Elaboran ley de iniciativa popular para las próximas elecciones

Las principales organizaciones sociales del país, incluyendo las emergentes por la crisis como la Coordinadora Nacional de Deudores, culminan hoy en la sede de Fucvam, una discusión sobre los contenidos de una Ley de iniciativa popular (este mecanismo permite que un grupo de ciudadanos presente un proyecto al Parlamento, para que éste resuelva en los plazos constitucionales).

El PIT-CNT, FEUU, Fucvam, la Onajpu y varias organizaciones de productores rurales, comenzaron hace dos años a elaborar los contenidos de una ley de iniciativa popular. En el transcurso del trabajo, los empresarios del campo se agruparon en el Movimiento Agropecuaria del Uruguay (Madur), desgajándose de la Federación Rural. El presidente de este agrupamiento es el dirigente del agro Severino Pereira y el secretario Aramir Silva.

También se incorporaron a las tareas de definición de la Ley las distintas comisiones de Defensa del Patrimonio, vinculadas a la recolección de firmas para habilitar referéndum por Antel, Ancap, AFE y los impulsores de la reforma constitucional que impida la privatización del agua y los recursos hídricos subterráneos.

Es intención de estas organizaciones elaborar un programa que unifique las plataformas de los distintos sectores y las acciones de las mismas. Incluso, la intención es que los puntos de la Ley de iniciativa sirvan para exigir definiciones en el próximo período electoral.

El texto a aprobar hoy en las primeras horas de la tarde, dice que la propuesta «debe articular diferentes intereses de un amplio espectro social y político cuyo punto de convergencia es la generación de condiciones para un desarrollo nacional que permita al mismo tiempo el crecimiento económico y la distribución del ingreso sustentando en una expansión también ella simultánea del mercado interno y externo».

Cinco capítulos dan cuerpo al documento: «Tierra y Empresas Públicas, producción nacional, defensa del empleo y del ingreso familiar, políticas sociales y funcionamiento del sistema financiero».

Sobre el primero dice que «la tierra y el agua deben ser un patrimonio nacional y no signifiquen un factor de especulación económica».

Más adelante propone la prohibición de la tenencia de tierras a extranjeros y «para que ello sea viable al mismo tiempo la prohibición de la tenencia bajo forma de acciones de sociedades anónimas. Límite superior a la tenencia de tierras (a definir las hectáreas a plantear)». Asimismo establece condicionantes para posibles asociaciones de las empresas estatales con capital privado, entre ellas, mayoría del capital accionario y del directorio en manos del Estado y «conformación de los directorios de los entes (incluido ANEP) con trabajadores y usuarios».

En cuanto a la producción nacional, las organizaciones sociales reunidas plantean orientar la ley hacia la protección a la industria nacional «en especial en el sector alimentario tendiendo a la autosuficiencia en materia alimentaria».

Luego propone generar políticas activas de empleo de carácter obligatorio; en el tema social se pronuncia por «colocar a las políticas sociales en igualdad de jerarquía de la política económica y no subordinada a sus recursos financieros». Por último y en relación al sistema financiero y los problemas derivados de su crisis, como el de los deudores, establece condiciones a la suspensión de ejecuciones, entre otras, analizar el origen temporal de la deuda, el uso del crédito, en caso de una empresa la verificación de su uso para el giro productivo, monto de la deuda, condiciones de la familia en relación al bien ejecutado, por ejemplo si se trata de vivienda única o no. *