El fiscal Altolaguirre fue remitido por reiterados delitos de "concusión"

El juez penal de 16º Turno Alvaro França, a pedido de la fiscal de 3er. turno Olga Carballo, procesó con prisión al fiscal Penal de 10º Turno Carlos García Altolaguirre, por la comisión de reiterados delitos de concusión especialmente agravados y por un delito continuado de utilización indebida de información privilegiada también especialmente agravado. Esto último, debido a su condición de funcionario público.

El delito tipificado de concusión (art. 156 del CP) se castiga con una pena de doce meses de prisión a seis años de penitenciaría, multa de 50 UR a 10 mil UR e inhabilitación de dos a seis años. En el caso, a su vez, se establecieron los agravantes previstos por el art. 163 BIS (utilización indebida de información) y 163 Ter. (circunstancias agravantes especiales).

La investigación continúa con la formación de una pieza presumarial tendiente a averiguar otras eventuales responsabilidades penales, por lo que trascendió se tomará declaración a varios abogados.

El Fiscal de Corte Oscar Peri Valdez había recibido, de parte de varios fiscales y en forma verbal la sospecha de una actuación presuntamente irregular en torno a la Fiscalía de 10º Turno a cargo de García Altolaguirre. Fue la fiscal Olga Carballo quien formuló una denuncia, y junto con França dispuso varias medidas reservadas policiales, entre ellas grabaciones y filmaciones. Según fuentes consultadas, la investigación al representante del Ministerio Público comenzó en setiembre del año pasado, pero hace dos meses las grabaciones y filmaciones empezaron a dar resultados concretos como prueba. Una mujer a la que pidieron dinero en reiterados pagos fue la que se ofreció para hacer la filmación y este caso fue el desencadenante de todos los demás, afirmaron las fuentes.

Las mismas fuentes informaron que el ministro del Interior Guillermo Stirling aprobó la investigación y estuvo al tanto de la misma, como también Peri Valdez, siendo el coordinador de las medidas el comisario inspector Roberto De Los Santos.

García Altolaguirre fue detenido el pasado domingo a la noche, declaró en la tarde del lunes y desde la mañana hasta media tarde de ayer, cuando fue informado de su procesamiento. El mismo lunes fue notificado de su separación del cargo y del inicio de un sumario administrativo. El fiscal es profesor en la Cátedra de Derecho Internacional, ha publicado varios libros y es considerado uno de los abogados uruguayos con mayor conocimiento sobre delitos de narcotráfico, tema por lo que ha participado en congresos en el exterior del país.

El juez França declinó hacer comentarios tras redactar los autos de procesamiento, los que tampoco brindó por no ser conocidos aún por las defensas de los procesados. Igualmente, França difundió un comunicado de prensa que sobre la investigación de actos de corrupción investigados señala que fue iniciada a instancias de integrantes del Ministerio Público hace más de seis meses, que contó con «el apoyo invalorable de funcionarios del Ministerio del Interior con moderno apoyo técnico que permitieron juntar los elementos probatorios necesarios para iniciar en el día de la fecha un proceso penal contra el titular de la Fiscalía Letrada en lo Penal de 10º Turno así como de un funcionario administrativo de la misma repartición»; que sin perjuicio de la resolución dictada la investigación continúa con la formación de pieza presumarial tendiente a averiguar otras eventuales responsabilidades penales «por lo que, la Sede se abstendrá de realizar otras consideraciones respecto de la presente causa puesto que se necesita la correspondiente reserva a fin de poder tener éxito en la investigación que, como se dijo, continúa». En el tercer y último punto del comunicado França informa de los procesamientos.

El individuo procesado con prisión por reiterados delitos de concusión es un funcionario de la Fiscalía, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, y no del Poder Judicial. Cabe recordar incluso que en el 2001 García Altolaguirre pidió el procesamiento por desacato del funcionario judicial y dirigente sindical Gustavo Signorelle, lo que fue desestimado en primera y segunda instancia.

«Dolor, desánimo, luto»

El ministro de Educación, Leonardo Guzmán, indicó que el procesamiento de un fiscal penal, generó en la administración «dolor, desánimo, luto». Sin embargo, dijo que a la vez hay «confortación porque hemos tenido la alegría de que el sistema de Derecho han funcionado». El secretario de Estado anunció a la vez que, a partir de este caso, el Ministerio Público revisará la actuación de otras Fiscalías Penales. «Ayer (por el lunes) conversamos con el fiscal de Corte sobre la necesidad de examinar algunas actuaciones que puedan resultar dignas de revisión.

Ese examen se va a realizar por las vías correspondientes y haciendo funcionar los mecanismos pertinentes», dijo. Guzmán aclaró que la decisión oficial no significa «intervenir» en la autonomía técnica de los fiscales. Guzmán explicó cuál es el objetivo de la indagatoria: «Una movilización natural del Derecho, que es un sistema que debe regularse internamente y funcionar, y que va a funcionar por la decisión de todo el equipo de Justicia», sostuvo.

En tanto, el ministro del Interior, Guillermo Stirling, afirmó que «es alentador que haya una autodepuración, una autoinvestigación por parte del Estado. Es el fiscal de Corte que inicia una investigación frente a distintas denuncias que se le habían efectuado», recordó. Agregó que con este caso se «está consolidando un nuevo mecanismo de investigación.

Es una nueva metodología, donde ha participado el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía. Este mecanismo metodológico tiene un sistema de investigación muy particular que ha dado sus frutos: la primera experiencia fue con el caso Trigo, y esta es la segunda».

En declaraciones a Canal 4, el comisario inspector Roberto De Los Santos dijo que se llegó a esta investigación después de la aplicación de una metodología de trabajo que se basa en fases de trabajo, algunas de las que abarcan varios meses. «Todo lo que ha ocurrido es determinante y nos da una gran satisfacción haber integrado ese esfuerzo en representación de todo el personal del Ministerio del Interior que ha participado anónimamente; hay mucha gente, más de 30 personas han participado en las distintas fases de la investigación». *