línea de la tenebrosa OCOA. No contento con pedir el perdón judicial, pidió además la extinción del delito para Baudean alegando que Fasano lo había difamado anteriormente al publicar su foto y nombre en LA REPUBLICA en nota que daba cuenta de su pasado golpista y represor.

El fiscal García Altolaguirre, en su dictamen pidiendo la extinción del delito de Baudean, se salteó todo el Código Penal y la Ley de Prensa que afirma que el responsable penal de una información es el redactor responsable del medio o en su defecto el autor de la noticia. El doctor Federico Fasano no es ni el redactor responsable de LA REPUBLICA, que sí lo es su hermano Carlos Fasano, ni el autor de la noticia que sí lo es el periodista Gabriel Mazzarovich. Si el coronel Baudean hubiera acusado de un delito a Gabriel Mazzarovich o a Carlos Fasano, no a Federico Fasano, el fiscal García Altolaguirre podría haber aventurado el argumento de las injurias mutuas. Pero en este caso Baudean acusó de un delito inexistente y por lo tanto difamó, a quien ni fue el autor de la nota ni el redactor responsable, único cargo al que la ley asigna responsabilidad penal. Más allá de que primero habría que probar que lo que informó LA REPUBLICA o Mazzarovich fuera una difamación, ya que todo lo que se dijo en esta nota, es verdad de principio a fin.

Federico Fasano concedió a Baudean la posibilidad de probar sus acusaciones contra su persona (exceptio veritatis) y el coronel la única prueba que aportó es un comentario que le habría hecho hace muchos años su «amigo de toda la vida», el periodista Eduardo Navia, quien fuera secretario de Prensa de la primera Presidencia de Sanguinetti.

Interrogado por la prensa Eduardo Navia, «el amigo de toda la vida» de Baudean dijo claramente: «Todo es una mentira, jamás le dije al coronel Baudean ni a nadie que Fasano se había quedado con dinero de los exiliados, entre otras cosas porque ignoraba las actividades de Fasano en México y ni siquiera nadie me comentó o sugirió que Fasano hubiera hecho eso en México y por otra parte no sé quién es Baudean; puedo haberlo visto alguna vez ya que vi a muchas personas como funcionario de Prensa del gobierno del doctor Sanguinetti pero no me acuerdo de él».

Ante la contundencia de los importantes testigos de dirigentes uruguayos en el exilio mexicano que aportó Fasano y el derrumbe de la única prueba que aportó Baudean, el fiscal García Altolaguirre no tuvo más remedio que reconocer que se había producido el delito de difamación, solicitando acto seguido el perdón judicial para el difamador, la extinción de la pena y para colmo la extinción del delito. El juez Timbal siguió en totum el criterio del fiscal García Altolaguirre, e incluso se negó a que el fallo donde consta la existencia de la difamación fuera difundido por el medio donde el coronel Baudean concretó su delito. *