Interpretación impulsada por el gobierno de la Ley de Caducidad no tiene apoyo político

El gobierno tiene la intención de plantear una ley interpretativa de la Ley de Caducidad, para evitar que los civiles que estuvieron vinculados a la dictadura sean juzgados y encarcelados como sucedió con el ex canciller Juan Carlos Blanco. Desde el Encuentro Progresista y el Partido Nacional se ve con reparos esta idea. Tal como sucedió cuando el año pasado se encarceló a Blanco, desde el gobierno se volvió a hablar de la posibilidad de que se registren «enfrentamientos» en la sociedad por la última dictadura militar, y por tal razón se propone una nueva ley.

Según informó ayer el semanario Búsqueda, el gobierno pretende implementar una ley interpretativa de la Ley de Caducidad, tomando como base un proyecto de ley del diputado quincista Daniel García Pintos. El texto propone extender la amnistía a los «civiles que hubieren participado a cualquier título» en delitos ocurridos durante la dictadura. «Hay un espíritu de justicia, si cerramos un capítulo para un lado, lo tenemos que cerrar para otro (…) Por qué ahora se va a empezar con los civiles de un lado y no con los civiles de otro», manifestó ayer el vicepresidente Luis Hierro. «El espíritu de la Ley de Caducidad es de conciliación, de abarcar todos los casos, de dar vuelta la página, de no revisar, y de no permitir que por la vía de la interpretación de la justicia se vaya desmoronando todo el esfuerzo que el país hizo en los últimos 20 años. Claramente el espíritu de la ley, es lo que el país debe mantener y rescatar, procurando evitar las revisiones que fatalmente después llevan a enfrentamientos».

Agregó que se está pensando en el futuro de la situación: «si se anuncia que seguirán las investigaciones, las acusaciones, se puede llegar un clima inconveniente en el país». Hierro, indicó que Batlle realizará consultas políticas sobre el tema. Pero desde otros partidos, no se ve bien la iniciativa del Partido Colorado. La diputada Margarita Percovich (vertiente Artiguista) y presidenta de la Comisión de Constitución y Códigos de la rama baja parlamentaria sostuvo que el proyecto de ley de García Pintos es «totalmente desfasado en el tiempo que hace retrotraer a un progreso que ha tenido la sociedad uruguaya en su reflexión y afirmación en lo que es el cumplimiento de los derechos humanos, la aplicación de la justicia».

Consideró que también es un retraso con respecto al avance que el propio gobierno ha tenido en el asunto ya que «ha venido ratificando varias convenciones de derechos humanos que el gobierno debía ratificar desde la época de la dictadura, y especialmente la Corte Penal Internacional». «Además, el Poder Ejecutivo ha remitido al Senado un proyecto de ley que hace ley nacional mucho de los delitos de lesa humanidad que estaban faltando y que están tipificados en el estatuto de Roma, como por ejemplo la desaparición forzada», resaltó la legisladora.

Según Percovich, la iniciativa de García Pintos que pretende «dejar congelado en el tiempo y con retroactividad algunos delitos cometidos, y que la Justicia tiene derecho a ir investigando a medida en que se van conociendo, es un error muy grande».

Por su parte, el diputado Gustavo Penadés (Herrerismo) si bien sostuvo que el Partido Nacional no ha tomado una posición oficial al respecto, de todas maneras señaló que Uruguay «ya laudó política y legalmente la salida a la dictadura».

Recordó que el Pacto del Club Naval en el que «por acción u omisión debe de haberse analizado el tema de las violaciones de los derechos humanos en Uruguay.

Además, hubo una amnistía a todos los presos condenados por acciones de terrorismo durante gobiernos democráticos entre los cuales hay ladrones y homicidas.

También hubo una Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado «en la cual se estableció claramente cuál era la voluntad del pueblo uruguayo.

Para Penadés hablar de «una nueva Ley de punto final se refiere a que se vuelvan a abrir heridas que han estado definitivamente cerradas y cicatrizadas». *