Batlle se juega a que informe de Comisión para la Paz ponga punto final al tema

Ley de Caducidad: gobierno aclaró  que "nunca" pensó ampliar alcance

Las declaraciones públicas del ministro de Defensa, Yamandú Fau, de ayer al mediodía confirmando la noticia, dejaron en evidencia además, diferencias en la interna del Partido Colorado.

El jueves, el vicepresidente Luis Hierro (Foro Batllista), aseguró que el gobierno analizaba alternativas para evitar que los civiles fueran procesados por la Justicia, en alusión a las consecuencias del procesamiento del ex canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco.

Sin embargo, fuentes cercanas al presidente Jorge Batlle, aseguraron ayer que el gobierno nunca pensó en implementar una medida legislativa que aclarara el alcance de la Ley de Caducidad.

En el gobierno se consideró que la decisión de la Justicia de confirmar el procesamiento de Blanco, «no fue nada afortunada».

No obstante, el hecho no llevó a implementar alguna «medida concreta» por el caso. El presidente Batlle hace hincapié en el resultado final del trabajo de la Comisión para la Paz, que mañana entregará su informe al mandatario y al ministro de Educación y Cultura, Leonardo Guzmán.

«El tema es qué aconsejan en referencia a la desaparición forzada de personas», dijo la fuente, y si la Comisión declara muertos a los desaparecidos. Es en este aspecto en el que el gobierno buscaría generar el ámbito necesario para que la defensa de Blanco (procesado por la desaparición de Elena Quinteros) pueda apelar la decisión de la Justicia.

Además, el gobierno pondría énfasis en que la Comisión para la Paz cumple con lo establecido en el artículo 4º de la Ley de Caducidad, referido a la investigación del paradero de los desaparecidos durante la dictadura.

Preguntas

El alcance del trabajo de la Comisión para la Paz fue analizado ayer por el presidente Batlle con oficiales que participaron de una clase brindada en el Instituto Militar de Estudios Superiores. Allí los oficiales realizaron varias consultas al mandatario sobre este tema, según supo LA REPUBLICA.

A la salida de esa reunión, el ministro Fau informó de la postura del gobierno sobre la posibilidad de interpretar legislativamente la Ley de Caducidad: «No estamos manejando un proyecto de ley, no hemos constituido espacios para analizar esa solución, y por tanto lo del proyecto de ley forma parte más de la preocupaciones periodísticas, que lo que tenga que ver con las acciones del gobierno propiamente dicho».

Fau afirmó que todo lo referido a la dictadura está «legalmente laudado. Acá no se trata de analizar situaciones, ni responsables, se trata de asumir que una parte de la historia del Uruguay en la que estuvieron dos sectores, se los amnistió o se les caducó la pretensión del Estado de poder seguir penalmente. No hubo decisiones de carácter personal, no se amnistió a fulano o a mengano, se amnistiaron aquellos delitos que se pudieron haber cometido de un lado y de otro. Caducó la pretensión punitiva del Estado, sobre eso el Estado no va a actuar, y no distingue si eran civiles o militares, es irrelevante si eran uniformados o no, lo que importa que el Estado no puede continuar con esa pretensión de seguir penalmente determinadas causas», explicó Fau.

El ministro admitió que hay una «preocupación legítima» de parte de los uniformados por el tema, que se ha canalizado a través de las «vías normales del mando».

En tanto, Luz Ibarburu, de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, dijo en el programa Primera Voz de 1410 AM LIBRE que conduce Sonia Breccia, había anunciado ayer que de concretarse la iniciativa del gobierno de una nueva ley, se plantearía un referéndum para derogar esa norma.

En cuanto a la posibilidad de que la Comisión para la Paz declare muertos a los desaparecidos, Ibarburu dijo que «la muerte se comprueba y es el poder judicial en todo caso el que la comprueba». *

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