Habrá referéndum por Ancap

Tras superar la penúltima etapa de la verificación de adhesiones para convocar un referéndum sobre la ley de asociación de Ancap, el número de firmas validadas permite asegurar que habrá consulta popular, dijo a LA REPUBLICA Carlos Coitiño, integrante de la Comisión de Defensa de Ancap (CDA).

Del proceso de cotejo de las papeletas con el padrón electoral (paso al que llegaron 648.309 firmas y faltan estudiar alrededor de 27 mil) resultaron válidas 624.254 adhesiones. El porcentaje de descarte en la última fase (comparación con la huella dactilar) es, hasta el momento, del 2%, previéndose entonces que de las 624.254 salvarán todos los controles cerca de 612 mil firmas. Para habilitar el recurso de referéndum son necesarias 607.300.

La campaña contra la ley que permite la asociación de Ancap con privados, fue lanzada el 19 de febrero de 2002, en el mismo momento que se entregaron las firmas para impedir la venta de Ancel y la reforma de la Carta Orgánica de Antel. Sin embargo, operativamente, la recolección de adhesiones se inició en marzo.

Para la defensa del ente de los combustibles se constituyó la CDA, con la participación de la Federación Ancap (Fancap), el PIT-CNT, Fucvam y el EP-FA. Con un comienzo lento en recoger las firmas, hacia fines del pasado año se incrementó a tal grado el ritmo, que se juntaron cerca de 7 mil por día, en los últimos 45 días de 2002.

En el transcurso de la campaña, señaló Coitiño, se cambiaron las reglas de juego de la recolección. La Corte Electoral dictó una norma, en agosto del año pasado, a seis meses de iniciada la tarea, por la cual resultarían anuladas todas las papeletas que fueran llenadas con dos tintas distintas, que contuvieran enmendaduras o tachaduras.

Esta disposición, más el hecho de que no se dieran de baja del padrón a los fallecidos (aunque sí se anulaba la firma en caso que en el momento de presentarlas el firmante hubiese muerto) motivaron duros cuestionamientos a la Corte, planteando, incluso, la CDA, la posibilidad de convocar a veedores internacionales para el seguimiento del control de las papeletas.

Coitiño afirmó que «la lucha continúa» ahora para asegurar que la corporación convoque en tiempo y forma el referéndum, y no haga como en el caso de Antel, que esperó, dilatando los plazos, a que el tema se resolviera en el Parlamento, mediante la derogación de los artículos 612 y 613 de la ley presupuestal. El miembro de la CDA aseguró que la Corte tiene las condiciones para fijar ya, la fecha de la consulta popular, «dado que las firmas están, contrariamente a lo que ciertos grupos colorados pintaron en los muros de Montevideo». *