El Cicad reclamó a Uruguay un mayor control para prevenir lavado de dinero

La Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas (Cicad), reclamó al gobierno uruguayo que amplíe la cobertura de los controles administrativos para prevenir el lavado de actos, en especial las actividades de los casinos, inmobiliarias y profesiones «liberales».

En un informe final de evaluación del progreso de control de drogas en Uruguay, el organismo dependiente de la OEA, destaca el trabajo de las autoridades nacionales para establecer los procedimientos administrativos necesarios para prevenir el lavado de activos.

Sin embargo, se sostiene en el informe que existen «debilidades con relación a la normativa que regula la prevención del lavado de activos, al no abarcar las áreas de casinos de juego, inmobiliarias y profesiones liberales (abogados, notarios y contadores), ni movimiento de dinero en efectivo o títulos de valores a través de fronteras».

Por tal razón, recomienda «ampliar la cobertura de los controles administrativos para prevenir el lavado de activos, especialmente en el caso de los casinos».

Según el informe de la Cicad, las autoridades uruguayas señalaron que el país, en los últimos tres años, «no ha detenido, procesado ni condenado a persona alguna por delitos de lavado de activos. Asimismo indica que en el período de tres años sólo ha recibido tres reportes de operaciones sospechosas y que no han iniciado procesos penales a partir de esos reportes».

Se informa además que en el año 2001 Estados Unidos hizo «tres solicitudes para embargos preventivos en casos de lavado de activos las cuales fueron concedidas».

Además, según la información recibida, denota el intercambio de documentos y registros financieros sobre lavado de activos con Argentina, Australia, Brasil, Chile, Estados Unidos y Perú.

En las conclusiones del informe, la Cicad reconoce «el esfuerzo que Uruguay ha tenido en el ámbito de la reducción de la demanda, en los avances para brindar capacitación profesional tanto a nivel de pregrado en las universidades, como de posgrado de especialización».

Asimismo se resalta el hecho de que el país esté tomando en consideración la evaluación de proceso en algunos de sus programas de prevención.

Empero, observa «con preocupación» que la «debilidad en los mecanismos de control en el área de sustancias químicas controladas y productos farmacéuticos, reflejada en la carencia de sistemas, redes de información de comunicación y programa de intercambio de información, podría ser aprovechada por las organizaciones delictivas internacionales. Consideramos de suma importancia la aprobación de reglamentos y sanciones que fortalezcan los mecanismos de control y regulación en esta materia».

En el informe se reiteran algunas recomendaciones realizadas en el informe de 2001. Por ejemplo, la de ratificar la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y los Protocolos para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, y contra el Tráfico Ilícitos de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, y suscribir y ratificar el Protocolo contra la Fabricación y Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones.

Se solicita incrementar los esfuerzos orientados a la evaluación de resultados de programas en el ámbito de reducción de la demanda de drogas, y fortalecer el mecanismo que permita la coordinación interinstitucional orientado al control de productos farmacéuticos y sustancias químicas controladas dotándolo de los recursos materiales y humanos para este fin. *