Personalidades reclaman al gobierno no prestarse a "maniobras anticubanas"

La carta fue suscrita además por el actor Ruben Yáñez, el presidente honorario del PIT-CNT José D’Elía, el ex diputado Víctor Vaillant, el vicepresidente del Frente Amplio, Jorge Brovetto, el intendente de Montevideo Mariano Arana, el cantautor Numa Moraes y el diputado Raúl Sendic, entre otros.

El gobierno uruguayo se mostró dispuesto a copatrocinar una nueva condena a Cuba, por la supuesta violación de los derechos humanos.

El viernes pasado, el delegado uruguayo en Ginebra promovió junto a Costa Rica, una moción presentada por Perú, por la cual solicita al gobierno de Cuba la instalación en la isla de un miembro del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. La instalación de un representante de esas características ha sido rechazada siempre por los cubanos, que sostienen que en su país no se violan esos derechos y que, además, de aceptar su presencia, se equipararía su nación a países como Haití. El siguiente es el texto de la carta:

 

«Montevideo, 20 de marzo de 2003

 

Al Sr. Presidente de la República

Dr. Jorge Batlle Ibáñez

 

Al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores

Didier Opertti.

 

Al Parlamento Uruguayo

 

Las organizaciones y personas abajo firmantes, creen impostergable la recuperación de la dignidad nacional, emergente de un verdadero respeto a nuestra soberanía popular, significada por el restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas de nuestro país con la hermana República de Cuba, a cuyo pueblo nuestro país le reconoció (y le debe seguir reconociendo) el derecho a darse la forma de gobierno que, en el ejercicio de su soberanía, ese pueblo se ha dado para la construcción de su vida, su calidad humana y su solidaridad internacional.

Vivimos una época de crecientes y abismales transgresiones a la racionalidad democrática. En ella, desde los gobiernos de grandes potencias económicas y militares que asumen (de espaldas a la voluntad de la humanidad e incluso a la voluntad de sus propios pueblos), la función de jueces y gendarmes capaces de llevar la guerra a cualquier lugar del mundo, ignorando toda organización y legalidad internacional, llegamos hasta los gobiernos de países puestos en función de dramática dependencia económica para sus pueblos, que cumplen tristes mandos en esa organicidad internacional hoy salvajemente ignorada, que ponen en excluyente y sofística contradicción y exclusión, a los llamados «problemas de Estado», en relación con la soberanía popular democrática que serían el fundamento de su legitimidad.

En este plano últimamente mencionado, el pueblo uruguayo, por encima de consideraciones reductivamente partidarias, desde principios de la década de los sesenta, había masivamente consolidado su respeto por:

a. La vocación de autonomía de un pueblo, ubicado a 90 millas de la mayor potencia económica y militar del mundo, alentado por la permanente vocación independentista de un José Martí (que tuvo la disponibilidad generosa de ser, además, representante diplomático de nuestra patria), en confluencia con la incorruptible vocación artiguista de dignidad soberana, que se consolidaba con la derrota de la dictadura batistiana y la instalación de la Revolución Cubana.

b. El respeto que la conducta de ese pueblo levantó en la consideración del nuestro, trabando la autonomía de su conducción soberana, con las humanizadoras realizaciones de su inmensa obra alfabetizadora, su ejemplar extensión educativa media y superior, su puesta a la cabeza del mundo de sus bajos índices de mortalidad infantil y de sus investigaciones científicas al servicio de la vida humana, ofrecidos siempre a la humanidad que quisiera usufructuarlas.

c. La solidaridad internacional desarrollada por ese pueblo, tanto en el plano de la lucha «por la segunda y definitiva independencia de los pueblos latinoamericanos», en el campo de su convicción y su conciencia, como en el ámbito de recibir becarios universitarios de las más diversas especialidades, como también su solidaridad en los campos de la ciencia, la cultura, el deporte y la salud pública, tan obvios como inocultables en el caso de su generosa contribución a nuestra lucha contra la meningitis en nuestro país, más allá de la «distracción» o el «descuidismo» que un gobierno, ya culposo, trató de oscurecer ante los ojos de nuestra población.

Por todo esto, un cardinal «tema de Estado» que debe abordar el gobierno uruguayo, es primero, el de poner a nuestras relaciones con el pueblo y el gobierno de la patria de Martí, en la dirección ética del respeto a su voluntad soberana; y segundo: no prestarse a las maniobras anticubanas que nuevamente se preparan en la Asamblea General de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

De manera tal que permita, sobre una real unidad y soberanía de los pueblos de América Latina, la superación de la situación de hambre, desocupación, marginación, miseria, emigración, aniquilamiento de la producción, expropiación de la capitalización del país y los ahorros individuales, a los que hemos venido siendo sometidos, que son tan enemigos de la «felicidad pública» uruguaya, como de la felicidad de cualquier pueblo latinoamericano. *